Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, deberá esclarecer si ofreció o no 5.000 millones de pesos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que eligieran a Mario Iguarán Arana como Fiscal General en 2005,según lo dispuso la jefe del ente acusador, Vivianne Morales.
La funcionaria explicó que dispuso la ampliación del testimonio del ex comandante paramilitar, en respuesta a las revelaciones de Wikileaks publicadas por El Espectador, pero que además fue el propio desmovilizado quien solicitó recientemente ser entrevistado, tras más de un año de negarse a seguir declarando en el proceso de Justicia y Paz.
Durante tres días el fiscal Séptimo Delegado ante la Corte escuchará los señalamientos de “Macaco” desde los Estados Unidos, tras cel compromiso de la jefe del organismo judicial de investigar exhaustivamente las denuncias que inicialmente fueron lanzadas por el presunto narcotraficante John Éidelber Cano, alias ‘Jhonny Cano’ y por un oficial (r) de la Policía. Los mismos hechos fueron puestos en conocimiento de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes pero, ante la falta de pruebas, las sindicaciones no prosperaron.
Aparentemente, Jiménez buscaba asegurar la presencia en la Fiscalía General de un funcionario que favoreciera los intereses del paramilitarismo en el marco del proceso de Justicia y Paz, una plataforma de judicialización transicional mediante la cual varios narcotraficantes, se dice, buscaban salirle al paso a la extradición haciéndose pasar como integrantes de las Autodefensas.
La misma Embajada de los Estados Unidos en Bogotá expresó su preocupación ante el presunto ofrecimiento del dinero de parte de "Macaco" para tener un fiscal moldeable a los intereses de algunos excomandantes paras. Así lo registró un cable filtrado por el portal Wikileaks, que fue puesto en conocimiento público por el diario El Espectador.
Entre tanto, Morales dispuso ampliar el testimonio del ex director del departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Andrés Peñate frente a las supuestas sospechas que recaían sobre el ex asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, como uno de los responsables de las "chuzadas".