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A Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, a quien las autoridades y los guerrilleros del Eln llaman Pablo o Pablito, la justicia estadounidense no lo olvida. Puede que en 2009 la Corte Suprema de Justicia le haya dicho no a la extradición de éste, uno de los máximos líderes del Eln. En Estados Unidos, sin embargo, los dos expedientes en los que Pablito ha sido llamado a juicio han seguido su rumbo, al punto que hace un mes, el miércoles 30 de septiembre, hubo una audiencia en la Corte del Distrito de Columbia para declararlo fugitivo, procesado ausente, y continuar así con el caso.
Se trataba del proceso que un gran jurado de Estados Unidos avaló desde el 15 de noviembre de 2007 contra Pablo, integrante del Comando Central (Coce) del Eln desde enero de este año, por el secuestro del estadounidense Matthew Burchell, quien era un mecánico de helicópteros que trabajaba para la empresa estadounidense Air Logistics, que a su vez le prestaba servicios a la petrolera británica BP. “El Eln es fuertemente antiamericano y los ciudadanos estadounidenses son objetivo militar”, advertía ese documento. Burchell fue secuestrado mientras iba en un taxi a su casa, en Yopal, el 13 de mayo de 1999.
El contratista estadounidense fue movido a caballo, a mula, en carro o a pie de un lado a otro, con los ojos vendados, con las manos atadas. Un día los guerrilleros lo pusieron contra una pared, cargaron sus armas, gritaron “¡listos, apunten!” y se echaron a reir. “Vamos, gringo”, le dijeron. En febrero de 2000, el Eln anunció que no lo dejaría en libertad a menos que pagaran US $250.000 a cambio, dinero que luego recibió. El 5 de agosto de 1999, guerrilleros abrieron un hueco en la tierra y le apuntaron con sus fusiles, para informarle después que, una vez recobrara la libertad, tendría que pagar más dinero. Ese mismo día fue liberado.
El otro expediente contra este jefe del Eln está radicado también en la Corte del Distrito de Columbia. En ese documento, alias Pablo fue declarado fugitivo el pasado 23 de septiembre, igual que ocurrió en noviembre de 2013 y en julio de 2011. Este expediente tiene que ver con el secuestro de dos periodistas del diario Los Angeles Times: el estadounidense Scott Dalton y la británica Alison Morris. El 21 de enero de 2003, mientras los reporteros viajaban por Arauca para hacer un trabajo, guerrilleros del Eln los bloquearon, les pidieron que los acompañaran, los llevaron a donde un comandante guerrillero y, apuntándoles con sus armas, los obligaron a entrevistarlo.
Diez días después, en una casa rural, llevaron a los reporteros ante Pablo y, el 1° de febrero, después de entrevistarlo, el Eln contactó al Comité Internacional de la Cruz Roja para liberarlos. Todos esos detalles aparecen consignados en los dos indictments (acusaciones) contra de Gustavo Giraldo Quinchía, alias Pablo, principal sospechoso para los militares de haber planeado el ataque a un grupo de militares y policías en zona rural de Güicán (Boyacá) el pasado lunes 26 de enero. En ese ataque, 12 uniformados murieron y dos soldados fueron secuestrados.
La zona en la que ocurrió la emboscada limita con Arauca, región en la cual el frente Domingo Laín del Eln –del cual Pablo fue comandante hasta que lo “ascendieron” al Comando Central– hace y deshace desde hace muchos años. En las filas del Eln, este jefe guerrillero es llamado también Pablito, un sobrenombre algo infantil o cariñoso que contrasta con su legado de guerra: informes de inteligencia militar señalan que Pablo ha sido “uno de los terroristas que mayor influencia ha ejercido sobre las administraciones municipales y departamentales”.
En el expediente del hombre que hizo del frente Domingo Laín lo que es hoy, el más violento del Eln, se lee que alias Pablo desviaba para el Eln “grandes cantidades de dinero producto de las regalías”; que determinó el asesinato del obispo Jesús Emilio Jaramillo en 1989 “por delitos contra la revolución”; que ordenó a sus francotiradores poner cianuro en la punta de las balas con las que disparaban contra estaciones de Policía; que dispuso envenenar –con cianuro también– a quien fue gobernador de Arauca entre 2004 y 2007, Julio Acosta Bernal (quien, a su vez, en 2013 fue condenado por ordenar un asesinato y por haber recibido dineros del paramilitarismo en campaña).
Alias Pablo fue arrestado en enero de 2008. Fue catalogada como el arresto más importante de un integrante del Eln en 40 años. Dos años después, sin embargo, un juez ordenó su traslado de la cárcel de Cómbita (Boyacá) a Arauca para estar en unas audiencias y allí, en la tierra donde el Eln es ley, Pablo fue rescatado y huyó hacia Venezuela. ¿Por qué el juez no ordenó una audiencia virtual para así no exponer a un detenido de tan alto perfil, en una zona tan difícil? En un abrir y cerrar de ojos, el capturado de mayor relevancia que hubieran tenido las autoridades bajo su tutela se les escapó de las manos.
La Corte Suprema, en 2009, decidió no extraditarlo porque los crímenes por los que era solicitado, afirmó el alto tribunal, habían ocurrido exclusivamente en territorio colombiano. En ese momento, la Corte le pidió a la Fiscalía investigar los secuestros de los dos ciudadanos estadounidenses y la ciudadana británica. Sin embargo, hasta la fecha, la investigación que comenzó hace casi una década contra alias Pablo, en el despacho de un fiscal delegado ante las Fuerzas Militares –Ramiro Anturi, quien paradójicamente resultó extraditado a Estados Unidos por narcotráfico–, no traduce aún una condena en contra del hombre que podría ser uno de los negociadores de paz con el Gobierno.