Parapolíticos en capilla

Condenados dirigentes del Valle, la Costa Caribe y Santander podrían terminar pedidos en extradición y con procesos en cortes federales norteamericanas por sus alianzas con la mafia.

Ni en la cárcel la parapolítica ha dejado de ser un dolor de cabeza para el Estado colombiano. Ya muy documentados están los excesos o privilegios de los que gozan algunos de los congresistas condenados por la Corte Suprema de Justicia. Pero el asunto ya trascendió las fronteras nacionales y agentes de la DEA, en coordinación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y autoridades colombianas, escarban ahora los enlaces del narcotráfico y los dineros que de este ilícito negocio se colaron en las campañas políticas.

El Espectador conoció que además del caso de Juan Carlos Martínez, una comisión integrada por oficiales de la Policía y agencias norteamericanas indaga los expedientes de parapolíticos de Sucre, Valle, Chocó, Santander, Cesar, Magdalena y otras regiones en las que operaban muy en llave las autodefensas y organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. De hecho, ya ha habido contactos entre el Ministerio de Justicia, el de Interior, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y hasta el Inpec con el fin de revisar proceso por proceso el capítulo insuficientemente investigado de las mafias con la política.

Con esta decisión los parapolíticos entraron en capilla en el pasillo de la extradición. La tesis de los investigadores es que la influencia de los congresistas en sus regiones no habría podido consolidarse en las proporciones que lo hizo y con el nivel de infiltración en el Estado de no ser porque no sólo había un poder de un grupo ilegal en armas, sino los ríos de dinero que habrían circulado en sus campañas por cuenta del narcotráfico. El propio director de la Policía, general Óscar Naranjo, en diálogos con la revista Bocas, de El Tiempo, dijo que los llamados parapolíticos están influyendo en las campañas electorales del Valle y la Costa Caribe.

Su visión, sin embargo, es demasiado prudente porque los organismos de inteligencia tienen serios indicios de que la parapolítica sigue más viva que nunca. En el Valle se insiste en la injerencia del destituido exgobernador Juan Carlos Abadía, un hombre muy cercano al propio Juan Carlos Martínez Sinisterra. Su nombre, al parecer, también figura en las pesquisas de la justicia norteamericana. En el caso de Sucre es ilustrativo lo ocurrido con la condenada parlamentaria Muriel Benito Revollo, cuyos tres hermanos tienen procesos abiertos en cortes federales por narcotráfico. Las autoridades revisan con lupa todas las declaraciones que entregaron aquí en Colombia y en Estados Unidos los 15 exjefes paramilitares extraditados el 13 de mayo de 2008.

El objetivo es develar si las conexiones probadas de las autodefensas con el narcotráfico también fueron utilizadas en escenarios políticos. Por eso las confesiones de Don Berna, Macaco, Jorge 40, Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, Gordo Lindo, El Tuso Sierra y otros más ahora constituyen la última arista del escándalo parapolítico. “En principio estamos mirando a quienes ya están condenados, pero seguramente revisaremos los casos de quienes ya han recuperado su libertad”, dijo uno de los investigadores consultados.

Una fuente del alto gobierno le confesó a El Espectador que están muy preocupados porque a pesar de que la justicia ya ha emitido sus condenas, el poder de los parapolíticos sigue intacto en cuanto a su influencia regional e intimidación: “A veces ni siquiera necesitan corromper. Muchas veces los funcionarios públicos les corren por miedo”. Muchas de las fortunas de los salpicados en el escándalo parapolítico, según parece, se han incrementado. Sus cuotas políticas siguen manejando el poder en cuerpo ajeno. En palabras de otras fuentes consultada, este es un problema de Estado y las autoridades norteamericanas parecen dispuestas a procesar el capítulo de la narcopolítica colombiana.

En síntesis, lejos de quedar sepultado un escándalo judicial que comenzó en noviembre de 2006, con las capturas de tres congresistas de Sucre, las conexiones de las mafias con la parapolítica podrían desdoblar las investigaciones en expedientes adelantados por cortes federales y sancionados por gran jurados. El caso de Martínez y de cuatro de sus colaboradores es el que va más avanzado, sobre todo por su relación con Olmes Durán. Pero la lista promete ensancharse.