Petro le solicitó a la Procuraduría que archive investigación disciplinaria

En los alegatos de conclusión se argumentó que el mandatario distrital aseguró que no actuó con dolo, por lo que no hay motivos para emitir una sanción disciplinaria.

El abogado Julio César Ortiz, quien defiende los intereses del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego radicó ante la Procuraduría General los alegatos de conclusión en el proceso disciplinario que se le adelanta al mandatario distrital por las presuntas irregularidades que rodearon la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.

En el documento de 254 páginas se argumentó que Petro Urrego actuó en función de sus competencias, señalando que en ningún momento incurrió en ninguna irregularidad en la celebración de los contratos en los cuales se le otorgó la función a Aguas de Bogotá para la recolección de basuras, así como los convenios de alquiler para los camiones recolectores.

“El alcalde debe ser absuelto, la investigación disciplinaria debe archivarse”, precisó el jurista al señalar que las fallas que se presentaron al inicio del programa son normales puesto que son las “dificultades propias de la entrada de un nuevo modelo” y la ubicación de operadores y funcionarios en sus nuevas tareas.

Para el jurista “no hubo dolo ni culpa grave. El alcalde de Bogotá no quiso hacerle daño a nadie” hecho por el cual, en su consideración, esta investigación debe ser archivada ya que no existen elementos materiales probatorios que permitan inferir que Petro Urrego actuó de manera irregular en el diseño de este programa.

Después de la entrega de estos documentos, según el abogado, la Procuraduría General tiene un término de uno o dos meses para tomar una decisión de fondo, teniendo en cuenta la complejidad del proceso que cuenta con cerca de cinco mil folios y decenas de testimonios.

El abogado consideró que cuenta con las garantías procesales en la Procuraduría General, considerando que tiene la confianza que el alto tribunal actuará con juicio y racionabilidad “pensando en el bien pública (…) favorecerá el orden jurídico y no causará más daños que se pueden evitar”.

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