Piden investigar a operadores privados de recolección de basuras en Bogotá

Ante la Fiscalía General, la Red de Veedurías Ciudadanas radicará una denuncia en contra de los cuatro operadores privados que prestan el servicio de recolección de basuras en la capital de la República por su presunta participación en los delitos de contaminación ambiental, estafa agravada y concierto para delinquir. 

La acción jurídica radicada ante el despacho del fiscal General, Eduardo Montealegre tiene como base las declaraciones entregadas por Emilio Tapia a ElEspectador, en las cuales denunció la forma en cómo se fraguó un complot para sacar al alcalde Bogotá, Gustavo Petro de su cargo.

Según Tapia, los operadores privados que venían prestando el servicio de recolección de basuras se concertaon para generar el caos que vivió Bogotá el 18 de diciembre de 2012 cuando se implementó el nuevo modelo de aseo en la capital de la República.

Igualmente el organismo también presentó una serie de quejas ante la Procuraduría General, la Contraloría General, Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia de Sociedades para que se establezcan las faltan relativas al desempeño empresaria y a las normas de prestación de servicios públicos y domiciliarios por parte de contratistas y operadores del servicio de aseo.

En este puto señaló que es menester establecer si las empresas denunciadas estuvieron relacionadas con las "graves y perturberantes irregularidades en la prestación del servicio de recolección de basuras y su presunta manipulación del mismo que se presentaron a finales del año pasado en todas las localidades de Bogotá.

La solicitud de investigación penal, disciplinaria y fiscal busca determinar si las empresas Ciudad Limpia Bogotá E.S.P; Aseo Capital S.A. E.S.P.; Limpieza Metropolitana (Lime) S.A. E.S.P.; y Aseo Técnico La Sabana (Atesa) S.A. E.S.P incurrieron en fallas durante la ejecución del sistema de recolección de basuras.

"Han derivado ingentes y evidentes fallas en los procesos de contratación, su planeación, y el beneficio directo de intereses privados de contratación, su planeación, y el beneficio directo de intereses privados en detrimento de los derechos e intereses colectivos a la moral administrativa, la transparencia, y la defensa del patrimonio público", precisa uno de los apartes de la denuncia de 16 páginas.

Igualmente se señala que con estas acciones se afectaron los "principios nodales del estado social de derecho rectores de la contratación pública, como los de la economía, transparencia y responsabilidad, publicidad, legalidad, así como a los fines esenciales cuales son la 'continua, eficiente prestación de los servicios públicos, y a la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines'.

La Red de Veedurias Ciudadanas pidió que se tengan en cuenta como pruebas documentales las declaraciones de Emilio Tapia publicadas en la edición impresa de este miércoles en ElEspectador. Igualmente se piden las declaraciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego; el exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB), el exgerente encargado de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Henry Romero: y el abogado, Manuel Sánchez.