¿Otro desaparecido por Mancuso?

El Consejo de Estado exhortó a las autoridades para que investiguen a Mancuso y sus hombres por estos hechos.

Juan Sebastián Jiménez Herrera
15 de marzo de 2014 - 05:09 a. m.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso está preso en Estados Unidos, procesado por narcotráfico. / Archivo
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso está preso en Estados Unidos, procesado por narcotráfico. / Archivo

Luis Enrique Pérez Yépez fue secuestrado el 5 de julio de 2001 en San Juan Nepomuceno (Bolívar). Los paramilitares se lo llevaron junto con 244 reses, dos mulos, dos sillas para caballo y una camioneta marca Willys. Sus familiares denunciaron el hecho a las autoridades, pero estas no hicieron nada. Nunca se volvió a saber de él. Ahora, casi 13 años después, su desaparición sigue impune. Es por ello que el Consejo de Estado acaba de solicitarles a las autoridades competentes que se reabra la investigación por su desaparición y, de ser necesario, se investigue al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso y a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia que “pudieron ordenar, dirigir o apoyar la comisión de la desaparición forzada a la que fue sometido Luis Enrique Pérez Yépez”.

De la misma forma, el Consejo de Estado exhorta a la Fiscalía, la Procuraduría y el inspector general del Ejército para que investiguen disciplinaria y penalmente las actuaciones de los miembros de las autoridades asignadas para la época de los hechos en la jurisdicción del municipio de San Juan Nepomuceno. Igualmente, se ordena a la Defensoría del Pueblo que, en un tiempo no mayor a un mes, informe de las investigaciones que por la violación del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos haya adelantado por estos hechos.

Así quedó consignado en una sentencia de 205 páginas en la que condena al Estado por no haber hecho nada ni para evitar la desaparición de Pérez ni para intentar recuperarlo sano y salvo. En su criterio, la Policía y el Ejército no hicieron nada para “establecer los móviles de los hechos del 5 de julio de 2001, perseguir a los responsables y establecer el paradero y situación de Luis Enrique Pérez; acciones que podían haber desplegado, ya que la distancia entre la finca Los Ciruelos (lugar donde fue secuestrado el ganadero) y el lugar donde se encontraban acantonados la Policía y el Ejército no era mucha, y menos la distancia al lugar a donde presuntamente fue llevado Pérez Yépez”.

Ese alto tribunal agrega vehemente que las autoridades contaban con los medios para recuperar al ganadero. “La Policía tenía la posibilidad de desplegar un operativo en el casco urbano, o en las zonas rurales, para recolectar informaciones tendientes a encontrar o conocer el paradero de Luis Enrique, así como el Ejército tenía a 35 hombres de un grupo contraguerrilla que podía haber desplegado”, pero no lo hicieron.

Es por ello que esa corporación asegura que “el Estado, al no haber desplegado los medios razonables y disponibles con los que contaba para atender lo sucedido el 5 de julio de 2001 en la finca Los Ciruelos, zona rural de San Juan Nepomuceno, toleró, consintió y permitió que se produjera la desaparición forzada de Luis Enrique Pérez Yépez”.

Y señala que “el papel del Estado en un conflicto armado como el colombiano no puede reducirse a realizar consejos de gobierno, o a desplegar acciones con posterioridad a la ocurrencia de los delitos (...) Son exigibles medidas concretas que permitan cumplir con la obligación de prevención y protección de los derechos humanos y no convertir el accionar del Estado en simples declaraciones de contenido político pero sin alcance concreto en medidas jurídicas, administrativas, militares, policiales, o de cualquier otro tipo que razonablemente cabe adoptar para enfrentar el accionar delictivo de grupos ilegales de autodefensas, que vienen lastrando el logro de la paz”.

El Consejo de Estado denuncia que, como si fuera poco, en 13 años las autoridades han hecho muy poco por esclarecer lo sucedido con Pérez. Además, dos desmovilizados de las autodefensas han ofrecido información y datos con respecto a este crimen, “pero sin que se haya realizado seriamente, y no como simple formalidad, la determinación de los responsables de su desaparición forzada”.

A Mancuso y otros 11 exjefes paramilitares se los procesa actualmente por 11.524 delitos, entre ellos 477 casos de desaparición forzada. Ahora, el Consejo de Estado pide que a Mancuso, preso en Estados Unidos, donde es juzgado por el delito de narcotráfico, sea investigado por este crimen olvidado por las autoridades pero no por los familiares de Pérez Yépez, que siguen pidiendo justicia.

En su fallo, este alto tribunal exhorta al Estado para que “dentro del marco de la Ley de Víctimas estudie la situación de la familia de Luis Enrique Pérez Yépez, para establecer si puede recibir los beneficios relativos al restablecimiento de la estructura familiar que resultó vulnerada por hechos acaecidos el 5 de julio de 2001”.

Pérez es una de las tantas víctimas de la campaña de muerte que hicieron los hombres de Salvatore Mancuso en los Montes de María, una cruzada que incluyó masacres, violaciones y desapariciones. Y lo peor: muchos de estos delitos siguen en la impunidad.

jjimenez@elespectador.com

@juansjimenezh

Por Juan Sebastián Jiménez Herrera

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