Piden a la Corte Suprema que declare como lesa humanidad crimen de Álvaro Gómez Hurtado

La solicitud llegó al despacho del magistrado de la Sala Penal del alto tribunal Gustavo Malo.

Al despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo Fernández llegó hace pocos días una petición de la Procuraduría para que ese alto tribunal declare como delito de lesa humanidad el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Según conoció El Espectador, para el Ministerio Público existen suficientes evidencias para asegurar que ese magnicidio, perpetrado el 2 de noviembre de 1995, se produjo dentro de un contexto de asesinatos sistemáticos y generalizados.

Para los familiares del dirigente conservador, la justicia no ha avanzado realmente para procesar a los autores intelectuales del magnicidio, que completa ya 19 años y tres meses en la impunidad. Por eso, la Procuraduría le pidió en varias oportunidades a la Fiscalía que declarara este crimen como de lesa humanidad. Incluso acudió a tutelas para que el organismo investigador se pronunciara sobre esta petición. No obstante, la misma fue rechazada por la Fiscalía.

El caso tuvo un súbito giro en noviembre pasado cuando la Corte Suprema de Justicia asumió la investigación contra el hoy senador Horacio Serpa Uribe por sus presuntos vínculos con este crimen. Serpa siempre se ha declarado inocente del mismo. En este contexto, la Procuraduría reiteró, esta vez al alto tribunal, su petición para que el magnicidio de Gómez Hurtado sea declarado de lesa humanidad.

Para el Ministerio Público no ha habido justicia real o cumplida en este caso y los escasos avances de la Fiscalía para judicializar a los responsables han vulnerado los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En otra tutela interpuesta el año pasado, la Procuraduría señaló que el asesinato de Gómez Hurtado “se produjo dentro de un contexto de agresión mortal, sistemática y generalizada de poderosas bandas de delincuentes con intereses narcoparamilitares, y con el fin de que se aboliera la extradición a los Estados Unidos que amenazaba a varios de sus miembros, en contra de connotados personajes de la vida política nacional”.

Según ese documento, el jefe conservador “propugnaba el término del régimen gubernamental de turno, visto como un botín de aquellos malhechores”. En aquella época ya había estallado el narcoescándalo del llamado proceso 8.000 en el que quedó en evidencia que la campaña presidencial de Ernesto Samper recibió dineros del cartel de Cali. Una época en la que el país conoció de innumerables cheques girados por testaferros de la mafia que terminaron contaminando al Congreso, al fútbol y a otras personalidades.

Para la Procuraduría, en ese contexto de violencias se cruzó un interés común de grupos ilegales para segar la vida de Álvaro Gómez Hurtado. De hecho, este magnicidio no fue un hecho aislado. Por el contrario, asegura el organismo, se trató de una serie de homicidios selectivos de personalidades públicas meritorias, “acompañados de ataques indiscriminados contra la población civil y del poder corruptor mal habido, con el fin de aterrorizar y quebrantar la resistencia ética del pueblo colombiano”.

Ad portas de prescribir, por el crimen de Gómez Hurtado sólo se ha proferido una condena: la del autor material del crimen Héctor Paúl Flórez, sentenciado a 40 años en diciembre de 2001. Ya son casi dos décadas de tumbos judiciales que la Procuraduría considera inadmisibles. Por ejemplo, Manuel Montero, Gustavo Adolfo Jaramillo, Miguel Ángel Díaz y el coronel (r) del Ejército Bernardo Ruiz Silva, todos procesados en su momento, fueron absueltos por la justicia.

Ahora el magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo, deberá resolver la petición de la Procuraduría. ¿Declarará el crimen de lesa humanidad?