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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) citó para este jueves a una audiencia pública en el marco del estudio del caso de caso que presentó el exalcalde de Bogotá y senador Gustavo Petro por la destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría General en 2013 por una decisión administrativa alrededor del esquema de basuras de la capital del país. En este caso se revisa una posible vulneración a la Convención Americana de Derechos Humanos que señala que solo una autoridad judicial penal puede inhabilitar a mandatarios elegidos por voto popular.
Durante la diligencia, Gustavo Petro aseguró que en Colombia los órganos administrativos se han sido ocupadas por personas pertenecientes a grupos políticos y que se usan para “eliminar” a sus opositores, no físicamente, pero sí a través de sanciones de destitución e inhabilidad. En su caso, explicó, aunque el Consejo de Estado anuló la sanción de destitución impuesta en su contra, el proceso de basuras también derivó en una serie de millonarias multas y sanciones de parte de la Contraloría y una Superintendencia que actualmente están suspendidas. Según dijo, todavía es posible que la multas revivan y eso le genere una inhabilidad para volver a aspirar a un cargo de elección popular.
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“Ese modus operandi que ha actuado por décadas en Colombia provoca en la gestión del Estado un clima intento de persecución permanente porque los rivales políticos pueden usar el órgano de control para quitarle sus derechos políticos. Detrás de las multas de los órganos de control hay un sector político. El procurador que me destituyó fue candidato presidencial a nombre de la extrema derecha y hoy es embajador ante la OEA”, dijo. "Como están vigentes las posibilidades de una inhabilidad política, yo no estoy reparado. Las posibilidades del Estado colombiano de usar el control administrativo y disciplinario para inhabilitar políticamente que continúan vigentes, impide que yo se sienta reparado".
El senador Petro dijo que una de sus peticiones consiste en que el Estado Colombiano se reorganice para cumplir la Convención Americana de Derechos Humanos y que "ningún ciudadano pierda sus derechos políticos sino en virtud de una sentencia judicial de juez competente". En agosto de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el caso a la CorteIDH luego de concluir que las sanciones disciplinarias impuestas habrían violado sus derechos políticos pues, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambas sanciones debieron imponerse por una autoridad judicial penal mediante condena en firme.
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La CIDH “señaló que la imposición de sanciones de este tipo por vía administrativa podría afectar el juego democrático, toda vez que, en principio, es al electorado al que le corresponde determinar la idoneidad de los candidatos mediante el ejercicio del sufragio pasivo”. Además, la Comisión concluyó que en el marco del proceso se habría afectado la garantía de imparcialidad en relación con el principio de presunción de inocencia, porque la misma autoridad que formuló los cargos fue la que decidió la responsabilidad disciplinaria.
La Comisión además consideró que se habría violado el derecho a recurrir el fallo, pues el recurso de reposición que interpuso Petro contra la destitución fue resuelto por la misma Procuraduría. Y señaló que se habría violado el derecho a la igualdad ante la ley y la protección judicial, tomando en cuenta que en el proceso disciplinario Petro argumentó que las acciones iniciadas en su contra habrían tenido una motivación discriminatoria.
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