Periodistas exigen acceso a las audiencias del caso de corrupción en la Modelo

Varios reporteros judiciales de diversos medios de comunicación radicaron una tutela para que puedan conocer del proceso contra el exdirector de esa cárcel y de cuatro personas más. Fiscalía pidió que se les vetara el ingreso a las audiencias y un juez de Garantías así lo avaló.

El coronel César Augusto Ceballos, exdirector de la cárcel La Modelo, se declaró inocente de los cargos imputados.Cristian Garavito - El Espectador

El pasado 30 de enero, la noticia del día fue la captura del coronel César Augusto Ceballos, quien hasta ese momento dirigió la cárcel La Modelo en Bogotá. Ceballos, anunció el propio fiscal general acompañado de la ministra de Justicia y del director del Inpec, “habría diseñado un esquema de corrupción para conceder beneficios a los reclusos, permitir el ingreso de drogas y otros elementos restringidos por el sistema penitenciario o avalar visitas en horarios no autorizados”. La importancia de la información, la manera como fue presentada y quienes asumieron la vocería del tema eran indicadores de que el caso era clave.

Ese día también fueron detenidos el capitán Néstor Bernal Reyes, jefe de vigilancia de los patios; Ana Rosa Casas y José Armando Suárez, propietarios de inmuebles cercanos a la cárcel; y Yovanny Rincón, conductor del director de la cárcel La Modelo. El 31 de enero, periodistas de todos los medios se dirigieron al complejo judicial de Paloquemao, en el occidente de Bogotá, para cubrir la audiencia de imputación de cargos. Pero, al llegar, “el Juzgado accionado consideró, previa solicitud de la Fiscalía accionada, que las audiencias eran de carácter reservado, y ordenó a la prensa abandonar la sala, sin mayor motivación”.

(En contexto Drogas, whisky y visitas en horarios no permitidos: así era la corrupción en la Modelo)

El entrecomillado pertenece a la tutela que varios reporteros de diversos medios de comunicación acaban de radicar ante el Tribunal Superior de Bogotá. Los periodistas reclaman que, luego de que la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y el Inpec publicitaran con bombos y platillos su “encerrona a la corrupción en el sistema carcelario y penitenciario del país”, el Juzgado 22 Penal de Garantías les cerró la puerta y los dejó por fuera de la sala de audiencias, afectando así derechos como la libertad de prensa y el trabajo.

Según se cuenta en la tutela, el mencionado juez impidió a los reporteros presenciar la imputación de cargos sin dar mayores razones, a pesar de que la ley exige que en estos casos se emita un auto motivado. Además, señalaron los tutelantes, la audiencia se hizo de forma reservada a pesar de que “no se trataba de uno de los casos contemplados para invocar e imponer reserva de la actuación”. El sistema penal acusatorio indica que, por principio de publicidad, las audiencias son públicas, con excepciones: procesos de violencia sexual, motivos de seguridad nacional, orden público o moral pública, respeto a víctimas menores de edad o interés de la justicia.

El argumento de que la audiencia debía mantenerse bajo reserva molestó a varios de los periodistas judiciales, sobre todo, cuando encontraron en el diario El Tiempo la publicación “Los audios que enredan al director de La Modelo”, en los cuales se revelaban grabaciones de personas cercanas a reclusos de ese centro penitenciario explicando la corrupción que, al parecer, fomentaba el coronel César Augusto Ceballos -quien se declaró inocente-. “Ese y otros audios fueron revelados en la accidentada audiencia de este martes, en la cual la Fiscalía pidió enviar a Ceballos a prisión”, señala el diario en su nota.

La conclusión de los tutelantes fue que la propia Fiscalía, la misma que había pedido al juez una audiencia sin medios, había filtrado los audios. El artículo se publicó el pasado 6 de febrero. Al día siguiente, los periodistas radicaron un derecho de petición ante el Juzgado 22 Penal de Garantías, preguntando por qué les habían vetado el acceso a las audiencias del caso de corrupción en La Modelo. “Por solicitud de la Fiscal de conocimiento, argumentando un supuesto riesgo para las víctimas y las resultas de la actividad investigativa”, respondió el Juzgado.

Como las audiencias continuarán el próximo 15 de febrero, los periodistas decidieron recurrir a la tutela. Recordaron otros casos en los que también se les habría vulnerado el derecho a la libertad de expresión e información -como el del líder camionero Pedro Aguilar- y expresaron: “En Colombia la publicidad es un elemento esencial y de fondo en el proceso penal, relacionado con el deber de los funcionarios judiciales de dar a conocer a la comunidad sus decisiones (tanto Fiscalía como los jueces hacen parte de la rama judicial) y solo puede ser limitado a través de excepciones de carácter legal”.

Agregaron: “El Juez de Control de Garantías no es libre de volver reservadas las audiencias preliminares, sino que solo puede hacerlo por motivos previamente establecidos en la ley y a través de una argumentación suficiente que pondere todos los derechos en pugna, situación que no ocurrió en el presente asunto”, resaltando algo que les preocupa enormemente, y es que el fundamento para sacar a los periodistas (riesgo para la víctima) no es legalmente causal de reserva. “Lo que olvidan los funcionarios, quizá intencionalmente, es que la denunciante es un testigo de la Fiscalía, más no una víctima dentro del proceso penal”.

(Lea: Director de La Modelo se declaró inocente por corrupción al interior de la cárcel)

Ahora, está en manos de otros jueces evaluar la actuación de su colega en este caso y entregar más elementos para este debate que resulta clave para la libertad de prensa y de información en el país, pues podría sentar un precedente importante con respecto a cómo y cuándo puede un juez decretar que una audiencia debe hacerse a puerta cerrada, evitando así el ingreso de los medios de comunicación.

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Redacción Judicial

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