:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/VjHJQaVchtsvmagMRCRdrPYOPb0=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/EHSI7GCAM5FLPHYDADOXFWTAH4.jpg)
Mientras se pronostica un año en el que la Fiscalía de Eduardo Montealegre enfilará baterías para atacar las supuestas irregularidades que cometieron la excontralora Sandra Morelli y su círculo más cercano, las más recientes decisiones judiciales han dejado mal parado al ente investigador. Tras el regaño a la Fiscalía por parte del Tribunal Superior de Bogotá a raíz de las supuestas incongruencias en el expediente Morelli, el juez 28 de control de garantías de Bogotá se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a dos funcionarias del organismo de control que están siendo investigadas por supuestos rastreos ilegales.
Se trata de Mónica Cano Bedoya, que era asesora de Morelli, y Edith Rocío González Martínez, que era coordinadora del laboratorio informático de la Contraloría. Ambas continúan trabajando en el organismo de control, pero no en cargos directivos, y son procesadas por los delitos de prevaricato, abuso de función pública, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y falsedad ideológica en documento público, porque entre el 5 y el 15 de julio de 2011 supuestamente recolectaron información reservada de un disco duro en el que había datos de por lo menos 70 personajes de la vida nacional, al igual que de la empresa privada.
Según publicó este diario, Cano y González estaban inspeccionando los computadores de la EPS Saludcoop para evidenciar las irregularidades que se gestaron en la entidad. Pero lo curioso del caso es que, al parecer, la entonces coordinadora del laboratorio de informática solicitó realizar una consulta con el fin de buscar coincidencias en un disco duro para saber si aparecían los nombres, entre otros, de los entonces ministros Juan Carlos Esguerra, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Santamaría, la excongresista Dilian Francisca Toro y el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González. Según la Fiscalía, esto rastreos fueron ilegales por acceder a bases de datos e información porque supuestamente las funcionarias supuestamente ocultaron el computador en el que quedaron registrados estos movimientos.
Morelli se defendió en su momento y aseguró que estas labores hacían parte de las complejas pesquisas que se adelantaban por el caso Saludcoop. Sin embargo, la hipótesis de la Fiscalía es que las acciones de Cano y González fueron irregularidades y excedieron sus competencias, pues no se sustentaron las razones por las cuales debían ser investigadas esas personas, ya que todo se limitaba a un proceso de control fiscal a la EPS por los manejos de recursos parafiscales.
La investigación de la Fiscalía contra Cano y González parecía ser sólida. Sin embargo, todo se derrumbó con la decisión del juez de no enviarlas a prisión y con los argumentos de la defensa. Según le explicó Cano a este diario, tanto ella como González lograron demostrarle al juez que el rastreo de los nombres no obedeció a ninguna chuzada, seguimiento o interceptación, sino al rastreo de unos nombres y caracteres hallados en un disco duro. Agregó que el proceso hacía parte de una indagación preliminar y no de un proceso de responsabilidad fiscal, por lo que se trataba de verificar el rastro de los recursos para establecer relaciones que develaran la trazabilidad de los recursos y la posible participación de las personas o empresas en algún posible detrimento.
Cano precisó que en ningún momento se ha perdido un disco duro o computador en el que existieran pruebas de las supuestas chuzadas, ya que los procedimientos que se realizaban en el laboratorio se hacían en un solo computador, y cuando la Fiscalía solicitó en físico el disco, no se lo pudieron entregar porque sólo existía una torre en la Contraloría en la que se adelantaban otras pesquisas, por lo que hicieron copias. La defensa de las imputadas manifestó que ellas obedecían órdenes y que ninguno de sus informes son resoluciones sino análisis. Además dijo que la Fiscalía incurrió en un error al decir que se violó la cadena de custodia, ya que esta situación es exclusiva de una investigación penal.
Para Mónica Cano, el trasfondo de su proceso es Saludcoop y las investigaciones que adelantaron para determinar la responsabilidad fiscal de la EPS por $1,8 billones. La funcionaria puntualizó que ni siquiera se realizó un estudio de arraigo para solicitar la medida de aseguramiento en su contra, en el cual se hubiera demostrado que ella es madre cabeza de familia y González una mujer viuda.
La pelea está al rojo vivo. La Fiscalía parece no ceder y en estos momentos espera que se resuelva su apelación a la decisión del juez de dejar libres a Cano y González.