Palacio de Justicia, un grifo abierto

Veintiocho años pagando una de las peores tragedias de la historia de Colombia. Condenas a la Nación, gastos en procesos judiciales, abogados, y ahora el proceso internacional, hacen parte de los costos que sigue pagando el Estado.

Un grifo que cumple 28 años abierto y del que siguen brotando sin interrupción caudales de recursos públicos. Esta es la otra imagen que representa uno de los hechos más graves y dolorosos de la historia contemporánea de Colombia: el holocausto del Palacio de Justicia. A lo invaluable de las vidas que se perdieron o de los desaparecidos cuyo rastro aún se desconoce, se suman los costos económicos, que en el ámbito nacional e internacional siguen pasando factura.

Aunque ninguna autoridad posee un inventario exacto sobre cuánto ha tenido que pagar la Nación por este amargo episodio, los cálculos tentativos indican que los gastos podrían llegar al billón de pesos, incluyendo la reconstrucción del Palacio de Justicia; las indemnizaciones a familiares de las víctimas, ordenadas por tribunales administrativos; los costos del aparato judicial en diversos expedientes y, ahora, la defensa del Estado en instancias internacionales.

Una cifra que, de acuerdo con la situación actual, no cabe duda que seguirá creciendo. Hoy, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se tramita un proceso en el que las pretensiones de las víctimas suman casi $50.000 millones. Casi dando por descontado que el caso se va a perder, de todas maneras el Estado ya está pagando elevados honorarios en abogados y asesores. Tan solo en el último año, incluyendo cambios de defensores, el costo va por los $1.500 millones.

Si toman forma las investigaciones ordenadas por la Fiscalía el pasado 18 de octubre para establecer responsabilidades de exintegrantes de la Policía y el DAS, o incluso de algunos ministros de la época del holocausto, tal como lo informó El Espectador en su edición de ayer, los costos seguirán aumentando. Como si fuera poco, una reciente decisión del Consejo de Estado dispuso que, por tratarse de un caso de lesa humanidad, no ha prescrito la opción de continuar demandando al Estado. Se pueden avecinar más indemnizaciones.

 

 

La reconstrucción

 

Sin duda, la reconstrucción del Palacio de Justicia ha sido económicamente el capítulo más costoso. Según datos oficiales, en 1986 se definió que la obra en tres fases tardaría 10 años. Ese primer año comenzaron los trabajos con un presupuesto de $110 millones (que hoy serían casi $1.200 millones). Desde entonces, todos los años se destinaron partidas presupuestales de la Rama Judicial para reconstruir el templo de la justicia. Entre tanto, las cortes tuvieron que buscar sedes alternas.

Entre 1988 y 1993, cuando la obra estuvo a cargo del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, la inversión pasó de $10.000 millones de la época. A partir de 1993, la reconstrucción del Palacio de Justicia quedó a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, organismo que hasta 1999 destinó a la obra casi $60.000 millones. Eso sí, no faltaron las denuncias. Por ejemplo, en 1997, la Contraloría reportó improvisación en los trabajos, doble contratación, desviación de fondos y sobrecostos. La obra se inauguró en el año 1999.

Hoy el Consejo Superior de la Judicatura no tiene un estimativo concreto de lo que costó la reconstrucción del Palacio de Justicia, pero se calcula que se invirtieron más de $100.000 millones de la época. Si se toma como referencia el precio histórico del dólar de cada año en los que se destinó dinero a la reconstrucción, según expertos el cálculo del precio actual sería cercano a los $500.000 millones. Eso sin incluir arriendos o compra de inmuebles para que las altas cortes siguieran operando.

 

Víctimas y CIDH

 

Desde mediados de los años 90, cuando produjo sus primeras sentencias, el Consejo de Estado dejó claro que la Nación fue administrativamente responsable por el holocausto del Palacio de Justicia. No sólo por la desprotección de sus magistrados, sino porque se trató de una tragedia anunciada. No obstante, a pesar de que más de 100 familias perdieron a un ser querido o nunca volvieron a saber de él, menos de la mitad demandaron al Estado. La mayoría de sentencias fueron condenatorias.

Según el analista Alfredo Rangel, son 45 las sentencias contra la Nación por los hechos del Palacio de Justicia. Aunque cada caso fue diferente, en promedio por cada familiar indemnizado se pagaron 1.000 gramos oro por perjuicios morales. No existe un dato a la mano, pero más de 100 personas fueron compensadas por el Estado, sin incluir perjuicios materiales, distintos en cada caso. En un solo expediente, relacionado con uno de los magistrados que falleció en el holocausto, a precios de hoy la Nación pagó cerca de $1.000 millones.

Son 28 años en que el Estado no ha dejado de destinar cuantiosos recursos por cuenta de la toma guerrillera y recuperación militar del Palacio de Justicia, ocurridos el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Los cálculos no incluyen los costos de los procesos sin mayores resultados en la justicia ordinaria, disciplinaria o penal militar, así como las inversiones en grupos de expertos para tratar inútilmente de llegar a la verdad. Ahora, a este roto fiscal hay que empezar a añadirle lo que se está gastando el Estado colombiano ante la justicia internacional.

 

El proceso internacional

 

Según información derivada de los contratos oficiales, los gastos más recientes en los que ha incurrido el Estado respecto al proceso que cursa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se acercan a los $1.500 millones. Desde que los familiares de los desaparecidos llevaron sus reclamos ante la justicia internacional, la Nación comenzó a gastar millonarios recursos para pagar abogados. El primero fue Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien firmó dos contratos (en 2008 y 2010) que sumaron $210 millones.

En mayo del año pasado, cuando se notificó a Colombia que el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ibáñez era el defensor de la Nación. Tres meses después renunció. Entonces, a cinco días de vencerse el plazo para contestar la demanda, la Agencia de Defensa de la Nación contrató al abogado Rafael Nieto Loaiza quien, entre otros aspectos, estrenaba su tarjeta profesional. El contrato dice que se hizo por $406 millones. Nieto contestó la demanda, pero desconoció a los desaparecidos y fue Troya.

Al Estado no le quedó otra opción que liquidar el contrato y buscar una nueva estrategia de defensa. Por eso contrató a un comité asesor de seis abogados, cada uno con un contrato de $43 millones por un mes de trabajo. Su tarea fue debatir si era conveniente o no para la Nación aceptar la responsabilidad de los desaparecidos. La asesoría costó $258 millones. Con la decisión de aceptarla, la Agencia designó como nuevo defensor de la Nación al abogado Julio Andrés Sampedro Arrubla, quien también hizo parte del comité. El 27 de julio firmó contrato por $163 millones.

Además, según los documentos públicos consultados en la página de contratación oficial, el pasado 4 de septiembre, la Agencia contrató al abogado Juan Diego Riveros Barragán, del mismo buffet de Sampedro, como defensor suplente. Su contrato quedó tasado en $163 millones. En otras palabras, desde que se conoció la demanda contra la Nación ante la CIDH por los desaparecidos del Palacio de Justicia, se han gastado alrededor de $1.200 millones.

En resumidas cuentas, la tragedia del Palacio de Justicia le sigue costando a Colombia mucho más de lo que se conoce. No sólo en términos de memoria histórica porque significó un ataque aleve contra la cúpula de uno de los poderes públicos; por la polarización política que alrededor de la reacción militar lleva 28 años y sigue dejando secuelas; o por el dolor de la sociedad y de las familias de las víctimas ante tal capítulo de horror en pleno corazón de Bogotá, a una cuadra de la Casa de Nariño. La verdad es que en plata contante y sonante, el grifo del gasto sigue abierto.

Y como se proyectan las cosas, no hay fecha a la vista para que esta llave pueda cerrarse. Aún no terminan los procesos penales por el caso de los desaparecidos; la Fiscalía quiere revolcar el pasado para establecer la presunta responsabilidad de altos funcionarios civiles y militares; los familiares de las víctimas que no demandaron al Estado en su momento, ahora podrían hacerlo; y para completar el gravoso panorama, como lo ha reconocido Adriana Guillén, directora de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, la condena en la justicia internacional es inminente.