“Se reconoce la urgencia de imponer límites al accionar de la Policía”: organizaciones

Manifestantes marcharon sobre la carrera Séptima para expresar su descontento con los casos de abuso policial.

Foto: Jose Vargas Esguerra

“Saludamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la importancia de la libre expresión y protege los derechos de la ciudadanía a protestar libre de la amenaza de la violencia y el abuso policial como respuesta a sus reclamos”. Con estas palabras, ocho organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión del alto tribunal que protegió el derecho a la protesta social y reconoció como sistemática, violenta y arbitraria la participación de la fuerza pública en la misma, tras las cuestionables actuaciones del Esmad en medio de las protestas del Paro Nacional de 2019.

Las agrupaciones dicen que la decisión de la Corte Suprema llega de manera oportuna, luego de las jornadas de protestas que se vivieron en Bogotá tras la muerte del abogado Javier Ordóñez, luego de ser reducido -con evidente abuso de fuerza- por miembros de la Policía Nacional. Según las organizaciones, fueron asesinados jóvenes en distintas localidades de Bogotá y Soacha, en el marco de unas manifestaciones producto de la misma violencia policial.

“Esta sentencia reconoce la urgencia de imponer límites concretos al accionar de la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios”, agregaron en un comunicado organizaciones como DH Colombia, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas, el Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y varios líderes sociales y de opinión. En diálogo con El Espectador, Alejandro Jiménez Ospina, miembro de Dejusticia, aseguró que los puntos ordenados por la alta corte obedecen a la seria necesidad de proteger los derechos humanos. “El hilo conductor de la tutela es que nosotros identificamos una serie de prácticas de la Policía y del Gobierno que afectan el derecho a la protesta y lo que hicimos fue pedirle a un juez que protegiera ese derecho fundamental”.

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Por ejemplo, Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministro de Defensa ofrecer disculpas por los excesos de la fuerza pública presentadas en las protestas del Paro Nacional 2019 y las que siguieron después de esa jornada. También, se les pidió a los miembros del Gobierno mantener neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas. “El punto no es cuál es el cuerpo de la Policía que lo hace, sino cómo lo hace. Lo que se requiere es un cambio de funcionamiento de esa fuerza, aquí nadie ha dicho que se tiene que eliminar el Esmad”, aseguró Jiménez.

Además, el abogado Jiménez estimó que al final de las manifestaciones, los mismos protestantes terminan siendo las victimas dado que todo el discurso expuesto es desintegrado por la Policía cuando “aparecen tres vándalos”. Siguiendo con las disposiciones del la Sala Civil de la alta corte, el Gobierno deberá conformar una mesa de trabajo para restructurar las directrices sobre el uso de la fuerza en las manifestaciones.

También, las autoridades deberán diseñar un protocolo de acciones “preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. “A mí me parece que esto es una señal de que la democracia colombiana funciona: un juez le está diciendo al Ejecutivo que tiene la obligación de garantizar un derecho y que no puede reprimir ese derecho”, dijo a este diario Mauricio Albarracín, miembro de la organización Dejusticia.

De acuerdo con el abogado, la policía está violando los derechos de las personas valiéndose de sus funciones y, tras la decisión de la Corte Suprema, los manifestantes tendrán más fundamentos para salir a las calles.

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Por último, la alta corte ordenó expedir un protocolo que permita la ciudadanía y a las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas. Además, determinó suspender el uso de escopetas calibre 12 en la intervención de la fuerza pública -la misma que fuera disparada contra Dilan Cruz, en el Paro Nacional de 2019-. Así mismo, el Defensor del Pueblo deberá realizar un control estricto de las actuaciones del Esmad.

Otra de las voces que se sumó, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, fue la del abogado Germán Romero, representante de víctimas en casos de ejecuciones extrajudiciales y quien apoyó la tutela. Según su concepto, “la tutela pudo demostrar como la policía nacional de manera reiterada violaba un conjunto de derechos constitucionales de quienes se manifestaban, pero, en concreto, que hacía una disolución permanente a las protestas y hacía un uso desproporcionado y recurrente de armas potencialmente letales. Es prácticamente una reforma a la policía nacional”.