La pelea de los indígenas en Corinto

Más de ocho mil nativos del norte del Cauca dicen que permanecerán en las haciendas donde están los cultivos de caña de los ingenios Manuelita y Mayagüez, hasta que el Gobierno les entregue esas tierras y 20 mil hectáreas más. Petición que, según el Estado, sobrepasa lo acordado.

El Esmad controla la zona de confrontación para presionar la salida de los indígenas de las haciendas invadidas. /Fotos: Fernando Rojas

Las confrontaciones entre indígenas y la Fuerza Pública se agudizan en el norte del Cauca. En los predios donde están los cultivos de los ingenios Manuelita y Mayagüez (Quebrada Seca, Miraflores, Granadita y García) permanecen más de ocho mil indígenas de 20 cabildos exigiendo que el Gobierno les cumpla un viejo acuerdo: la entrega de tierras por la masacre del Nilo en 1991.

La petición es concreta: 20 mil hectáreas para los nativos del norte del departamento y 6.500 hectáreas para el cabildo indígena de Corinto, incluyendo los predios donde se asientan las empresas cañeras en ese municipio. “El Gobierno está enterado del tema y estamos esperando que cumpla para superar esta situación. El levantamiento indígena viene desde el mes de diciembre, cuando fueron tomadas estas tierras por la industria cañera. Aquí es donde hacemos presencia las comunidades. El Gobierno debe entregarnos estos predios porque arriba en la montaña ya no hay tierra para trabajar”, dijo Feliciano Valencia, unos de los líderes de esta movilización autónoma de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

Y se dice autónoma porque el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), órgano que agrupa a los indígenas de este departamento, no está metido en la movilización, pero ha respetado la decisión de esa comunidad.

Por ello, el secretario de Gobierno del Cauca, Amarildo Correa, dijo que aunque la pretensión de los aborígenes es la liberación de la madre tierra, “están aspirando a que el Gobierno les otorgue 20 mil hectáreas de tierras más por fuera de los acuerdos que ya tienen pactados con el nivel central”. Sin embargo, medios regionales, como El País, aseguran que con el decreto 982 de 1999, expedido como reparación por la masacre del Nilo, el Estado se comprometió a entregarles a los resguardos 170 mil hectáreas en el Cauca.

Esta situación alteró el orden público desde el jueves en Corinto. Óscar Quintero, alcalde de ese municipio, afirmó que los enfrentamientos entre miembros de la Fuerza Pública y comunidades indígenas “dejan como resultado el daño de la tubería del acueducto regional que se está construyendo. A la vez se ven cañales incendiados y policías e indígenas golpeados. Los indígenas también dañaron el puente que comunica a Corinto con Miranda”, puntualizó el mandatario.

En ese sentido, Amarildo Correa fue enérgico al rechazar las vías de hecho de las comunidades nativas, señalando que el gobierno departamental debe defender los derechos de todos los caucanos. Y fue más allá al decir que “la dirigencia indígena tendrá que responderle al departamento y a la nación por este tipo de daños. Ellos guardan un silencio absoluto sobre el tema. El gobierno departamental ha estado tratando de contactarlos, pero ha sido muy complicado”, dijo el funcionario.

Así las cosas, lo cierto es que esta confrontación deja varios resultados lamentables. Por un lado, la Policía del Cauca dice que en total son doce los agentes del Esmad heridos y que hasta ayer habían sido trasladados a centros asistenciales a causa de impactos de arma de fuego, machete y tatucos.

De hecho, ayer al mediodía, el comandante de la Policía en el Cauca, Ramiro Iván Pérez Manzano, descendió en un helicóptero a la zona rural de Corinto y en medio de las hostilidades trasladó a tres policías heridos que fueron remitidos a la clínica Valle de Lili.

En la otra orilla, las comunidades indígenas rechazan el uso desmedido de la fuerza para desalojarlos de los predios. Los datos que manejan hablan de 40 nativos heridos, dos de ellos con arma de fuego. Y denuncian además la aparición de un panfleto que en la noche del jueves llegó a las oficinas del CRIC, firmado por “Los Rastrojos, comandos urbanos” y titulado “Justicia por un país que no puede seguir de ruana”.

Más adelante el documento, de dos páginas, señala que “por la defensa del patrimonio, la lealtad social y el desarrollo del país, nos vemos en la obligación por tercera vez de llamar al orden a los líderes y organizaciones indígenas del Cauca”. Y concluyen amenazando de muerte con nombres propios a los dirigentes del CRIC y la ACIN: “después no digan que no les avisamos”.