Pastores denuncian a la Corte por sus fallos

Comisión de Acusación evalúa la denuncia. El trasfondo es la reelección del procurador.

La abogada Mónica Roa, el saliente magistrado Humberto Sierra y el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.
La abogada Mónica Roa, el saliente magistrado Humberto Sierra y el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.

Las posturas liberales de la Corte Constitucional sobre el concepto de familia, la adopción por parte de personas homosexuales y sus uniones maritales, la despenalización parcial del aborto, la orden al procurador de que rectificara su posición sobre la pastilla del día después y las cátedras sobre derechos sexuales, y hasta la sentencia que prohibió que en fallos judiciales se citara a la Biblia o cualquier otro libro religioso, derivaron en denuncias penales y disciplinarias en contra del alto tribunal.

Bajo la premisa de que la Corte no solamente está “tergiversando” el espíritu de la Constitución, sino que además está “legislando” y excediendo sus funciones y competencias, un grupo de pastores cristianos y sus abogados instauraron hace pocos días su queja ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Se trata de los pastores Luis Ernesto Correa Pinto, de la Iglesia Metodista Misionera, y Jorge Arturo Rey Villamizar, de la Iglesia Cristiana Filadelfia, y los abogados Jairo Ovalle Londoño y Jorge Alberto Méndez.

De acuerdo con su denuncia, “los magistrados de la Corte han venido extralimitándose en el ejercicio de sus funciones hasta el punto que han puesto a decir a la Constitución lo que no dice, obligando al pueblo colombiano a aceptar y cumplir la voluntad de estos nueve ciudadanos y no lo expresado por el pueblo en la Asamblea Nacional cuando se promulgó la Carta de 1991”. Tal señalamiento atiza la controversia sobre la forma en que la llegada del magistrado Luis Guillermo Guerrero inclinaría la balanza hacia una postura conservadora en este tipo de decisiones de la Corte.

Ese conservadurismo extremo tiene como telón de fondo otro escenario de poder: la Procuraduría. Para los demandantes, existen suficientes normas constitucionales que consideran que el derecho a la vida es inviolable y que el Estado debe proteger a quien está por nacer. Por esta razón, no entienden que recientemente se hubiera hecho que el jefe del Ministerio Público se rectificara tras asegurar que la llamada pastilla del día después era abortiva, en contraste con informes científicos que indican que es anticonceptiva, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional.

Uno de los casos que critican los demandantes se refiere al periodista estadounidense Chandler Burr, a quien la Corte le entregó dos niños en adopción, arguyendo que su bienestar era mucho más importante que la orientación sexual del adoptante. Los pastores rechazaron el fallo y de nuevo acudieron a un artículo de la Constitución que reza que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Paradójicamente, esos fueron los mismos argumentos de la Corte para justificar su determinación.

Los pastores sostuvieron que cuando la Corte prohibió la utilización de citas bíblicas en sentencias desconoció el preámbulo de la Carta Política, que invoca la protección de Dios, y que allí está consagrado el derecho a la libertad religiosa y de cultos. Citando una de esas normas que señalan que ninguna iglesia es ni será oficial, pero que eso no significa que el Estado sea ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos, estos cuatro ciudadanos advirtieron que los magistrados de la Corte hacen lo que quieren. Lo curioso es que el alto tribunal recurrió también a la libertad religiosa y de cultos para explicar por qué un juez no podía citar la Biblia.

Consultado por El Espectador, el abogado Iván González Amado sostuvo que no cree que esta denuncia tenga asidero alguno y que lo que se busca es un efecto en la recta final de la campaña a la Procuraduría, la cual ya parece haber ganado Alejandro Ordóñez, aunque ayer el ministro del Interior, Fernando Carrillo, dejó saber que el Gobierno no piensa en un relleno para esa terna y que escogerá a un candidato que le pueda competir al procurador. Una tesis que no parece concordar con la ventajosa realidad que les lleva Ordóñez a sus oponentes.

En esa polarización entre fuerzas que buscan respaldar la gestión del procurador o sacarlo de su despacho cuanto antes, toma forma una propuesta del portal Voz Pública para que se firme una petición ciudadana con el fin de evitar la reelección de Ordóñez. Esta iniciativa tiene el respaldo de la abogada Mónica Roa y algunas organizaciones sociales. Una de las denuncias que se hacen es el supuesto clientelismo de Ordóñez para garantizarse seguir de largo otros cuatro años. En ese contexto, según La Silla Vacía, fueron nombrados en la Procuraduría Martha Cecilia Pretelt y Francisco Javier Mendoza, hermanos de los magistrados de la Corte Constitucional Jorge Pretelt y Gabriel Mendoza.

De ser así, dice Roa, estos juristas estarían impedidos para resolver la nulidad que pidió Ordóñez para el fallo de tutela que lo hizo rectificar hace pocos días. Queda claro que detrás de este cruce de denuncias públicas, penales y disciplinarias está la visión irreconciliable de dos extremos con incidencia en la agenda política del país. De un lado, las conquistas de las minorías parecen amenazadas. En la otra orilla, opinan lo contrario.