:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/5bRSUwE3_EO7CUtdzyE01J73fDs=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/XWGDRY65YRAHLPCYUF7CHVRLFU.jpg)
Esta será otra Navidad en la que las, por lo menos, 735 mil personas dedicadas al servicio doméstico en Colombia no recibirán la prima navideña que se les entrega a millones de trabajadores colombianos. Esto debido a que la ley sigue sin reconocerles este derecho. La Corte Constitucional quiere que esto no se repita. “Las personas incorporadas al servicio doméstico deben gozar de los mismos derechos que los demás trabajadores”, sostuvo el alto tribunal en un reciente fallo.
Por ello, exhortó al Congreso y al Gobierno para que adopten las medidas legislativas e implementen las políticas públicas necesarias “para avanzar hacia la universalidad del derecho prestacional al pago de la prima de servicios en el caso de los trabajadores y las trabajadoras domésticas”.
De acuerdo con el alto tribunal, a la hora de tomar estas medidas, el Legislativo y el Ejecutivo deberán tener en cuenta los siguientes criterios, “derivados de los mandatos constitucionales”. Primero, deberán “asegurarse de que los estratos más altos reconozcan y paguen la prima de servicios”, que se amplíe “progresivamente” esta obligación” y, segundo, diseñar mecanismos y políticas públicas que operen “como incentivos para que las familias asuman el pago de la prima de servicios, bajo la evaluación de conveniencia y oportunidad que deben asumir tanto el Congreso como el Gobierno”.
Desde hace años, la ley colombiana ha avanzado en la igualdad para todos los trabajadores, incluyendo, por supuesto a las personas dedicadas a la labor doméstica. De hecho, desde abril del año pasado, estas personas tienen derecho a acceder al mismo sistema de compensación familiar al que acceden los demás trabajadores.
Precisamente, el 16 de abril de 2013, día en el que entró en vigencia la ley que le permite a los trabajadores domésticos acceder a este servicio, el entonces ministro del Trabajo, Rafael Pardo, sostuvo que desde ese momento todos los trabajadores domésticos iban a “disfrutar de condiciones de trabajo decente y de empleo equitativo, asegurando que dichos trabajadores disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social”.
En un informe del Ministerio del Trabajo, revelado por este medio el pasado 14 de septiembre, esa cartera resaltó que gracias a esta medida, 100 mil de los 735 mil trabajadores domésticos que hay en Colombia ya cuentan con seguridad social. Pero la igualdad sigue sin ser una realidad. Sobre todo si se tiene en cuenta que el 97% de las personas dedicadas a la labor doméstica son mujeres que se enfrentan, a diario, a una oprobiosa desigualdad salarial.
Un estudio realizado por el Ministerio del Trabajo con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denunció que, en Colombia, las labores domésticas son realizadas, principalmente, por mujeres, “lo que evidencia la existencia de una problemática de género, las jornadas de trabajo son prolongadas, especialmente cuando las personas laboran como internas, alcanzando hasta 60 horas a la semana”, lo que, en muchos casos, les impide ir a la escuela.
Sostuvo, además, que “en las zonas urbanas se presenta una elevada proporción de personas menores de 18 años vinculadas al trabajo doméstico” y que “ la mayoría de niñas que ocupan estos oficios provienen de familias campesinas, comunidades étnicas y regiones empobrecidas que no pueden garantizar su subsistencia”.
Con base en este informe, la misma Corte señaló que el hecho de que este oficio es, en su mayor parte, asumido por mujeres, es “motivo suficiente para que el Estado deba desplegar esfuerzos adicionales en dirección a superar las desigualdades y garantizar la existencia de condiciones de trabajo decentes para ellas”.
Y lamentó que ha habido una invisibilización, una “negación histórica” de la importancia de la labor doméstica. Por ello, le pidió al Congreso y al Gobierno dejar de negarles este derecho a las personas dedicadas al servicio doméstico y asumir, en su totalidad, “tanto el valor económico como el valor social que crea el trabajo doméstico”.
jjimenez@elespectador.com