Paro Nacional: balance de la Policía es un uniformado muerto y 504 lesionados

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La Policía entregó el balance de los cinco días de Paro Nacional contra la fallida reforma tributaria del Gobierno Duque. Mientras la institución habla de 504 uniformados lesionados, y asumió decenas de investigaciones internas, Temblores ONG registró 1.181 denuncias por violencia policial.

Mientras el Gobierno Nacional renueva sus cálculos para sacar una nueva reforma tributaria, luego de que el presidente Iván Duque ordenara retirar la anterior el pasado 2 de mayo, la Policía Nacional entregó sus cuentas sobre las cinco jornadas de Paro Nacional. Por primera vez reveló investigaciones internas por extralimitación de funciones e hizo un juicioso conteo de los daños al buen público y privado. Mientas los uniformados lesionados son 504, Temblores ONG denunció 1.181 denuncias por violencia policial.

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La Dirección General de Policía comenzó su boletín hablando sobre un lamentable caso: la muerte del capitán Jesús Alberto Solano, jefe de la Sijín de Soacha (Cundinamarca), quien fue apuñalado por la espalda cuando intentó frustrar un robo en San Mateo, el pasado 28 de abril. Luego de eso, la institución aseguró que “vándalos” dejaron a 464 policías con contusiones, de los cuales 60 sufrieron ataques con arma cortopunzante, siete con fracturas y uno con arma de fuego. Hay un saldo de 21 uniformados hospitalizados.

“Las unidades del país con mayor afectación en este aspecto fueron: Policía Metropolitana de Bogotá (159), Policía Metropolitana de Cali (153) y Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (43)”, agregó la institución. Sin embargo, es la primera vez que la Policía habla sobre las pesquisas internas que lleva contra uniformados que se excedieron en su función. En el apartado “trasparencia institucional”, aseguró que hay 26 investigaciones disciplinarias, siete investigaciones penales asumidas por al Fiscalía y otras cinco tomadas por la Justicia Penal Militar. Reconoció 306 lesiones a civiles.

De acuerdo con el boletín, tienen identificados en Bogotá al grupo de delincuencia común “Mamba Negra” y en Cali a “La Reforma”, “Los Capuchos” y “M.B”, los cuales habrían atentado contras “la tranquilidad de los colombianos” en los últimos cinco días. Por otro lado, la institución señaló al Eln por adelantar trabajos “pseudopolíticos” en las universidades del país, así como de reclutar jóvenes para que se manifiesten. Además, aseguró que las comunidades bloquean las vías y se manifiestan violentamente, por constreñimientos del Clan del Golfo.

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Por su parte, Temblores ONG, que ha denunciado casos de abuso policial durante los últimos años, asegura en su último boletín que, a fecha de 2 de mayo, “la Fuerza Pública asesinó deliberadamente al menos cinco personas que se encontraban protestando o transitando en zonas aledañas a las movilizaciones convocadas”. Asimismo, la organización defensora de derechos humanos agregó que ya se encuentra verificando otros cuatro homicidios, los cuales podrían acusársele a policías durante los últimos cinco días.

En la plataforma Grita, Temblores ONG ha registrado desde el pasado 28 de abril un total, a nivel nacional, de 1.181 casos de presunta violencia policial: 142 víctimas de violencia física; 26 posibles víctimas de “violencia homicida”; 761 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes; 216 intervenciones violentas por parte de la Fuerza Pública a manifestaciones pacíficas; 17 víctimas de agresiones oculares; 56 casos de disparos de arma de fuego; 56 denuncias de desapariciones en el contexto de las manifestaciones; y nueve posibles víctimas de violencia sexual.

“Debido a la falta de garantías para la vida y la integridad de las personas manifestantes, durante dos días consecutivos, nos hemos visto en la obligación de recomendarles a las personas manifestantes, personas que aún se encontraban en las calles ejerciendo su derecho a la protesta social, que volvieran a sus casas o que buscaran resguardo. Esta decisión la hemos tomado después de evaluar las denuncias realizadas por a la ciudadanía y encontrar un gravísimo incremento en el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía Nacional”, explicó Temblores ONG.

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Por su parte, la Fiscalía señaló que ha capturado a 298 manifestantes durante el Paro Nacional. De acuerdo con la institución, 83 de ellos fueron imputados por los delitos de hurto, violencia contra servidos público, obstrucción de la vía pública y daño en bien ajeno. El fiscal general Francisco Barbosa señaló que el resto están siendo “judicializados” y que otras 18 personas están con medida de aseguramiento -11 en centro carcelario y siete en detención domiciliaria-.

“Por otra parte, el ente acusador adelanta las acciones investigativas para recaudar el material probatorio y esclarecer la muerte de siete personas que, de acuerdo con lo establecido de manera preliminar, habrían sido víctimas en hechos directamente relacionados con el paro. Cinco de los casos, entre ellos el de un menor de edad, ocurrieron en Cali (Valle); el del capitán de la Policía Jesús Alberto Solano, en Soacha (Cundinamarca); y otro, en Ibagué (Tolima)”, agregó la Fiscalía.

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SI bien el ente investigador no señaló a miembros de la Fuerza Pública en sus investigaciones, el caso referido a Ibagué tiene a la Policía Nacional bajo la mira de la opinión pública. Se trata de la muerte del joven de 19 años Santiago Murillo, que según testigos habría sido impactado por un uniformado, el pasado 1° de mayo. En el medio Ecos del Combeima, cuando la Clínica Nuestra Señora de Ibagué confirmó el deceso, quedó registrado el llanto de la madre de Murillo, quien en repetidas ocasiones gritaba “¡Hijo, llévame contigo!”.

Finalmente, la Policía Nacional entregó el reporte de infraestructura y bienes públicos y privados vandalizados durante el Paro Nacional. Contra la institución, manifestantes habría afectado 43 CAI y destruido otros 21. Asimismo, 96 buses de servicio publico terminaron vandalizados y un total de 20 fueron incinerados. Sufrieron daños “69 estaciones de transporte, 36 cajeros automáticos, 94 bancos, 14 peajes, 59 establecimientos comerciales (saqueos), 254 establecimientos comerciales vandalizados”, agregó la entidad.

Por otro lado, la Policía confirma 431 capturas, de las cuales 417 se habrían presentado en flagrancia y 34 involucrarían a menores de edad. Según informó la institución, 15 extranjeros fueron procesados por la justicia, entre ellos 14 venezolanos. Por último, la Policía asegura haber capturado a 165 personas por obstrucción a la vía pública y, también, señaló a 16.700 manifestantes por “incumplir abiertamente y de manera irresponsable las medidas sanitarias con ocasión a la pandemia por COVID-19”.

Primeras decisiones de la Procuraduría

Por primera vez desde que comenzó el Paro Nacional de 2021, este lunes 3 de mayo La Procuraduría anunció indagaciones preliminares con respecto a las muertes violentas y agresiones que se han visto a lo largo y ancho del país. Según el organismo de control, “de las 26 indagaciones preliminares anunciadas por la Policía Nacional, la Procuraduría determinó asumir inicialmente 8 por poder preferente, las cuales serán conocidas por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos para la evaluación, verificación de cada caso, y determinar si es constitutivo de falta disciplinaria”.

Según la Procuraduría, entre los expedientes por los cuales este ente asume responsabilidad de investigar a integrantes de la Policía están la muerte de un de un menor de 17 años en Cali (Valle del Cauca), y dos ciudadanos de 19 años y 24 años, ocurridas en Ibagué (Tolima) y Madrid (Cundinamarca). En las 18 indagaciones restantes ejercerá “vigilancia administrativa” y “además de las quejas recibidas durante las jornadas de acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas, las remitidas por correo electrónico por ONG’s y Personerías, la Procuraduría evalúa la información difundida por los medios de comunicación, entre las que figuran los videos de redes sociales y cámaras de vigilancia; así como las copias que trasladará la Fiscalía”.

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