Otro excontralor en el radar de la Fiscalía

Henry Villarraga, Temístocles Ortega y Julia Emma Garzón./ Archivo

Para las próximas semanas, un nuevo round entre la Fiscalía y exfuncionarios de la administración de la excontralora Sandra Morelli se avecina. Esta vez, el procesado será el excontralor delegado para el Sector Social, Carlos Eduardo Umaña —el pasado 6 de octubre de retiró del cargo— a quien le imputarán cargos por el delito de prevaricato, supuestamente, por extralimitarse a la hora de investigar a exmagistrados, magistrados y magistrados auxiliares del Consejo Superior de la Judicatura que habrían promocionado el denominado cartel de megapensiones. Para el ente investigador, fue un error de la Contraloría rastrear personas que tenían fuero constitucional y que además no tenían ninguna función de gestión fiscal.

Toda la polémica comenzó en 2012, cuando estalló el escándalo del carrusel de megapensiones, en el que la primera en ser señalada fue la secretaria del Consejo Superior de la Judicatura Yira Lucía Olarte Ávila. Los magistrados del alto tribunal, en especial el presidente de la corporación en ese entonces, Angelino Lizcano, responsabilizaron a Olarte —quien hoy está en juicio— por una serie de irregulares nombramientos de personas que estaban ad portas de jubilarse y que con el régimen de transición recibieron beneficios que les permitieron incrementar considerablemente sus pensiones.

Paralelamente a la investigación que adelantaba la Fiscalía, la Contraloría abrió un expediente en marzo de 2012 contra los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que desde 2008 habrían estado vinculados con los supuestos nombramientos irregulares. Entre ellos estaban Julia Emma Garzón, Henry Villarraga —quien se retiró en medio de escándalos—, Martha Patricia Zea —ya retirada— y Temístocles Ortega —hoy gobernador del Cauca—, quienes hacían parte de la Sala Disciplinaria. Asimismo, se les imputó cargos por responsabilidad fiscal en ese momento a los magistrados Auxiliares Cenaida Mejía Báez, Zilath Corrales Pérez, Constanza Margarita Navia de Ayala, Álvaro Rojas Mallorquín, Jaime Roberto Arteaga, Jesús Herrera Cortés, Jorge Iván Bravo, Margoth Castellanos Carrillo y Petrona Perafán Ordóñez.

Los cálculos de la Contraloría sobre el presunto daño patrimonial eran de $3.421 millones. El organismo de control argumentó en su momento que “los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de su función nominadora, han designado de forma reiterada e irregular por períodos muy breves de tiempo, entre uno y once meses, para desempeñar el cargo de magistrado auxiliar a personas con estatus reconocido de pensión (...) lo cual incidió de forma directa en el reconocimiento, reliquidación y pago de pensiones en exceso de las proporciones correspondientes(...) en perjuicio de los recursos públicos y de la sostenibilidad y estabilidad del Sistema General de Pensiones”.

Desde el Consejo Superior de la Judicatura pusieron el grito en el cielo al considerar que la Contraloría no tenía las facultades para investigarlos, ya que eran aforados, pues solo podían ser procesados por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Mientras el Consejo de Estado dio un visto favorable al expediente que abrió el organismo de control, la Corte Suprema de Justicia en 2013 ordenó cesar las pesquisas que adelantaba el excontralor delegado para el Sector Social, Carlos Umaña. Fue entonces que la Fiscalía comenzó una investigación por supuesto prevaricato.

Varios miembros de la Contraloría fueron llamados a interrogatorio para que explicaran por qué abrieron el expediente contra los magistrados si ellos, además de su fuero, no ejercían funciones de gestión fiscal. Fuentes cercanas al proceso manifestaron que el excontralor Carlos Umaña explicó que los magistrados sí manejaban recursos públicos y con los nombramientos de sus magistrados auxiliares afectaron el patrimonio.

La hipótesis de la Fiscalía se basa en que Umaña prevaricó, al parecer, en dos situaciones específicas. La primera, al abrir un proceso de responsabilidad contra funcionarios que no manejaban dineros públicos. La segunda, que el excontralor se excedió en sus facultades, ya que no sólo solicitó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) información de los productos financieros de los magistrados, sino de todo su círculo familiar, supuestamente porque tenía conocimiento de que estaban transfiriendo bienes que habían obtenido del carrusel de las megapensiones.

Para la Fiscalía esto representa una ilegalidad, ya que los procesos de responsabilidad fiscal sólo se adelantan contra los funcionarios públicos y no contra particulares. Fuentes que conocen en detalle el expediente de Umaña advirtieron que generar detrimento patrimonial es muy diferente a estar implicado en un caso de corrupción, por lo que la Contraloría no tenía facultad alguna para procesar a los magistrados, ya que se trataba de un tema netamente penal y no administrativo. Además, aseguraron que posiblemente lo que sucedió en el Consejo Superior de la Judicatura fue que repartieron dádivas a cambio de favorecer a personas que estaban a punto de jubilarse.

En contraste, muchos respaldaron en su momento la investigación de la Contraloría porque a los magistrados que supuestamente patrocinaron este carrusel no los ha tocado ni la Comisión de Acusación.

Nota aclaratoria: El título de esta nota (Nuevo 'round' entre Fiscalía y Contraloría) fue modificado a petición de la Contraloría ya que argumentaron que Carlos Umaña se había retirado de su cargo el 6 de octubre de 2014 y no hacía parte de la entidad. Puntualizaron que por esta razón no existía ninguna pelea entre Contraloría y Fiscalía.