Pacific Rubiales desmiente apropiación ilegal de baldíos

El senador Jorge Robledo aseguró que la multinacional quiere quedarse con unos terrenos en Puerto Gaitán (Meta).

Archivo El Espectador

Pacific Rubiales respondió este martes a las denuncias del senador Jorge Enrique Robledo sobre manejo irregular de terrenos baldíos.

Al conocer que el legislador dijo que la multinacional pretende apropiarse ilegalmente de 7.526 hectáreas de tierras baldías, la compañía aclaró que el señalamiento obedece al predio Morelia (Campo Rubiales).

La empresa sostuvo que en esa zona no es posible una reclamación de tierras porque los terrenos son parte de un desarrollo de servicio público.

Además que no se trata de una tema de baldíos pues sólo hay un reclamante que puso su vivienda en el lugar y vive ahí.

A juicio de la empresa, el senador está desinformación frente a lo que sucede en esa zona y que relaciona a la empresa.

La denuncia de Robledo

El senador Robledo señaló que Pacific Rubiales pretende apropiarse ilegalmente de 7.526 hectáreas de tierras baldías, despojando a los campesinos que en este momento las ocupan. La multinacional ha interpuesto acciones jurídicas para desalojar a los campesinos del predio La Morelia en Puerto Gaitán (Meta), hechos que han sido denunciado por el Centro de Solidaridad de la AFL CIO, la central obrera más importante de Estados Unidos.

A juicio de los congresistas, Pacific Rubiales no puede alegar ningún derecho sobre este predio porque de acuerdo con el certificado de libertad y tradición, es un bien “baldío de la Nación”, por lo que solo puede ser ocupado y adjudicado a sujetos de reforma agraria.

El certificado señala que Pacific Rubiales tan sólo adquirió las mejoras sobre el predio, por lo que las operaciones de compra aparecen como “falsas tradiciones”. De acuerdo con el Decreto 1465 de 2013, hay indebida ocupación de baldíos cuando son ocupados “por personas que no reúnan la calidad de beneficiarios de reforma agraria”.

Comunicado Pacific

1. La información entregada por el Senador Carlos Robledo no está ajustada a la realidad jurídica y legal del predio conocido como MORELIA, ubicado en Puerto Gaitán-Meta.

2. Hace más de 20 años los propietarios de Morelia realizaron, libremente, una operación de venta de mejoras y posesión totalmente legal, amparada en el Derecho Civil Colombiano y por lo tanto bajo las normas vigentes para la época.

3. En 1978 y posteriormente en 1991, los poseedores de Morelia transfirieron a otras compañías los derechos conferidos por la Ley sobre las tierras, como son los derechos de compra.

4. Es después de estos procesos, o sea posterior a 1991, cuando las compañías petroleras realizan acuerdos con los nuevos poseedores, de forma legal y transparente.

5. A la situación de desconocimiento del ordenamiento jurídico vigente en esta materia, que se evidencia por parte de los congresistas del Polo Democrático en relación con el punto anterior, se suma el hecho de que aparentemente tampoco tienen conocimiento sobre la decisión inhibitoria de un Juez de la República para el predio Morelia, realizada en 2007.

6. De acuerdo con la Ley 260 de 1994 se impide la adjudicación de baldíos donde existen recursos naturales no renovables propiedad del estado. Esto quiere decir que es imposible adjudicar predio baldío alguno en un radio de 5 kilómetros con respecto a una zona de intervención petrolera.

7. Pacific no ha acatado la Ley y las normas en todos y cada uno de sus actos sino que además, en muchos casos, adopta medidas para prever prejuicios que generen conflicto con las comunidades. Ejemplo de ello es la práctica común de la Compañía en el sentido de adquirir servidumbres o incluso la totalidad de los predios, con el fin de garantizar franjas suficientes para vías de acceso a los sitios donde se realizan actividades de extracción de petróleo y gas.

8. La producción de petróleo y gas son una actividad de utilidad pública pues estos recursos naturales son del Estado colombiano y no de las petroleras que actúan como operadoras, en el proceso de contribuir con el Estado a cumplir con una función importante para los intereses de los colombianos.