Polémica por pagos del Comité de Presos Políticos
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Persisten los enredos en el caso Uribe

Lo más probable es que la Corte Suprema se tome más de diez días para decidir la situación jurídica del senador Álvaro Uribe. Inquietud por sobrevuelo de dos drones en la zona donde está la Sala de Instrucción.

Los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe, y el director del CSPP, Franklin Castañeda. Cristian Garavito - El Espectador / AFP

En una discusión mayúscula ha resultado el tema de los dineros entregados a testigos relacionados con el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, vinculado formalmente a una investigación por fraude procesal y soborno. Lo que la Corte Suprema trata de establecer es si el senador del Centro Democrático hizo o no maniobras para manipular a testigos que han declarado en su contra, acusándolo de haber fomentado grupos paramilitares en Antioquia —cosa que Uribe ha negado hasta la saciedad—. Hasta hace unos días, el foco estaba puesto totalmente en el lado de Uribe. Pero, ahora, está en la orilla de su contraparte, el congresista del Polo Iván Cepeda.

Información divulgada por medios sacó a flote los pagos que recibió la familia de Juan Guillermo Monsalve de parte del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP). Monsalve es uno de los testigos claves en contra del expresidente Uribe, pues le ha dicho a la justicia que él mismo vivió la creación y expansión de grupos paramilitares en el norte de Antioquia de la mano de Álvaro y Santiago Uribe, porque el grupo ilegal habría sido creado en una finca de ellos llamada Guacharacas, en la cual el padre de Monsalve era mayordomo. Casi $16 millones que recibió la familia de Monsalve de parte de esta organización y, por ello, según un confidencial de Semana, el CSPP será denunciado.

“Nosotros no le hemos entregado dinero a Juan Guillermo Monsalve. Hicimos un aporte a algunos familiares cercanos a Monsalve ante la situación de riesgo que ellos manifestaron. No es la primera vez que atendemos a personas que hayan pertenecido a grupos paramilitares y vieron comprometida su seguridad por los testimonios que rindieron ante las autoridades. Ahora, esos elementos (los comprobantes de los pagos que salieron a relucir en medios de comunicación) están lejos de ser novedosos. los entregué yo directamente a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría, y en su momento hasta fui contrainterrogado por la defensa de Uribe”, le dijo a este diario Franklin Castañeda, presidente del CSPP.

¿Qué llevó al CSPP a dar casi $16 millones a la familia de Juan Guillermo Monsalve? Según Álvaro Uribe, fue un pago para “manipular” a quien ha declarado en contra suya. Según Castañeda, fueron las amenazas que empezaron a recibir Monsalve y su núcleo familiar luego de que él le contara a la justicia colombiana, en 2011, lo que supuestamente sabe de los nexos del expresidente con grupos paramilitares: “Conocimos del atentado que le hicieron en la cárcel. Pudimos verificar que en la cárcel de Cómbita había un ofrecimiento de $80 millones a quien lo asesinara. Luego Monsalve fue visitado por paramilitares que le dijeron que si no cambiaba su versión iba a haber un atentando contra su familia o él mismo. Y, a finales de 2011, asesinan a un exparamilitar del grupo fundacional del Bloque Metro”. La Corte Suprema, por su parte, ya dijo que no hay irregularidades en esos pagos.

Avanza el caso

La semana pasada, el expresidente Álvaro Uribe Vélez firmó un documento ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la cual le solicitó abstenerse de revelar información que haga parte de la reserva de su proceso. El requerimiento se hizo luego de que el exmandatario hiciera una intervención en la sede de su partido, el mismo día en que rindió indagatoria, en la que incluyó detalles de lo que le dijo al alto tribunal. Por ejemplo, Uribe marcó distancia de su apoderado Diego Cadena y afirmó que no sabía que el jurista les había dado dinero a varios testigos y exparamilitares que están involucrados en el caso.

“Me vine a enterar en las últimas semanas, diez meses después de una declaración del testigo Carlos Enrique Vélez, que le había dado $2 millones por razones humanitarias. Fue a decírmelo a mi oficina y le dije: ‘hombre, doctor Diego, si me hubiese consultado, le digo que de ninguna manera. Terminantemente no’”, dijo en esa rueda de prensa. Este diario estableció que Uribe mencionó lo mismo en la indagatoria. Las declaraciones que a la Corte Suprema dieron Carlos Enrique Vélez (alias Víctor) y Eurídice Cortés (alias Diana) se entregaron a la Fiscalía la semana pasada como parte de una inspección judicial que ordenó el ente investigador en el marco de las tres investigaciones que adelanta contra el abogado Cadena.

Fueron entregados a la Fiscalía, además, los soportes que el exparamilitar Víctor dice tener sobre los giros que habría recibido de parte del abogado quien, a su turno, los calificó como “subsidios” o “ayudas humanitarias” ante un pedido expreso de Vélez por motivo de la enfermedad de un hijo, según dijo Cadena a W Radio el pasado 9 de octubre. “El senador Uribe debe explicar cuál es su posición definitiva frente a los servicios del abogado Diego Cadena, al cual unas veces envía al pabellón de sospechosos y otras defiende”, expresó el senador Iván Cepeda, quien, sobre los pagos del CSPP a Monsalve indicó que ya la Corte señaló que sus acciones en esa materia están “a salvo de cualquier sindicación”.

Igualmente llegaron a la Fiscalía los soportes de esos giros desde la Corte Suprema. La Sala de Instrucción está investigando cuánto dinero realmente se recibió. Aunque la pregunta no es cuánto dinero se ha entregado a testigos, sino para qué. Según la ley, tanto el sistema penal antiguo —por el que se rige el caso Uribe— como el oral no contienen restricciones en contra de dar dinero para que, por ejemplo, un testigo se desplace. “Solo es delito si se paga para mentir o callar la verdad. Ese delito se llama soborno y podría dar de seis a 12 años en prisión”, comentó un abogado consultado.

El Espectador pudo establecer, asimismo, que la Corte evalúa si reprograma algunos testimonios que no se pudieron tomar el mes pasado por diferentes razones y que son claves en este asunto. Están por declarar Juan José Salazar, integrante de la firma de abogados de Diego Cadena, o Fabián Rojas, quien fue miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Álvaro Uribe. El rol de los asesores del expresidente tiene un valor importante para el alto tribunal, que evalúa si a través de ellos se validaban las gestiones que hacía el abogado Cadena con los testigos del caso. Otros testimonios pendientes son el del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, el de Juan Carlos El Tuso Sierra y el de la abogada Mercedes Arroyave.

Para la Corte Suprema tampoco ha sido fácil realizar ciertas pruebas ordenadas en auto del 14 de agosto de 2019, que incluye verificar las visitas que El Tuso Sierra recibió estando preso en Estados Unidos y si en las mismas hubo funcionarios colombianos; así como obtener el registro de visitas a cárceles en ese país que haya hecho el abogado Diego Cadena, con detalle de prisión y recluso, y determinar si en las mismas intervinieron autoridades colombianas. Mientras todo esto se da en la Sala de Instrucción, se espera que el magistrado a cargo del caso, César Reyes, reprograme la indagatoria del representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, necesario para vincularlo formalmente al caso.

Aunque en teoría la Sala en pleno tiene diez días para definir la situación jurídica del expresidente, esa corporación puede que se tome más tiempo para la discusión. Al tiempo, se están evaluando medidas de seguridad para todos sus integrantes por parte de las autoridades, aunque no solo en relación con el caso Uribe. Este diario estableció que hay dos episodios que preocupan allí: el paso de un dron en una sesión de la Sala de Instrucción (que no se encuentra en la sede principal de la Corte Suprema) y otro cuando se estaba recibía declaración a uno de los testigos del caso que motivo incluso a que se tuviera que suspender la diligencia por unos momentos.

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Redacción Judicial

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