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Con la aprobación en 2013 de la ley 1675 o ley de patrimonio sumergido, el país creó el marco normativo que permitiría el avance en la investigación, gestión y protección de los yacimientos y estructuras arqueológicas que se encuentran bajo las aguas, en el lecho marino o en aguas continentales como ríos, lagunas y lagos.
Sin embargo, la realidad ha sido otra. El prolongado litigio entre el estado colombiano y la compañía cazatesosoros norteamericana Sea Search Armada por el supuesto hallazgo del galeón San José, así como las dudas que existen sobre las bondades de la ley, sitúa el debate público sobre este patrimonio en los estrados judiciales fundamentalmente.
La sentencia del Consejo de Estado conocida la semana pasada, que falla una acción popular interpuesta por los mismos abogados que obligaron al gobierno de Colombia a reclamar a España la colección Quimbaya que se encuentra en el Museo de América de Madrid, es una prueba de la anterior aseveración.
La acción popular revisada por el Consejo de Estado fue interpuesta en 2002 y tenía como pretensión principal la anulación de la resolución 354 del 3 de junio de 1982, expedida por la Dirección General Marítima (DIMAR), por la cual se reconoció a la sociedad Glocca Morra Company como denunciante de un naufragio colonial no identificado, derecho que fue posteriormente cedido a la compañía cazatesoros Sea Search Armada (SAA).
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La importancia jurídica de este acto administrativo es que fue sobre la resolución 354 que la Corte Suprema de Justicia, luego de un largo proceso judicial, le reconoció a la SAA el 50% de la carga que no sea considerada patrimonio cultural, histórico o arqueológico de la Nación del supuesto hallazgo denunciado en las coordenadas específicas contenidas en un reporte confidencial que integraba la misma sentencia.
En este sentido, las pretensiones del demandante son rechazadas por el Consejo de Estado en razón al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que protegió el patrimonio cultural que pertenece a todos los colombianos. Esta corporación tampoco le da la razón a la Sea Search Armada, un conglomerado de inversionistas que están a la espera de que el Gobierno de Colombia dé su brazo a torcer y le conceda la propiedad del 50% del “tesoro” del San José, según las fuentes históricas, una de las embarcaciones más ricas del otrora poderoso imperio español, hundidas en aguas del Caribe, hoy en día bajo la jurisdicción exclusiva de la república de Colombia.
Aunque causó un gran ruido mediático, la sentencia de esta semana no trae nada nuevo en relación con el litigio por el galeón San José, así como tampoco aporta nada nuevo al debate ya zanjado por la Corte Constitucional, sentencia C-264 de 2014, a través de la cual se declara parcialmente inconstitucional el articulado de la ley 1675 de 2013.
En particular, señaló la Corte Constitucional, que será el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural el que defina qué es y qué no es patrimonio cultural, utilizando los criterios de representatividad, singularidad, repetición, estado de conservación e importancia científica y cultural señalados por la misma ley y el principio de unidad, recogido en otras sentencias de la Corte y en la Ley General de Cultura.
Llama la atención que en la reciente sentencia del Consejo de Estado se haya omitido el principio de unidad, cuyo alcance configura el yacimiento arqueológico en el que se encuentra el galeón San José como una sola unidad conformada por la matriz sedimentaria en la que yace el pecio, la estructura de la embarcación y los bienes muebles que incluyen lingotes y monedas de oro y plata hasta artefactos e implementos de uso cotidiano que pertenecieron a la tripulación y a los pasajeros de la embarcación.
En sentido estricto, estos elementos conforman un contexto arqueológico y de su correcta documentación e integridad dependen las inferencias que los arqueólogos puedan hacer sobre los aspectos históricos y culturales contenidos en esta especie de burbuja del tiempo hundida a más de 700 metros de profundidad.
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¿Qué pasa con el resto del patrimonio sumergido?
Como ningún otro gobierno, el de Juan Manuel Santos puso todo su empeño en la aprobación de la ley de patrimonio sumergido en el Congreso de la República. Luego de tres intentos en gobiernos anteriores, la ministra de cultura Mariana Garcés logró el cometido de aprobar una ley que fue cuestionada en diversas oportunidades por la generosa puerta que se abría a empresas de cazatesoros dispuestas a ofrecer recursos económicos y tecnológicos para las operaciones de búsqueda, localización y rescate de los restos de embarcaciones coloniales hundidas con sus cargamentos de oro y otros materiales preciosos. Todo un triunfo para una industria que mueve entre la especulación financiera y la destrucción del patrimonio cultural miles de millones de dólares.
La ministra de cultura defiende la ley como el instrumento eficaz para la gestión, investigación y acciones de apropiación social de un patrimonio usualmente visto como tesoro. Así, al menos está señalado en el objeto de la 1675, pero en la realidad la promesa de la ley se ha quedado en el papel.
La gestión del patrimonio cultural en general depende de un conocimiento preciso a través de inventarios de bienes culturales que permitan identificar el estado de los bienes, las prioridades en su conservación y a la generación de acciones que contribuyan a su valoración por parte de la sociedad.
A cinco años de aprobada la ley de patrimonio sumergido no se conocen iniciativas gubernamentales orientadas a la elaboración de inventarios de patrimonio cultural sumergido en aguas colombianas. No se han realizado para el patrimonio submarino, mucho menos para otro tipo yacimientos que se encuentran en el continente, bajo las aguas de ríos, lagunas y lagos interiores.
El marco institucional que permita acometer la investigación y gestión del patrimonio cultural sumergido es aún muy frágil.
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Sobre los contextos arqueológicos sumergidos diferentes a los galeones coloniales, no tenemos una idea cierta de la gestión de este patrimonio constituido por embarcaciones, restos de puertos y asentamientos humanos cubiertos parcial o totalmente por el agua, además de lugares que fueron considerados sagrados por las poblaciones indígenas, como es el caso de lagos y lagunas en la Cordillera Oriental colombiana.
Como en el caso de los contextos arqueológicos terrestres, estos sitios pueden estar en riesgo por causa de obras de infraestructura y de desarrollo que se realizan bajo el agua o en espacios ribereños y costeros.
Los restos de una embarcación española del siglo XVIII, descubierta en la bahía de Cartagena recientemente, muestra las múltiples dimensiones de la gestión de este patrimonio, que requiere de la constitución de equipos multidisciplinarios con la participación de arqueólogos, biólogos marinos, conservadores, oceanógrafos, entre otros.
Por otro lado, mostró que la conservación de los materiales arqueológicos precisa de la existencia de infraestructuras dotadas de equipos y personal idóneo para el tratamiento de materiales saturados de agua, cuya fragilidad involucra procesos físicos y químicos de mediana y alta complejidad.
En materia de apropiación social del patrimonio cultural sumergido son escasas las iniciativas que involucren a las comunidades y poblaciones que están en las vecindades de los sitios arqueológicos. Históricamente los colombianos hemos estado a espaldas de los espacios acuáticos, a pesar de las múltiples tradiciones culturales que se construyen en estos escenarios. El gran interés que genera en el público este patrimonio es una oportunidad para su puesta en valor y la concienciación sobre un patrimonio común.
Los retos hacia el futuro
Si el gobierno actual logró hacer realidad el marco normativo para el patrimonio cultural sumergido, los retos del próximo gobierno será el desarrollo de la institucionalidad que permita a los colombianos conocer, valorar y disfrutar este importante patrimonio.
En particular es urgente dotar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) de la institucionalidad que se encargue de manera específica del desarrollo de políticas en materia de PCS.
Estas políticas deben involucrar la formación de capital humano cualificado para afrontar los retos pendientes en alianza con instituciones de educación superior del ámbito público y privado. La formación de profesionales idóneos en la materia debe iniciar con los propios funcionarios de las instituciones que deben actuar sobre esta riqueza cultural colombiana.