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Martín Leonel Pérez Castro fue comandante del frente 30 de las Farc, el mismo al que se le atribuye el secuestro de los exdiputados del Valle del Cauca. Capturado en julio de 2014 y solicitado en extradición por Estados Unidos, fue beneficiado con la libertad condicionada de la amnistía de iure por el Juzgado 24 de Ejecución de Penas, el pasado 20 de diciembre. Medida que ya no se hará efectiva por orden del fiscal general, Néstor Humberto Martínez. (En contexto: La tutela de un exjefe guerrillero al fiscal).
La batalla jurídica de Richard, como se hacía llamar en la guerra, inició desde el pasado mes de julio cuando en primera instancia un juez de ejecución de penas le otorgó la libertad para que fuera trasladado a una de las zonas veredales transitorias de las Farc. La orden judicial no se cumplió y el exjefe subversivo presentó una acción de tutela en contra del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el brigadier general Jorge Luis Ramírez, director del Inpec. “Se incumple el compromiso del Gobierno de respetar lo acordado en la mesa de La Habana con las Farc y vulnera los derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y amenaza el derecho a la vida e integridad personal de mi defendido”, señaló.
La tutela fue interpuesta ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que la regresó por conflicto de competencias. Es así como el pasado 8 de octubre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió que sería un juez de ejecución de penas quien debía fallar la tutela. El pasado 20 de diciembre el juez 24 determinó otorgar la libertad condicionada, “aplicar la amnistía iure a Martín Leonel Pérez Castro, respecto del delito de rebelión. Se ordena la libertad una vez sea presentado el compromiso con la secretaría de la Justicia Especial para la Paz”. (Le puede interesar: Ocupan 21 bienes de “Richard”, exjefe del frente 30 de las Farc).
Esta que parecía la decisión definitiva, causó polémica entre sus víctimas. Ángela Giraldo Cadavid, hermana del diputado del Valle Francisco Giraldo, quien fue “secuestrado y asesinado por las Farc”, rechazó la decisión. Es “totalmente inaudito que la justicia ordinaria actúe tan a la ligera, otorgando libertad condicional, a una persona que está vinculada a un crimen de lesa humanidad, lo que es violatorio de nuestra Constitución Política y de los Tratados Internacionales suscritos por Colombia".
Asimismo, la mujer afirma que “la CPI en repetidas oportunidades le ha advertido a Colombia que los Estados miembros del Estatuto de Roma no pueden cesar la persecución penal frente a los crímenes internacionales más graves, como la toma de rehenes y el genocidio, por consiguiente, mientras entra en funcionamiento la JEP, la justicia ordinaria debe investigar, juzgar y sancionar este tipo de crímenes que son inamnistiables e imprescriptibles”, afirma Giraldo.
Pero no fueron los únicos en oponerse a la libertad de Richard. La Fiscalía también sentó su precedente y notificó al Inpec que la libertad no era procedente. “Esta dirección ha requerido al director general del Inpec que Martín Leonel Pérez Castro sea dejado a disposición del despacho del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, teniendo en cuenta que la resolución del 3 de mayo de 2017, por medio de la cual se ordenó la captura con fines de extradición, se encuentra vigente”, señaló Gonzalo Gómez Escobar, director de asuntos internacionales de la Fiscalía.
El caso de Pérez Castro es un capítulo más en torno a las dificultades de la Ley de Amnistía, aprobada hace siete meses, pero que, según las mismas Farc, sigue sin implementarse a cabalidad.
Prontuario delictivo
Martín Leonel Pérez Castro ingresó hace 22 años a las Farc. Sus primeros trabajos fueron de mensajero, después de armerillo, manejó los sistemas de comunicaciones, se convirtió en jefe de escuadra y asumió la jefatura del frente 30, tras la muerte de Jorge Neftalí Umenza Velasco, Mincho, muerto en combate con las Fuerzas Militares en octubre de 2011. Hizo fama por la quema de tractomulas, la extorsión a comerciantes y hasta el cobro de vacunas a pequeños narcos de la zona que sacaban la droga por el puerto de Buenaventura.
Tiene 28 órdenes de captura vigentes por homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas de fuego. También deberá responder por una condena de 30 años de cárcel y es solicitado en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.
En el prontuario criminal de Richard aparecen siete emboscadas a la Policía y la quema de vehículos de carga en el sector de Lobo Guerrero (Valle del Cauca), en la vía que conduce al puerto de Buenaventura. Se le señala de participar en la planeación y ejecución del secuestro de los diputados de Valle del Cauca en 2002. Además sería el responsable de varias tomas guerrilleras a bases militares en Dagua y Trujillo (Valle del Cauca), y la Salvajina en Suárez (Cauca).
Coordinaba el transporte de la droga desde Valle del Cauca y Cauca hacia México y Estados Unidos, y manejó durante tres años las finanzas del bloque Occidental. De hecho, en su momento el presidente Juan Manuel Santos lo comparó con el Negro Acacio, aquel jefe guerrillero que les dejó toda una fortuna a las Farc tras sus negocios de droga con narcos de Brasil.