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A través de un recurso, la defensa del general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz que revise la condena de 35 años de prisión que la Corte Suprema de Justicia dictó en su contra por los desaparecidos que dejó el Holocausto del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. El oicial retirado había indicado en un primer momento su intención de acogerse a la JEP, pero la retiró en abril de 2017 a la espera de que el alto tribunal resolviera su caso.
La petición se radicó casi dos meses después que la Sala Penal de la Corte Suprema no solo confirmara la condena en su contra, sino que dejara en claro que en el Palacio de Justicia sí hubo desaparecidos civiles. Esa decisión, además, asegura que el operativo de las Fuerzas Armadas, tras la cruenta toma de la guerrilla del M-19 al edificio, hubiera buscado salvar las vidas de los funcionarios judiciales y particulares que fueron tomados como rehenes. Al contrario, el fallo asegura que la intención fue una sola: aniquilar el enemigo.
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La decisión judicial asegura, además, que las FF.MM contaban con anticipación con el llamado "Plan Tricolor 83”, una estrategia militar a seguir en caso de que se presentara en el país una insurrección generalizada o una guerra con los países vecinos. Ese plan, que fue seguido -según la Corte- a pie de la letra no incluía hacer negociaciones ni treguas, ni ceses el fuego o suspensión de operaciones y, su aplicación, derivó en la desaparición forzada de personas.
"La desaparición forzada de personas, según se infiere de la prueba bosquejada, no fue una idea de momento, ni la ocurrencia de unos pocos, sino el resultado de la acción de retoma, ya de por si crítica por la muerte de altos dignatarios que no fueron escuchados en sus sensatas súplicas", dice el fallo. La recuperación del Palacio de Justicia no fue entonces un operativo que se fuera construyendo sobre la marcha. Fue una estrategia aplicada por los oficiales al mando, tal y como lo reconocieron ante la justicia el propio general (r) Arias Cabrales, entonces comandante de la Brigada 13 del Ejército; su segundo al mando, coronel Luis Carlos Sadovnik; y el comandante del Ejército, Rafael Samudio Molina, quien confirmó su existencia, a pesar de que fue incinerado, según reposa en acta del 9 de marzo de 1988.
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Según la decisión, Arias Cabrales fue el ejecutor de un plan que incluía, según el general Samudio, que “el individuo capturado dentro del mismo campo de combate debería ser interrogado rápidamente y evacuado a los organismos superiores”. Para el alto tribunal es claro que los testigos que salían con vida fueron conducidos a la Casa del Florero, que no se les ayudó, como alegaron tanto Arias Cabrales como el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, sino que fueron identificados e interrogados. Incluidos, los trabajadores de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis y la guerrillera Irma Franco, por cuya desaparición fue condenado el oficial.
Hace unas semanas, la Fiscalía afirmó que en los casos de los desaparecidos del Palacio cuyos restos ya habían sido encontrados (cinco, para ese momento), no hubo crimen sino confusión en la entrega de restos. Las voces de protesta de las víctimas y de sus abogados no se hicieron esperar. Y en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ente investigador se retractó.
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