Piden extinción a bienes de grandes casos de corrupción y narcotráfico

Así lo solicito el ministerio de Justicia. Entre algunos de los procesos en los que la cartera es parte están el Caso Santoyo y bienes que serían de alias ‘Mono Jojoy’, entre otros.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, reiteró este martes su mensaje de no dar tregua en la lucha con el crimen organizado y delitos que afecten el patrimonio público.

Actual mente la cartera de justicia interviene en 379 casos emblemáticos de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía General de la Nación, y que están relacionados principalmente con delitos ligados al narcotráfico y casos corrupción.

“La lucha de este Gobierno contra los corruptos es en serio. Por esa razón el Ministerio de Justicia está interviniendo activamente en los procesos para garantizar que se mueva con celeridad, que se practiquen las pruebas que haya que practicar, que se tomen las decisiones en los términos que la ley señala, que si un proceso no está marchando en alguna Fiscalía se solicite el cambio en la radicación para que sea trasladado a Bogotá. O si las decisiones no están bien tomadas, apelarlas”, advirtió la Ministra, Ruth Stella Correa.

Entre algunos de los procesos en los que el Ministerio es parte están:

Devoluciones fraudulentas de IVA por parte de funcionarios de la DIAN: el Ministerio de Justicia se hizo parte en el proceso contra 38 personas naturales y 11 personas jurídicas que estarían vinculadas con hechos de corrupción cometidos en Medellín. En este caso hay incautados 36 inmuebles, 27 establecimientos de comercio, 22 vehículos, 32 cuentas bancarias, 3 CDT’s y 12.000 acciones. Sumado a este caso, en el que ya se solicitó la práctica de pruebas, el Ministerio está pendiente del reconocimiento de personería jurídica en otro proceso que avanza por hechos cometidos en Bogotá.

Caso Santoyo: Desde el 30 de octubre del 2012, el Ministerio inició su participación en el proceso que sigue la Fiscalía para la Extinción de Dominio sobre bienes pertenecientes al general (r) Mauricio Santoyo, preso en Estados Unidos, y su núcleo familiar. El Ministerio de Justicia solicitó la práctica de pruebas para perseguir nuevos bienes y determinar si los que están incautados fueron adquiridos con dinero proveniente de grupos armados ilegales. Actualmente, permanecen incautados en este caso, por decisión de la Fiscalía General, 10 inmuebles, 1 sociedad, 4 vehículos y 4 cuentas bancarias.

Bienes que serían de alias ‘El Mono Jojoy’: Desde julio de 2012, actuando como apoderados, abogados del Ministerio de Justicia se hicieron parte en la extinción de dominio que adelanta la Fiscalía sobre cinco bienes en Caquetá y Bogotá, que al parecer habrían sido comprados con dinero producto de la actividad ilegal de las Farc. Los predios estarían a nombre de terceros y habrían sido adquiridos por orden de Jorge Briceño Suárez, alias ‘El Mono Jojoy’.

Caso Foncolpuertos: el Ministerio de Justicia interpuso un recurso de consulta para que se aclare la decisión que ordenó el desembargo de bienes al abogado Edison Orozco Caballero y su núcleo familiar, investigados en el mencionado caso.

Incautación en Buenaventura: en el caso de una incautación de 2.000 millones de pesos en el puerto de Buenaventura, el Ministerio solicitó con éxito el cambio de radicación del proceso. Inicialmente, la causa se adelantaba en una Fiscalía Especializada de Buga y, por el elevado monto afectado, fue asumido por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción de Dominio, en Bogotá.

El llamado ‘carrusel’ de la contratación: En la condena de ocho años contra el excongresista Germán Olano, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía de Extinción de Dominio para que investigue si hay bienes relacionados con el enriquecimiento ilícito por el cual fue condenado. En este sentido, el Ministerio de Justicia se hizo parte desde el 5 de diciembre pasado en el proceso que adelanta la Fiscalía y el apoderado de esta cartera solicitó la práctica de algunas pruebas.

La Ministra de Justicia dijo que “se está construyendo un modelo de intervención activa en estos procesos en la cual no sólo se presenten alegatos si no que se radiquen recursos contra las decisiones que en nuestra consideración así lo ameriten”.