Al estudiar una tutela

Peticiones de ingreso al Registro Único de Víctimas deben ser estudiadas independientemente

La Corte Constitucional le recordó a la Unidad de Víctimas la obligación de contrastar las afirmaciones de los declarantes con pruebas y fuentes de información que la entidad tiene previstas en la ley.

La Corte Constitucional precisó que las medidas que ofrece la Ley de Víctimas deben estar dirigidas a las víctimas del conflicto armado. Luis Ángel - El Espectador

Al estudiar una tutela, la Corte Constitucional le hizo un llamado sobre las facultades y las obligaciones que tiene la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para contrastar las afirmaciones que hacen los declarantes y asegurar que las medidas que ofrece la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) estén dirigidas específicamente a las víctimas del conflicto armado. (Le sugerimos: Contraloría, con la lupa puesta en la Unidad de Víctimas por manejo de recursos)

Para hacer esta afirmación, el alto tribunal, con ponencia del magistrado Alejandro Linares, estudió una tutela de una mujer que solicitó ante la Unidad de Víctimas su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) porque aseguró haber sido reclutada cuando era una menor de edad para cumplir tareas domésticas y de esclavitud sexual al interior de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La ciudadana dijo que las Farc la reclutó a los 17 años y que durante su detención fue víctima de violencia sexual y física por guerrilleros, quienes la amenazaron diciéndole que se debía acostumbrar porque supuestamente no podría regresar a su hogar y que en caso de fugarse sería asesinada. La mujer igualmente narró que fue forzada a interrumpir su embarazo, lo que puso en riesgo su vida y por el cual le permitió regresar a su casa cuando ya era mayor de edad. (Lea también: "Recursos para reparación no se han entregado indebidamente": Unidad de Víctimas)

En la tutela, la ciudadana solicitó ser incluida en el RUV, pero la Unidad de Víctimas le negó la inclusión porque, según la ley de víctimas, solo podrán ser incluidos en dicho registro los miembros de grupos armados al margen de la ley que se desvinculen siendo menores de edad.

Al estudiar el recurso, la Corte Constitucional manifestó que la entidad desconoció el derecho al debido proceso porque debió considerar si lo que había dicho la mujer “coinciden con una práctica recurrente de los grupos armados organizados al margen de la ley, respectos de las niñas y adolescentes que fueron víctimas de reclutamiento forzado (…) y no para reforzar su estructura militar”.

La Corte Constitucional, que precisó en este caso que no existía pruebas para contrastar el testimonio de la ciudadana, no tomó una decisión sobre la inclusión de la mujer en el RUV. Sin embargo, manifestó que la Unidad de Víctimas deberá analizar de nuevo la declaración “con el fin de determinar (…) si ella debe dar lugar a la inclusión de la accionante en el RUV”. (Le podría interesar: “No hay plata para empezar a funcionar”: Directora Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas)

“Al aceptar que la situación descrita por la accionante admite una lectura distinta de la que fue considerada por la UARIV (…), no se sugiere que esta debe considerarse probada, ni, mucho menos, que a futuro casos como el planteado por la acción de tutela de la referencia deban resolverse considerando únicamente lo manifestado por el o la declarante ante el Ministerio Público", concluyó la Corte Constitucional.

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2018-08-01T14:41:09-05:00

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2018-08-01T15:00:02-05:00

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Redacción Judicial

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Peticiones de ingreso al Registro Único de Víctimas deben ser estudiadas independientemente

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