La pelea por la plata para las víctimas del Fondo Premium

Tomás Jaramillo. / Juan Carlos Ortiz. / Ricardo Martínez. - Archivo El Espectador

“La plata de las víctimas del Fondo Premium ya está”, afirmaron los protagonistas del gran escándalo bursátil de las últimas décadas, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, los dueños del 100% de las acciones del fondo, así como Ricardo Martínez, su mano derecha. Según sus cuentas, entre los activos del fondo, los bienes —aún no valorados en su precio comercial— y las empresas intervenidas por la Superintendencia de Sociedades hay recursos de sobra para el proceso de liquidación. Algo más de $50.000 millones sería, según ellos, el excedente después de pagar $350.000 millones que aún se adeudan.

Otra versión, sin embargo, tienen los abogados de las víctimas y las personas que conocen la liquidación. Dicen que esas son “cuentas alegres”, que no tienen sustento y son simples especulaciones, pues aún no hay avalúos reales. Que detrás de esas cifras está el interés de recibir beneficios, como un principio de oportunidad, y no sacar un peso del bolsillo para reparar a las 1.028 víctimas que dejó el descalabro del Fondo Premium.

Los reparos de Jaramillo y Ortiz, llamados a juicio hace tres meses por haber convertido al Fondo Premium en su caja menor, tienen que ver con los balances que presentó el liquidador Alejandro Revollo el pasado 5 de agosto en una asamblea con los inversionistas. Para ellos, es necesario que se realice una liquidación eficiente y con los cálculos reales de los activos del fondo. En la otra orilla, asistentes a la presentación de Revollo precisaron que la liquidación ha sido un trabajo serio y que es aventurado presentar esas cifras, porque, si bien podrían incrementar los recursos para la reparación tras los avalúos, lo que hoy existe tan sólo es un inventario sin precios actuales y todo es especulación.

“Las discrepancias de valores entre Jaramillo, Ortiz y Martínez con el liquidador se resuelven con avalúos reales, que, entiendo, son una etapa que no se ha iniciado en el proceso de liquidación”, precisó el abogado Juan David Riveros, quien representa a un alto porcentaje de víctimas. Fuentes consultadas explicaron que en el proceso de la Supersociedades fue primero la intervención y la toma de posesión de sociedades y bienes, y ahora viene el avalúo real. Se espera que en menos de un mes se tenga el reporte técnico para así darles a los inversores expectativas fundadas, porque la hipótesis de las autoridades es que faltará plata.

Las críticas de los protagonistas del descalabro financiero comienzan con los activos del Fondo Premium que Revollo reportó en la asamblea. En el primer punto se refieren a las acciones en Coltejer, Odinsa, la Bolsa Mercantil de Colombia y Fabricato, que se compraron a través de las sociedades Rentafolio Bursátil y Valores Incorporados. Según Jaramillo, Ortiz y Martínez, de ahí se lograrían recuperar casi $27.000 millones si las acciones se vendieran hoy, estimación contraria a la del liquidador, quien indicó que el valor real rondaría los $17.000 millones.

La diferencia radica en que, mientras los procesados aseguran que la acción de Fabricato se podrá vender a $35, basándose en estudios de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Revollo estimó el precio a partir de la cotización que tuvo durante julio de 2015 en la BVC: $15. Cabe recordar que los bonos de Fabricato, antes de estallar el escándalo, llegaron a costar más de $80.

El segundo alegato que hacen Ortiz, Jaramillo y Martínez es que al Fondo Premium le deben $281.700 millones, de los cuales, según un reporte de la firma Trigono, contratada por el liquidador para evaluar cuánto se podía recuperar de estas deudas, sólo es posible obtener el 12,7%, es decir, $33.804 millones. Sin embargo, otras fuentes precisaron que, si bien estas cifras son representativas, los deudores son personas como Alessandro Corridori, Víctor Maldonado y empresas que ya fueron liquidadas y sus acciones valen cero pesos.

Jaramillo, Ortiz y Martínez, además de las deudas de Rentafolio Bursátil y Valores Incorporados, suman las de otras compañías intervenidas, que, según sus cuentas, serían algo más de $61.000 millones. En la otra orilla, fuentes de la Supersociedades explican que en los registros de la liquidación ni siquiera las tienen en cuenta, ya que se trata de empresas que no existen o de las que sólo se podrían recuperar unos $5.000 millones.

Una de las peleas más enconadas dentro del proceso penal y de liquidación ha sido la cesión de las acciones con derecho a voto que tenían Ortiz y Jaramillo en el Fondo Premium. Éstas dan la posibilidad de reclamar activos que están en el Banco Central de Curazao, lugar donde se creó el fondo. Mientras los cerebros del descalabro dicen que ya le cedieron las acciones a Revollo y que él tiene la posibilidad de reclamar algo más de $85.000 millones en créditos, fuentes cercanas al proceso dijeron que en ningún momento hubo cesión sino toma de posesión. Es decir, se las arrebataron.

Un funcionario precisó que aún falta ajustar detalles con el banco extranjero para recuperar recursos que, al parecer, llegan a los US$10 millones, menos de la mitad de lo que Jaramillo, Ortiz y compañía aseguran que se puede recuperar. La razón por la cual esta disputa de plata es tan importante es porque esa fue la propuesta de Ortiz y Jaramillo para acceder a rebajas o beneficios penales.

Las víctimas se negaron a ello advirtiendo que esas acciones ya estaban en poder de Revollo desde 2013 y que Jaramillo y Ortiz ratificaron en febrero de este año que el único que tenía derechos sobre estos títulos era el liquidador, para permitir agilidad de los procesos en el extranjero. En Curazao hay US$6,5 millones en cuentas congeladas, los créditos con Andean Capitals y las deudas de EasyFly, empresa interesada en devolver casi US$1 millón.

Personas cercanas al proceso dijeron que algunos de los créditos en el exterior tampoco se recuperarán y que el proceso con el Banco Central de Curazao va adelantado, al punto que se propuso trasladar la plata a un fidecomiso en Curazao e ir pagando los dineros en proporción a las inversiones realizadas por las víctimas.

La mayor discrepancia entre las cuentas de la liquidación y los procesados se da en el valor comercial de las más de 25 empresas intervenidas por la Supersociedades. Ortiz, Jaramillo y Martínez sostienen que se está mintiendo sobre los activos que se pueden recuperar. Mientras unas cuentas indican que se pueden obtener $62.000 millones —teniendo en cuenta que el valor puede subir, ya que se trata de una valoración sin precios de mercado—, para los implicados en el descalabro de esas empresas intervenidas quedan $147.000 millones disponibles.

Ortiz, Jaramillo y Martínez sostienen que entre las inversiones hay importantes recursos que se pueden derivar de la participación en empresas como Archie’s y el h Santa Clara en Cartagena, por lo que la cifra presentada en el informe de la liquidación se superaría con creces. Consideran que en los libros se habla de un precio muy por debajo del verdadero valor comercial de esas inversiones.

Por ejemplo, los cerebros del Fondo Premium estiman que con la venta de Archie’s (acciones de Víctor Maldonado) se pasaría de obtener $ 7.600 millones a $11.500 millones como mínimo; que la participación del 15% de Maldonado en el hotel Santa Clara se podría vender en US$100 millones, según una oferta que le hicieron hace unos años; que las inversiones de la sociedad Las Bóvedas no costarían $269 millones sino alrededor de $10.000 millones, según los precios del metro cuadrado, y que el lote Getsemaní (Cartagena) estaría avaluado en $24.000 millones.

Al ser consultados sobre estas cifras, algunos abogados de víctimas indicaron que Revollo informó en la asamblea que el precio de Archie’s podría subir, ya que se estima que se podría vender la participación de Maldonado entre $33.000 millones y $55.000 millones, pero que era aventurado hablar de números sin avalúos oficiales. Agregaron que es ilógico pensar que una porción del hotel Santa Clara cueste US$100 millones, ya que se estaría hablando de precios irracionales, como que todo el hotel valdría US$660 millones, y sin estudios serios, en comparación a los últimos negocios que se han realizado en el sector hotelero.

Personas que conocen el proceso de liquidación manifestaron que esas cifras son especulaciones porque gran parte de la cartera de las empresas en que se realizaron inversiones son malas, están castigadas o ya fueron liquidadas. Y añadieron que en el caso del hotel Santa Clara se está esperando el informe de una reconocida firma valorizadora de Estados Unidos que daría un precio muy inferior a los US$100 millones.

Ortiz, Jaramillo y Martínez también tienen serios reparos al inventario de bienes en manos de Revollo. Temen que carros de colección, lotes en el Caribe, fincas agrícolas en Quindío y casas de descanso en Cundinamarca queden a precios irrisorios. Por ejemplo, un carro Ford F 256 del 78 está avaluado en $7 millones; un Porsche 911 Targa del 76, en $25 millones; Jeeps Willys de colección de la Segunda Guerra Mundial, en $2 millones, y una isla de Víctor Maldonado en Barú, en $142 millones, cuando costaría más de $5.000 millones. Un funcionario de la Supersociedades consultado dijo que son temores infundados porque las 156 propiedades intervenidas —que por el momento suman $110.400 millones— aún no tienen valores de mercado.

Entre los señalamientos más recientes contra el liquidador Revollo figuran sus altos honorarios, que dejó podrir cultivos en fincas productoras, que dejó las deudas de los inversionistas en dólares (moneda que se disparó al cielo en un año) y que, supuestamente, pretendía recibir una comisión por la venta de Archie’s. Allegados al abogado aseguraron que no ha recibido más de $500 millones en tres años —$16 millones mensuales— por su trabajo, que todos los gastos están soportados ante la Supersociedades y que, si bien ha recibido ofertas por la cadena de restaurantes, esperará hacerlo en una subasta pública.

Una fuente consultada explicó que, a pesar de que la deuda ha crecido por culpa del dólar, Revollo nada puede hacer al respecto, ya que la Ley de Comercio ordena que al momento de pagar las deudas a las víctimas que hicieron sus inversiones en dólares la cifra debe monetizarse en pesos con base en la tasa de cambio a la fecha.

En cifras redondas, los cerebros del descalabro de Fondo Premium creen que las cuentas son claras y los activos que por años malversaron aún alcanzan para reparar a las víctimas, ya que se habla de $411.000 millones, por eso insisten en que, gracias al “comité de aplausos” hacia Revollo en las asambleas, no se está dando información real. Para Ortiz, Jaramillo y Martínez, si se hace una buena labor, el 90% de las víctimas, cuyas inversiones no superan los $1.000 millones, podrían ser reparadas inmediatamente.

Pero los abogados de las víctimas no están de acuerdo con esa afirmación, ya que el sistema de reparación es por cabeza, en igualdad de condiciones, y no por el monto de la inversión. Palabras más, palabras menos, a medida que se recuperen dineros serán entregados en cantidades iguales, sin importar si a una persona se le deben mil dólares y a otra un millón. “Es válido que los activos pueden beneficiar a la gran mayoría, pero no sobre especulaciones, porque aún faltarían $130.000 millones, según las primeras cuentas”, le dijo uno de ellos a este diario.

“Esta es una forma de despistar a la opinión para decir, sin fundamentos, que hay fondos suficientes para pagar. Las cifras entregadas son especulaciones y es fácil decir que valen tanto y hacerles creer a las víctimas que hay plata suficiente para así salir de la cárcel, obtener beneficios jurídicos y, lo peor de todo, no pagar. Ortiz y Jaramillo no son los que más bienes han entregado para reparar a las víctimas, y no pueden ponerles precio a las sociedades y propiedades. Lo que se demuestra aquí es lo mismo que han hecho en el proceso penal: no pagar con su patrimonio. Se robaron gran cantidad de dinero”, afirmó otro de los abogados de víctimas.