El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa precisó que según las cuentas hechas, los 60 días que duró el paro judicial tuvieron un costo superior a los 65 mil millones de pesos.
En este sentido el magistrado aseguró que se debe tener en cuenta que el paro judicial nacional tuvo una serie de etapas, puesto que pese a que el principio casi el 98 por ciento de los despachos se encontraba en cese de actividades, con el tiempo se fue levantando de manera paulatina.
“En primer lugar desde el punto de vista económico las perdidas las calculamos en 65 mil millones de pesos, que corresponde al costo digamos de los salarios y costos administrativos que se pagaron proporcionalmente”, indicó Correa.
Igualmente el presidente de la Sala Administrativa explicó que durante los dos meses que duró el paro judicial se dejaron de realizar 168 mil audiencias, de las cuales 141 mil corresponden a procesos como tutelas, o administrativos, civiles y laborales mientras que un 16 por ciento correspondió a diligencias de control de garantías.
“El paro tuvo tres periodos, empezó el 11 de octubre y hasta el 11 de noviembre fue prácticamente nacional eso encerró casi todo el país, solo las altas cortes y pocos lugares no entraron en paro, luego desde el 14 de noviembre cuando el 6 de ese mes se suscribió el acuerdo y una fracción de Asonal y a partir de ahí hasta el 29 de noviembre quedaron en paro solo la mitad, el 51% entró a trabajar, y ya al final se volvió un poco caótico desde el 30 de noviembre hasta el 10 de diciembre se dio la orden de que ellos entraran a trabajar pero un 14% siguió en paro esos últimos 10 días, en total fueron 60 días calendario y 42 días hábiles”, explicó el magistrado.
En este caso señaló que después de firmado el acuerdo entre el Gobierno y los representantes de la Rama Judicial, los empleados y funcionarios de los despachos firmaron actas de compromiso con el fin de recuperar las horas perdidas.
“El personal que estuvo en paro firmó unas actas de compromiso en la que cada despacho judicial decía cuántas horas estuvo en paro y en segundo lugar como las iba a pagar y sobre esa base se les pagó noviembre y diciembre”, aclaró.