Ordóñez, el gran censor y la tormenta perfecta

Un cargo que otorga enorme poder y un alto nivel de discrecionalidad a quien lo ejerce, a la cabeza de una de las peores personas imaginables para ocuparlo, lleva a este doctor en derecho a plantear la urgencia de una reforma a la Procuraduría General de la Nación.

Alejandro Ordóñez / David Campuzano

En el caso del procurador Alejandro Ordóñez se conjugan dos circunstancias muy problemáticas: un cargo que otorga mucho poder y un alto nivel de discrecionalidad a quien lo ejerce y el hecho de que su titular esté entre las peores personas imaginables para ocuparlo. Cualquiera de las dos cuestiones (cargo con mucha discrecionalidad ejercido por un funcionario razonable, cargo con menos poder ejercido por un funcionario irrazonable) podría generar un perjuicio a un sistema democrático. La combinación de ambas cuestiones —lo que ocurre hoy en Colombia— es funesta.

Como colombiano, Ordóñez está en todo su derecho de sostener y defender una cosmovisión católica y ultraconservadora de la vida pública y privada. En democracia, todos tienen derecho a tener y expresar las ideas que fuere. Pero Ordóñez es un funcionario público y, como tal, representa a todos y todas; también a quienes no comulgan con esa visión sobre el papel de la religión en la sociedad. Un Estado democrático y constitucional no puede ser rehén de un grupo particular, que sólo puede encontrar justificación si al gobernar recurre a razones públicas, que todos puedan comprender y aceptar.

Es de por sí criticable que un funcionario público intente imponer a todos los valores de algunos. Sin embargo, el caso de Ordóñez es muchísimo más serio, pues la oficina de la cual es titular es, ni más ni menos, la encargada de “vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos” y de “proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad”. Las declaraciones y acciones (ya no las convicciones) de Ordóñez se dan de patadas con la letra y el espíritu de la Constitución que él tiene directamente a su cargo defender. Que una persona que ha mostrado en innumerables ocasiones estar en contra de valores centrales como los derechos humanos (el caso de su férrea oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo es sólo un ejemplo) sea el encargado de defenderlos, sería simplemente cómico si sus acciones no tuvieran consecuencias tangibles y dramáticas para el país. En parte de ello depende la vigencia de las libertades de los colombianos.

Pero todo esto no debería eclipsar la primera circunstancia apuntada. Con independencia de quien lo ejerza en un momento determinado, el cargo de procurador es tal vez el que más poder da en Colombia. El poder de un funcionario no se mide solamente por la extensión de sus funciones (si éste fuera el único parámetro, el procurador sería débil, pues no nombra funcionarios, ni controla el Ejército, ni sanciona leyes), sino por la fuerza e importancia de las que tiene. Y ciertos aspectos centrales de la función del procurador son excesivos e injustificables en una democracia: en particular, la potestad disciplinaria que le otorgan los artículos 277 inciso 6º y 278 inciso 1º de la Constitución. Estos artículos implican lisa y llanamente otorgar carta blanca a una persona que no rinde cuentas de forma alguna ante la ciudadanía para que se saque de encima en forma sumaria a funcionarios, y en especial a aquellos elegidos por el pueblo. Si bien el texto constitucional no es claro respecto de la posibilidad de que el procurador enjuicie a funcionarios seleccionados democráticamente, esta es la manera en que ha sido interpretado, y la Corte Constitucional parece estar de acuerdo. El procurador tiene un veto sobre el sistema político colombiano, al que tiene (al menos latentemente) encerrado en un puño.

Y se trata de un poder de veto curiosamente oscuro, ejercido con peligrosa ligereza dado lo que está en juego. Mientras, por ejemplo, las decisiones de la justicia se toman luego de un proceso más o menos transparente, que intenta resguardar los derechos de las partes, y mediante razones públicas, los procesos tramitados por la procuración ponen en cabeza del mismo funcionario la actividad de acusación y juzgamiento, no garantizan el debido proceso y se basan, en la mayoría de los casos, en criterios que sólo el procurador conoce. Esto no equivale a decir que todos los exfuncionarios que han sido disciplinados por Ordóñez lo fueran injustamente, sino que el poder en sí es excesivo y se presta fácilmente a abusos, lo que se ve cuando quien lo ejerce es alguien con las características del actual procurador. La capacidad de daño de Ordóñez sería mucho más baja si no tuviera al alcance de la mano las funciones que la Constitución (o el modo en que es interpretada) le otorga.

Sin duda, un funcionario público debe sentir en todo momento que sus acciones caen bajo el escrutinio público. Así y todo, el temor que generan las acciones selectivas de Ordóñez y las posibles represalias por criticarlo no promueven necesariamente el control político sino que más bien refuerzan la endogamia del sistema político colombiano. El procurador se ha convertido así en el personaje central de la política colombiana, aquel con quien los políticos pugnan por no enemistarse, por motivos que no guardan relación alguna con la defensa de los intereses de la sociedad que todos deben promover. El procurador es hoy el reverso de la figura del gran elector, que antiguamente elegía a los candidatos para ocupar el trono de una monarquía o imperio: es el gran censor de la política colombiana.

El fin que inspira las disposiciones —reforzar la honestidad de los funcionarios— sería satisfecho de una manera mucho más adecuada con un sistema que no otorgara tanto poder a un solo funcionario y que estuviera basado en criterios objetivos y procedimientos abiertos y transparentes. Tal como está previsto, el sistema es un resabio inquisitivo más propio de estados autoritarios que apelan a la censura de opositores que de una democracia. Por esta razón es que la enorme mayoría de los sistemas democráticos no tienen hoy figuras semejantes. Si no fuera enjuiciado por la Corte Suprema, Ordóñez estará en su cargo hasta 2016, año en el cual debería elegirse un reemplazante idóneo. Pero el cargo quedará, con todas sus atribuciones. Y la forma de precaverse de la posibilidad de otro Ordóñez es modificarlo antes de que sea hora de elegir a su sucesor. Una manera positiva de analizar la situación es que era necesario que alguien como el actual procurador estuviera en funciones para advertir los riesgos del cargo. Ahora están a la vista.