Piden al fiscal general vigilar casos contra Silvia Gette

Los abogados de la Universidad Autónoma del Caribe le solicitaron a Néstor Humberto Martínez que los nueve procesos por el desfalco a las finanzas a la institución sean trasladados a Bogotá.

Silvia Gette, exrectora de la Universidad Atónoma del Caribe.  /Archivo
Silvia Gette, exrectora de la Universidad Atónoma del Caribe. /Archivo

Los abogados que defienden los intereses de la Universidad Autónoma del Caribe radicaron una carta ante el despacho del fiscal general Néstor Humberto Martínez para que los ocho procesos contra la exrectora de la institución, Silvia Gette, tengan vigilancia especial y celeridad. La petición la realizaron Daniel Largacha y Andrés Garzón en representación de 14 mil estudiantes, alegando que se han presentado actos de corrupción al interior de las investigaciones por el desfalco de alrededor de $90.000 millones a las arcas de la universidad.

“En condición de apoderados de la Universidad Autónoma del Caribe, víctima de la indebida apropiación de recursos de la educación en detrimento de su patrimonio económico, respetuosamente me dirijo a su despacho con el propósito de solicitar su intervención y vigilancia en las actuaciones adelantadas en contra de la señora Silvia Gette”, se lee en el documento enviado a Néstor Humberto Martínez.

Para los abogados en necesario que el fiscal general priorice las investigaciones contra Gette por el saqueo de las finanzas de la Universidad durante 10 años. Los procesos contra Gette son: por el delito de abuso de confianza al firmar auto préstamos cuando era rectora; por el desvió de más de un millón de dólares del presupuesto de la universidad; por fraude procesal al crear un equipo de fútbol profesional; por hurto agravado al lograr un incremento injustificado de $100 millones en la pensión que heredó de su esposo Mario Ceballos; por enriquecimiento ilícito de particulares; por estafar al fondo de empleados; entre otros.

La primera medida de los abogaos fue solicitar a un juez de control de garantías y a la Fiscalía que embargaran los bienes de Silvia Gette y de las personas de su círculo de confianza, pues advirtieron que están siendo vendidos. Además, Andrés Garzón aseguró que existe gran material probatorio en los hallazgos que hizo Superintendencia de Sociedades en el detrimento patrimonial que sufrió la Universidad Autónoma del Caribe cuando Gette fue rectora. Las irregularidades fueron reportadas a la Fiscalía el pasado 5 de mayo.

Entre los hallazgo de la Superintendencia de Sociedades está que hubo un gran número de empresas contraladas por Silvia Gette que suscribieron irregulares contratos con la universidad y que no tuvieron un control adecuado porque ella misma era quien ordenaba su ejecución al ser la rectora. “Silvia Gette logró que su patrimonio personal y familiar creciera producto, entre otras cosas, de la celebración de un sinnúmero de contratos con el ente educativo en cuestión, los cuales posiblemente fueron aprobados y autorizados desde el máximo órgano de administración de la universidad”, es una de las conclusiones de la Supersociedades.

El abogado Andrés Garzón sostuvo que le solicitaron a Néstor Humberto que delegara una comisión especial de fiscales para que analizaran los nueves procesos y los trasladaran a Bogotá, pues advirtieron que posiblemente se podrían estar presentando actos de corrupción. Asimismo, pidió al fiscal general que los acompañaran en la apelación que presentaron para que se le revocara el beneficio de prisión domiciliaria a Silvia Gette al considerar que no es casa por cárcel sino “mansión por cárcel”.

Son 20 bienes inmuebles en Colombia, Argentina y Estados Unidos los que han identificado los abogados de la Universidad Autónoma del Caribe a nombre de Silvia Gette o personas allegadas. Para ellos, la compra de esas propiedades tenía como objetivo esconder la plata de la institución educativa. El miedo, explicó Garzón, es que no hay restricción alguna para que Gette y sus colaboradores puedan venderlos.

Otro de los frentes de batalla que tienen los abogados contra Silvia Gette es la pelea por la exagerada pensión de $100 millones que recibía por la muerte de su esposo Mario Ceballos, fundador de la Universidad Autónoma del Caribe. Un juzgado civil le había rebajado a $70 millones la pensión y los abogados defensores de Gette apelaron la decisión. El abogado Andrés Garzón recordó que ningún colombiano, por ley, tiene derecho a una pensión de ese valor.

Silvia Gette habría logrado incrementar la pensión cuando era rectora de la institución. Al parecer, a través de actas de junta directiva se aprobaban esos aumentos exagerados que, lo abogados estiman, ha generado un detrimento de más de $2.000 millones. El Tribunal Administrativo de Atlántico está por definir la situación y la Fiscalía adelanta una investigación por este caso.

Las amenazas a testigos y los presuntos sobornos a paramilitares y funcionarios del CTI fue otra de las denuncias del abogado Garzón. Al parecer, los abogados tienen pruebas de que una agente del CTI identificada como Martha Pinilla habría pagado y llevado libretos a distintos desmovilizados para que en sus declaraciones favorecieran a la exrectora.

Finalmente, Liliana Cardona, gerente jurídica de la Universidad Autónoma del Caribe, señaló que “se hallaron grandes irregularidades en una auditoria y al solicitar las investigaciones en distintos despachos se evidenció la responsabilidad de Gette. Luego de tres años de sacar adelante la universidad, hoy se puede hablar de una institución sólida. No solo fue golpeada la vida de los universitarios sino que el rector Ramsés Vargas ha recibido múltiples amenazas por descubrir las irregularidades en el arriendo de inmuebles, ejecución de contratos y en auto préstamos”.