Otra voz contra la prohibición

En el documento se propone hacer políticas para la reducción de la demanda de drogas antes que perseguir la oferta.

En el mundo hay entre 149 y 272 millones de consumidores de sustancias psicoactivas. Ese es el panorama después de 50 años de lucha antidrogas.
En el mundo hay entre 149 y 272 millones de consumidores de sustancias psicoactivas. Ese es el panorama después de 50 años de lucha antidrogas.

Es un asunto sobrediagnosticado y, sin embargo, el prohibicionismo propio de la política antidrogas global continúa y parece inmodificable. Con unos estimados de entre 149 y 272 millones de consumidores alrededor del mundo, con cantidad de sustancias psicoactivas existentes y otras tantas que son desarrolladas a diario, con conflictos en América Latina y Asia atizados por el narcotráfico, el panorama no es muy halagüeño después de 50 años de una política antidrogas que se ha dedicado a perseguir al narcotraficante y, tangencialmente, reducir el consumo.

Varias organizaciones se han referido a la necesidad de cambiar la política antidrogas. Incluso el presidente Juan Manuel Santos ya ha reconocido que “llegó el momento de repensar nuestras estrategias”. En un informe, conocido por El Espectador, Alfonso Aza Jácome, profesor de la Universidad de la Sabana, se suma a estas voces y con cifras justifica la necesidad del cambio en su investigación: “El régimen internacional antinarcóticos: análisis crítico de la prohibición”

Al respecto, Aza Jácome propone que “sería más eficaz que las políticas públicas sobre narcóticos incidieran especialmente sobre la demanda a través de campañas de prevención del consumo —que no requieren necesariamente un contexto de prohibición estricta— en lugar de hacerlo sobre la oferta”.

Y agrega: “Si se aplicara una política orientada a la reducción de la demanda, disminuiría la cantidad comercializada, a la vez que bajaría el precio, recortando los beneficios potenciales de los narcotraficantes”. De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, en 2008 el narcotráfico dejó ganancias por US$153 mil millones. Y, lo que es peor, dice Aza Jácome, la lucha contra el narcotráfico ha terminado beneficiando a los narcotraficantes.

“La guerra a las drogas incide negativamente en los cultivadores, pero beneficia a los narcotraficantes porque aumenta el precio de esas sustancias y hace que ese negocio sea inmensamente atractivo: en efecto, ofrece la posibilidad de conseguir grandes beneficios a cualquiera que esté dispuesto a desafiar la prohibición”, explica Aza Jácome.

De hecho, Daniel Mejía, director del Observatorio de Drogas de la Universidad de los Andes, dio a conocer, en un seminario celebrado ayer en Bogotá, que por cuenta de los golpes que le ha propinado el gobierno de Juan Manuel Santos al narcotráfico la oferta de cocaína en el mundo disminuyó en un 50%, lo que subió los precios en un 40%.

Aunque ha habido cambios en la política antidrogas y en algunos países se ha empezado a ver este problema como un tema de salud pública y no de seguridad nacional, Aza Jácome advierte que los cambios han sido más beneficiosos para los países consumidores —la mayoría de ellos potencias mundiales— que para los productores, entre ellos Colombia.

“Mientras que los países productores y de tránsito están en vías de desarrollo, fácilmente manejables en el contexto internacional, los consumidores se identifican con los del primer mundo que influyen directamente en los órganos de decisión que determinan las políticas mundiales”.

“Esta asimetría se acrecienta porque, mientras que del lado de la demanda se aprueban medidas de reducción de daños para suavizar las acciones punitivas sobre el consumo con nuevos ordenamientos legales más benignos —legalizando en muchos países la dosis mínima—, sucede lo contrario del lado de la oferta, donde se ha endurecido la prohibición a través de la guerra contra la droga”, advierte Aza Jácome.

El Gobierno ya se ha quejado de que mientras en los países consumidores se despenaliza el consumo, en los países productores se persigue a los narcotraficantes, lo que deja una estela de muertos a su alrededor. Valgan los ejemplos de México, Colombia y Afganistán. “La recompensa de la prohibición no beneficia por igual a los dos grupos de países –consumidores y productores–, ni el castigo por no cumplir con la prohibición perjudica de la misma manera a unos y a otros”.

Tomando cifras de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de las Naciones Unidas y de varias agencias antinarcóticos, Aza Jácome concluye que “no se puede dejar de advertir que la regulación no pretende eliminar por completo los mercados ilícitos de drogas y sus problemas asociados, puesto que cualquier sistema regulatorio es sólo eficaz en la medida en que lo sean los mecanismos para hacerlo cumplir”.

Y concluye vehemente que con el cambio “es previsible que se reduzcan sustancialmente los problemas de seguridad pública derivados de la prohibición, se termine con la desigual distribución de los costos del régimen internacional antinarcóticos y se permita que cada país afronte el reto de las políticas sobre drogas de acuerdo con las preferencias de su electorado”.