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Un nuevo fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, proferido el pasado 25 de enero, pero revelado en su totalidad el pasado lunes, hace una sucinta mención que podría terminar en una gran controversia: la posible cercanía entre el expresidente Álvaro Uribe y los grupos paramilitares de Antioquia. Se trata de la primera sentencia de Justicia y Paz emitida contra el Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a través del caso de su excomandante militar Germán Pineda López, alias Sindi.
En ese estudio que hizo el tribunal, se habla, justamente, de la participación de civiles que, para “combatir a la insurgencia”, decidieron invertir recursos en la conformación de grupos paramilitares. Y aunque la Sala de Justicia y Paz aclaró en su decisión que “la Fiscalía no aportó la identificación de las personas que solicitaron la creación del grupo paramilitar (en cuestión) y que se comprometieron con su financiación”, sí cita, más adelante, varios informes realizados por el ente investigador.
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En uno de esos informes, elaborado por la Fiscalía 20 Delegada ante Justicia y Paz, se mencionan a personas como el exsenador Mario Uribe Escobar -a quien la Corte Suprema condenó a 7 años y medio de prisión por parapolítica-, su hermano Victor Horacio y su primo, el expresidente, jefe natural del partido Centro Democrático y hoy senador, Álvaro Uribe Vélez. Así quedó plasmado en el fallo de 768 páginas. (Lea aquí el fallo completo)
"En las fincas El Guáimaro, Los Naranjos, El Recreo y El Limón, propiedades del exsenador Mario Uribe Escobar, de la exgobernadora de Antioquia Elena Herrán de Montoya, ya fallecida, de Jorge Andrés Gallego y de Víctor Horacio Uribe Escobar, hermano de Mario Uribe Escobar, ubicadas en la subregión del suroeste, pernoctaban los hombres del Bloque Suroeste", señala la sentencia con base en el mencionado reporte de la Fiscalía.
De acuerdo con el fallo, un informe de Policía Judicial de 1997 detalló que en las fincas El Guáimaro y Los Naranjos hacían parte del listado de sitios que eran "frecuentados por los integrantes del Bloque Suroeste en la subregión". Se trataba de un grupo que se conformó a raíz de la petición que hacendados y comerciantes de la zona le hicieron a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, dice el fallo. Es decir, a la casa Castaño.
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La parte en la que aparece mencionado el expresidente Uribe dice: “Los nombres de personajes ilustres como Luis Ernesto Garcés Soto; la exgobernadora de Antioquia Helena Herrán de Montoya, Mario Uribe, Horacio Uribe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para citar solo algunos, han estado ligados a los grupos de ‘limpieza social’ –Las Escopetas– y paramilitares”. La base de esa afirmación es un informe de la Fiscalía 44 Delegada ante Justicia y Paz, del 5 de enero de 2011
El tribunal aprovecha la explicación de la violencia que sufría esta subregión antioqueña para hacerle un sutil reclamo al expresidente Uribe. Lo hizo al referirse a las Convivir, grupos de seguridad que terminaron trabajando en connivencia con los paramilitares en varios lugares del país, pero especialmente en Antioquia: : “Aun recientemente, y pese a las evidencias que existen sobre la participación de muchas de esas cooperativas en las acciones criminales del paramilitarismo, (Álvaro Uribe) ha defendido la validez de esa iniciativa como estrategia de seguridad”.
La responsabilidad de Uribe como promotor de las Convivir mientras fue mandatario de Antioquia, entre 1995 y 1997, tampoco se pasó por alto: "A partir del impulso que el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez dio a estas cooperativas en el departamento, se crearon en el Suroeste algunas Asociaciones Convivir que, como en las demás regiones donde fueron constituidas, contaron con el apoyo de sectores políticos y económicos de los municipios y se convirtieron en una especie de brazo legal de los paramilitares".
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Para el tribunal, es claro que las Convivir fueron elementos claves en las redes de apoyo del Bloque Suroeste y que, cuando desaparecieron, muchos de sus miembros entraron a engrosar las líneas de las AUC. Esas redes de apoyo eran patrocinadas por "comerciantes, propietarios de tierra, algunos pobladores y miembros de las autoridades civiles y militares"; por integrantes del Ejército y la Policía, que también "fueron colaboradores del Bloque Suroeste para la comisión de sus crímenes".
La Fiscalía ha realizado más de 170 compulsas de copias para que políticos y civiles sean investigados por sus posibles nexos con este grupo armado ilegal pero, hasta la fecha, las indagaciones no han avanzado. Así lo constató el tribunal, el cual anunció que "le solicitará a la Fiscalía que adelante las labores correspondientes para garanizar el impulso y desarrollo de esas investigaciones".
Este no es el primer fallo de un tribunal de Justicia y Paz en el cual se cuestiona la supuesta cercanía o afinidad entre el expresidente Álvaro Uribe y los grupos paramilitares, los cuales se desmovilizaron durante su primer mandato en la Casa de Nariño. El exjefe de Estado, sin embargo, siempre ha sostenido que todas sus acciones han estado cubiertas por el manto de la legalidad, que ni él ni nadie de su familia ha promovido el surgimiento de grupos ilegales, y que está más que dispuesto a atender los llamados de la justicia.