¿Qué piden los médicos forenses de Medicina legal?

Tras el paro del organismo forense, la Asociación Colombiana de Psiquiatría afirma que más que de salarios, el problema es de carga laboral y relación con las autoridades.

El pasado lunes 20 de mayo, funcionarios del Instituto de Medicina Legal entraron en cese de actividades solicitando que fueran cobijados por el reajuste salarial que se va a realizar en la Rama Judicial. El paro se levantó cuatro días después para sentarse a negociar con el Gobierno. Sin embargo, la nivelación salarial no es el único punto que algunos departamentos de la entidad han solicitado que se evalúen en la mesa de negociaciones, ya que también cuestionan la carga laboral, los riegos profesionales a los que están expuestos y la relación de dependencia que tienen con otras autoridades judiciales como la Fiscalía.

En la mesa de negociaciones están presentes los representantes de los sindicatos de Medicina Legal; un asesor de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); un líder de Asonal Judicial; el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés; el viceministro de Trabajo, Jose Noé Ríos; el defensor del pueblo, Jorge Armando Otalora; y un delegado de la Fiscalía General de la Nación.

La Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP), Grupo de psiquiatras Forenses, es la organización que está representando los intereses de los profesionales en esta área. Una de las representantes de la asociación y que además es miembro del grupo de psiquiatras forenses de Medicina legal, Nancy De la Hoz, manifestó que no sólo se busca la nivelación salarial de la Rama Judicial se haga extensiva a su entidad sino que además se evalúen otros aspectos que son los factores que han generado atrasos en la prestación del servicio. Sus peticiones están resumidas en cuatro puntos.

1. Nivelación Salarial

La primera solicitud, como es de público conocimiento, es el reajuste de sus salarios, que para el grupo de psiquiatras forenses, es el peor pago de toda la Rama. El sueldo de uno de estos profesionales (graduados de Medicina), está alrededor de los $3.000.000, lo que ha generado que muchas de las personas que quieren tomar este camino renuncien, conllevando en el peor de los casos a la extinción de este departamento en la entidad.

2. Carga Laboral

La segunda petición es reducir la carga laboral. Según la ACP en Colombia, la cifra de psiquiatras forenses que apoyan procesos judiciales en el país no supera los 50. En Bogotá el grupo llega a 14 profesionales, por lo que dicen que es de urgencia que se contraten a un número mayor de profesionales pero con sueldos bien remunerados. Nancy De la Hoz señala que esta situación es problemática porque los psiquiatras no cuentan con la infraestructura ni la capacidad para atender las 400 solicitudes de valoración que llegan al mes a la entidad y que, además, “cada profesional tiene reprimidos por los menos 30 casos”.

Estos funcionarios, que tienen la responsabilidad de decidir si un criminal tiene problemas mentales y puede no ser imputables, reciben casos que ellos califican de absurdos, como discusiones de pareja. “Nos ha tocado llevarnos el trabajo a la casa, porque además tenemos que asistir a las audiencias judiciales como peritos. Nos dejan hasta tres días esperando a ser llamados a declarar”, manifestó Jimena Cortés, representante de la ACP.

3. Riesgos Profesionales

“Convivimos a diario con la muerte, la violencia y personas de alto perfil criminal que tienen trastornos mentales. Nos toca formar la mente para este tipo de situaciones porque vivimos bajo amenazas de algunas personas como paramilitares y hasta tenemos casos de personas que han sido asediadas por las personas que atendieron”, indicó De la Hoz. Asimismo, la ACP señaló que esta profesión tiene que ser considerada como de alto riesgo: “Nos traería beneficios como primas extras por riesgo spicosocial y laboral, y también podríamos ser beneficiarios de pensiones anticipadas”, puntualizó Ricardo Tamayo, miembro de la ACP y psiquiatra forense de Medicina Legal.

4. Relación con las autoridades judiciales

“No funcionamos interdisciplinarmente. Nos tratan como esclavos y lacayos al servicio de la Fiscalía, porque cuando presentamos un informe como prueba que no es conveniente con su teoría del caso, no utilizan nuestro trabajo y lo desechan”, estableció la psiquiatra Jimena Cortés. Además, la ACP señaló que Medicina Legal es otro actor en la Rama Judicial y no puede ser considerado como una dependencia del ente investigador. Sin embargo, Cortés agregó que todavía no se han creado canales adecuados para que su trabajo pueda beneficiar a todas las partes procesales”.