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En manos del Tribunal Administrativo de San Andrés se encuentra una solicitud para que se tomen medidas cautelares por la acumulación de por lo menos seis toneladas de residuos hospitalarios que, al parecer, permanecen al rayo del sol en contenedores en mal estado. La solicitud, hecha en las últimas horas por la Procuraduría, se pide proteger el interés colectivo, la protección de la vida, salud y salubridad pública de los ciudadanos y residentes de la isla. (Le podría interesar: Encuentran partes humanas en contenedores de un hospital de San Andrés)
Según el órgano de control, es urgente que, como parte del fallo del pasado 3 de octubre en donde el Tribunal acogió una acción popular y ordenó la protección de los derechos colectivos de los residentes en la isla, se le exija al operador del Hospital Clarence Lynd Newball Memorial que comience la operación del equipo desactivador de residuos hospitalarios. El equipo, dijo la Procuraduría, cuenta con las licencias ambientales y la capacidad para desactivar los residuos hospitalarios peligrosos.
“El 21 de noviembre se trató de dar solución parcial a esta grave emergencia, enviando por vía marítima dos contenedores con residuos hospitalarios a Cartagena, embarcación que tuvo que regresar por fallas en el motor, quedando esos contenedores sometidos a altas temperaturas hasta de 50 grados, y ante la imposibilidad de reparar la motonave. Los residuos fueron devueltos al patio del hospital, presentándose una acumulación aproximada de 6 toneladas en un contenedor que se encuentra totalmente rebosado y saturado”, indicó el Ministerio Público. (Lea también: Procurador dice que San Andrés no ha solucionado emergencia ambiental y de salud)
En la misma solicitud, la Procuraduría pidió vincular en este proceso a la Secretaria de Salud de la Gobernación para que supervise la desinfección de todas las zonas donde se encuentran acumulados los residuos. También se solicitó un traslado seguro de estas basuras en la en la Isla de Providencia, centros de salud, clínicas, laboratorios y consultorios. “La situación actual amerita la intervención del juez de los derechos colectivos ante la gravedad y magnitud de esta problemática, la cual se agudiza día a día”, precisó el órgano de control.
El Ministerio Público solicitó que la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina (Coralina) evalúe, controle y realice un seguimiento a las actividades que implican la emisión de sustancias, sólidos y gaseosos a las aguas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos que puedan poner en peligro la vida. “Todo lo anterior demuestra que las personas en la Isla de San Andrés están expuestas a un altísimo riesgo de sufrir graves lesiones en su salud y vida”, concluyó el órgano de control. (En contexto: Procuraduría pide declarar emergencia sanitaria en la isla de San Andrés)