Pelotera en la Universidad Nacional por fallo de la Procuraduría contra el profesor Beltrán

El docente e investigador Miguel Ángel Beltrán fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por sus presuntos nexos con las Farc.

El profesor e investigador Miguel Ángel Beltrán, destituido e inhabilitado por la Procuraduría. / Luis Benavides

Cinco años lleva Miguel Ángel Beltrán, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional, intentando demostrar que no es alias Jaime Cienfuegos. En 2009, cuando se encontraba haciendo una estancia posdoctoral en la Universidad Autónoma de México, fue detenido y deportado a Colombia, donde la Policía lo presentó como un ideólogo y enlace internacional de las Farc. Entonces, el presidente Álvaro Uribe le agradeció por la captura a su homólogo mexicano, Felipe Calderón, y declaró que se acababa de aprehender “a uno de los terroristas más peligrosos de esa organización”. Dos años después, luego de haber estado recluido en las cárceles Modelo y La Picota, una jueza de Bogotá lo absolvió de los delitos que le imputó la Fiscalía. El ente acusador lo había señalado de usar su trabajo como profesor de la Universidad Nacional para difundir el programa político de la guerrilla entre sus estudiantes y en congresos internacionales de sociología.

La jueza determinó que la información proveniente de los computadores del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes, la prueba reina del ente investigador, no podía ser valorada porque había sido obtenida “ilegalmente” por el Ejército en la Operación Fénix. Asimismo, respecto a cinco documentos encontrados en una USB del profesor, estableció que no permitían “inferir sin asomo de duda que él suscribió como ideólogo de las Farc escritos en los que se evidencie su pretensión de derrocar el régimen constitucional en apoyo a la causa guerrillera”. Una vez libre, Beltrán se refugió en Venezuela y en Argentina para salvaguardar su vida porque, según él, iba a ser asesinado por paramilitares. Recién en octubre del año pasado regresó a Colombia, temeroso de que la Nacional lo destituyera por abandono del cargo.

En febrero se vinculó nuevamente a la universidad y empezó a impartir sus cátedras de Pensamiento Sociológico Latinoamericano, Sociedad Colombiana del Siglo XX y Teoría Sociológica Contemporánea. En sus clases continuó abordando temas del conflicto armado, revoluciones y movimientos sociales, que han constituido su campo de investigación. Sus tesis sobre el origen agrario y el carácter político de las guerrillas colombianas fueron acogidas positivamente por sus estudiantes e hicieron parte del análisis coyuntural sobre los actuales diálogos que adelanta el Gobierno con las Farc en Cuba. Sin embargo, cuando la vida académica del profesor parecía estabilizarse, una decisión administrativa volvió a desligarlo de los claustros.

El pasado 12 de septiembre, el rector de la Nacional, Ignacio Mantilla, expidió la resolución que dio cumplimiento al fallo de la Procuraduría que destituye e inhabilita al profesor Beltrán para ejercer cargos públicos durante los próximos 13 años por, nuevamente, sus presuntos nexos con las Farc. La decisión ha suscitado una polémica en la Nacional, cuyos estudiantes y profesores han manifestado indignación, no solamente porque la destitución obedece a señalamientos que la justicia penal ya desvirtuó, sino porque la consideran un ataque frontal a la libertad de cátedra.

La profesora e investigadora María Teresa Pinto, excoordinadora de la Maestría en Estudios Políticos, escribió una dura carta en defensa de Beltrán. Según ella, “la Procuraduría está tergiversado al aducir que el profesor es terrorista por sus posturas académicas. Ahora todos aquellos que consideremos que las Farc tienen un origen campesino, que merecen un tratamiento político, somos miembros de la organización armada”, y añadió: “Este es un gravísimo atropello, no sólo contra el profesor, sino con el espíritu de libertad de cátedra y pensamiento que ha inspirado el desarrollo de los sistemas educativos modernos”.

De acuerdo con Beltrán, “esto afecta en su conjunto a la universidad pública. El día de mañana, cualquier profesor, no solamente que hable del conflicto, sino a favor del aborto, por ejemplo, podría ser disciplinado por el procurador con el argumento de que está incitando al delito. Esa es la gravedad de la situación”. En el mismo sentido se pronunciaron el consejo académico, el consejo de sede, el comité de representantes profesorales y los académicos asistentes al XI Congreso de Sociología, quienes le solicitaron al rector Mantilla abstenerse de aplicar el fallo apelando a la autonomía universitaria.

Sin embargo, el rector asegura que “esa autonomía no nos alcanza para incurrir en la ilegalidad. En la Constitución es muy claro que el procurador puede ejercer un poder preferente, disciplinario, para imponer las respectivas sanciones. De la misma manera que el presidente Santos tuvo que obrar en el caso de la destitución del alcalde de Bogotá, yo tengo que acatar este fallo. Aquí no se trata de si es justo o no, es un trámite que debo cumplir”.

Otra cosa piensa Itayosara Rojas, estudiante de Beltrán, quien opina que “la Nacional se encuentra jugando un papel muy importante en el proceso de paz. Miembros de la Comisión de la Verdad son de esta universidad y esta universidad ha organizado, junto a Naciones Unidas, los foros regionales para discutir los temas de la agenda. De ahí que, de alguna forma, esté reconociendo el carácter político de la insurgencia, cosa que también hace el profesor Beltrán. ¿Por qué la universidad no lo respalda y asume una actitud coherente?”. El rector Mantilla, en contraste, resalta que no es su deber emprender la defensa legal de Beltrán y que si un juez le ordena reintegrarlo procederá a “acatar la orden de inmediato”.

Por ahora, los estudiantes han radicado al menos 50 tutelas alegando que con la destitución de Beltrán se les vulneró el derecho a la educación y a la libertad de conciencia. El profesor, con apoyo de distintos sectores, ha emprendido una gira por diferentes ciudades para sumar apoyos a su causa, que es, en suma, la que ha mantenido durante los últimos dos tercios de su vida: investigar y enseñar sobre el conflicto armado, con una perspectiva crítica, en los escenarios propios de la universidad pública. Otra cosa dice la Procuraduría.

Las pruebas de la Procuraduría contra Beltrán

Pese a que la Corte Suprema de Justicia determinó que las pruebas recolectadas en marzo de 2008 durante la Operación Fénix, en la que se dio muerte a Raúl Reyes, eran “ilegales”, la Procuraduría determinó que “acepta la legalidad de las mismas, por lo que no las excluirá de los procesos disciplinarios adelantados contra servidores públicos que han sido evidenciados como colaboradores de las Farc”. Por eso, en el caso contra el profesor Miguel Ángel Beltrán, tomó decisiones con base en la información que contenían esos computadores y que, según el Ministerio Público, permiten deducir que “la labor de docente que venía desarrollando el señor Beltrán era una fachada para cumplir su labor como colaborador de las Farc”. Al respecto, el estudiante de economía de la Universidad Nacional Leonardo Rojas señala que “ahora la pelea contra la oposición va a ser en el escenario jurídico. No se nos va a dar muerte, pero cada vez que salgamos a decir una cosa diferente a lo planteado por el Estado, vamos a terminar en la cárcel o destituidos”.

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