La Fiscalía Séptima de la Unidad Nacional contra el Terrorismo imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas a dos oficiales (uno retirado) y dos suboficiales del Ejército Nacional, así como a una particular, y solicitó les fuera impuesta medida de aseguramiento por su presunta participación en la entrega de material bélico a las Farc.
La delegada fiscal aseguró que los uniformados sacaban el armamento de almacenes de las bases militares y lo camuflaban en sus vehículos para entregarlo luego a los enlaces del grupo guerrillero.
La primera captura se hizo efectiva en contra de un cabo viceprimero en la Cuarta Brigada de Medellín. Posteriormente, fueron detenidos en Ibagué un sargento primero y un teniente activo, quienes fueron trasladados a Bogotá, donde se les realizó la audiencia de legalización de captura ante el Juez Séptimo Penal, con funciones de control de garantías.
La investigación se deriva del hallazgo de granadas de fragmentación, entre otro material bélico, en mayo de este año en la vía que de Garzón (Huila) conduce a Florencia (Caquetá).
De acuerdo con lo establecido por los investigadores, aproximadamente 200 granadas estaban destinadas a estructuras insurgentes como el Frente Décimo, y los Bloques Oriental y Sur. El armamento fue sustraído, aparentemente, de las bases militares de Tolemaida, en Melgar (Tolima), y de Larandia, en zona rural de Florencia.
“Tomar armas y llevárselas a la guerrilla no es una actividad propia del servicio militar”, sostuvo la fiscal del caso al impugnar la solicitud de la defensa de los procesados, para que el caso fuera conocido por la justicia penal militar.
Tres de los imputados fueron recluidos en la cárcel de La Picota, al sur de Bogotá, a otro el juez le concedió la detención domiciliaria y una quinta persona, una mujer, también quedará detenida en su domicilio por su condición de madre cabeza de familia.