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Durante la audiencia pública que se lleva a cabo desde las 8 de la mañana de este 16 de agosto en la Corte Constitucional, la Procuraduría, en cabeza del viceprocurador Juan Carlos Cortés, le pidió al alto tribunal que declare inexequible el decreto de ley 902 de 2017. Se trata de una norma que presentó el Gobierno para implementar uno de los temas cruciales del Acuerdo de Paz: el Fondo de Tierras y la reforma rural integral. (Los retos del acuerdo sobre las tierras)
Durante la intervención del Ministerio Público, el viceprocurador Cortés dijo que, debido a la complejidad del tema que se está discutiendo, lo correcto es que el Congreso sea el organismo que presente la norma para que estos puntos del acuerdo se puedan aplicar pues, de no hacerlo, aparecerían unos “efectos no deseables”. (Listo primer decreto para Fondo de Tierras y formalización de predios rurales)
Asimismo, Cortes le pidió a la Corte que en lugar de no avalar este decreto, utilice una figura jurídica conocido la inexequibilidad diferida, es decir, que le pida al Congreso que tramite esta norma en un tiempo determinado.
A la postura de la Procuraduría se le sumó la de Yamile Salinas Abdalá, representante de Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) y asesora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Para Salinas, el decreto de ley 902 de 2017, no contempla las medidas para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto y es el congreso, asesorado por expertos, quien debe tramitar este proyecto. (¿Proyecto de ley de tierras contradice el Acuerdo de Paz?)
Salinas agrega que la norma en estudio tampoco resulta ser una herramienta para identificar los fenómenos y los culpables de los fenómenos de despojo en todo el país y que, por el contrario, este punto fundamental en el Acuerdo de Paz, solo se menciona una vez en el decreto. Pasa lo mismo, asegura Salinas, con el tema de la reparación colectiva con enfoque territorial, otro punto clave del acuerdo.
“(Este decreto) no parece tener la legitimidad suficiente para atribuir competencia a autoridades judiciales”, agregó la representante de Indepaz, quien considera que el decreto no asegura la justicia para la población rural.
Por otro lado, la economista y exsenadora, Cecilia López Montaño, intervino en la audiencia y aclaró que lo hacía como economista. Para ella, avalar este decreto es una urgencia que no se puede demorar más tiempo pues es clave para apoyar a los campesinos de todo el país. Explicó además que en medio de una crisis económica, uno de los sectores que sí ha crecido en el país es el agropecuario. Para la econocomista, esto se debe a que la paz ha entrado a los territorios más afectados y los mismos campesinos se están dando cuenta del potencial de su trabajo.
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, pidió que los terrenos que fueron objetos de extinción de dominio no se queden en manos de terceros. "Hay que solucionar esto para erradicar la inequidad en el campo. Hoy generamos 450.000 empleos, algunos dicen que informales, pero años atrás lo único que generábamos era desplazados", aseguró el jefe de esa cartera.
Iragorri también aseguró que este decreto está permitiendo que los campesinos tengan acceso y puedan formalizar sus tierras."Con este decreto ya se está beneficiando a los campesinos por una vía clara. Hay más de 10.000 familias que están pidiendo que el Estado les formalicen sus tierras. Ellos se comprometieron a que se erradiquen los cultivos de uso ilícito", puntualizó el Ministro.
Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, manifestó que las necesidades del campo no dan espera para ser solucionados. "Seis de cada diez campesinos no son dueños de los terrenos que trabajan. No contamos con un mapa claro sobre los baldíos en Colombia. Sin embargo, este decreto soluciona muchos problemas del campo porque reduce los tiempos para que se adjudiquen los baldíos. Cinco o seis meses se van a demorar, lo que antes se demoraban años", expresó Samper.
En el final de su intervención el directo de la Agencia de Tierrras dijo que el decreto 902 genera mayores condiciones de transparencia porque solo existirá una vía para vigilar los casos de adjudicación de tierras. "Antes se tenían que revisar 52 formas en las que se podía acceder a las tierras. La única forma de llenar esos espacios que deja le fin del conflicto es con inversión pública, pero se tiene que definir de quién son los terrenos, formalizar el terreno para que no resurja la guerra", putualizó Samper.
El experto en tierras, Alejandor Reyes Posada, se pronunció en el mismo sentido que Samper. Celebró que el Ministerio de Agricultura haya concebido el decreto porque se sostiene las bases de la ley 160 de 1994 pero la arquitectura de esta se mejoró y se "ganó una economía procesal" en la adjudicación de tierras. Reyes también aseguró que tener un registro de beneficiarios permitirá que los procesos sean más transparentes.
Luis Alejandro Jimenez, Gerente de la Asaciación Nacional de Usuarios Campesinos, manifestó su preocupación en el sentido de que en la ley 160 no todo ciudadano tenía acceso a los terrenos baldíos. Según Jiménez, con este decreto se borra este tope, el cual señalaba que personas que tenían salarios superiores a los 1.000 salarios minimos vigentes, no podían ser beneficiarios de baldíos.