Piden revocar fallo que absolvió a dos coroneles por caso grafitero

Para los padres del joven grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo en la Procuraduría General se han presentado diversas irregularidades procesales en el caso que se adelanta en contra de dos coroneles y un teniente de la Policía Nacional por la manipulación de los hechos que rodearon la manipulación de la escena del crimen en donde el joven recibió una herida mortal en la noche del 19 de agosto de 2011 en el noroccidente de Bogotá.

Por medio de una acción de tutela radicada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en contra de los que consideran una vulneración al debido proceso y acceso a la administración de justicia puesto que se les impidió radicar un recurso en contra del fallo del pasado 18 de agosto en el que se absolvieron a tres oficiales de la Policía.

Citan que el procurador del caso les manifestó que debido a que la investigación disciplinaria se había iniciado “oficiosamente” hecho por el cual los padres del artista urbano no tenían la condición de quejosos para interponer un recurso en contra del fallo firmado por el procurador delegado para la Policía Nacional, Jaime Mejía Ossman.

“No hemos encontrado con un proceder inadecuado del Procurador Delegado para la Policía Nacional, que en este estado particular se traduce en negarnos el acceso al expediente y, lo más grave, en impedirnos formular recursos contra el fallo absolutorio sin un sustento legal idóneo”, precisa la tutela. (Ver Destituyen e inhabilitan por 12 años a subintendente y dos patrulleros por caso grafitero)

Señalan que debido a esta actitud se vieron forzados a presentar una tutela con el fin de garantizar los derechos “de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, así como la revisión del proceso disciplinario en contra de los coroneles José Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo y el teniente Rosemberg Madrid Orozco.

“Pretender desconocer que los suscritos -Gustavo Trejos y Liliana Lizarazo- somos víctimas en la presente actuación, y por ende, quejosos, bajo los argumentos de que está actuación se originó en una compulsa de copias o en virtud de la información que trasendió en los medios de comunicación, es querer tapar el sol con un dedo”, precisa la acción.

En este sentido asegura que la acción que generó este proceso disciplinario fue la investigación que se adelantó en contra del patrullero Wilmer Antonio Alarcón por el homicidio y posterior intento desvío de la investigación, para lo cual se ubicó un arma en el lugar de los hechos. El suboficial fue destituido e inhabilitado por 13 años para ocupar cargs públicos. 

“La misma alteración de la escena del crimen no tenía objeto diferente a manipular y engañar a la justicia y hacerlo aparecer como victimario o delincuente, afectando no sólo su honra y memoria, sino la de nosotros, sus progenitores, pues está más que acreditado –e incluso el mismo fallo impugnado así lo considera- que se trató de falsear la verdad de lo ocurrido, se trató de un falsos positivo urbano”, cita.

En este punto considera que los oficiales de la Policía fueron “absueltos contraevidentemente” puesto que existen elementos materiales de prueba que permiten inferir que tuvieron y conocimiento en los hechos dirigidos a obtener un arma de fuego y ubicarla de manera predeterminada en el lugar de los hechos para desviar la investigación.

Citan que en 2012 presentaron una queja en contra de un grupo de oficiales y suboficiales por su conocimiento y participación en lo que consideran un “claro montaje” para acusar ante los medios de comunicación al joven de 16 años de hacer parte de un grupo delincuencial que había asaltado un bus de servicio público.

“Pareciera que el Procurador accionado quiere actuar dentro de un marco de oscuridad, oscuro, restringido, privadamente, a pesar de que tiene la obligación Constitucional y Legal de hacerlo frente a todos los ciudadanos, públicamente evitando la impunidad de las gravísimas faltas que cometieron los oficiales de la Policía”, agrega.

Debido a que el proceso está próximo a prescribir solicitan que se dicte una medida cautelar con el fin de suspender los términos mientras se puede presentar un recurso de apelación en contra del fallo disciplinario. Piden que se tengan en cuenta la gravedad de los hechos y las pruebas que existen.

Igualmente no se descarta presentar una denuncia ante la Fiscalía General y una queja ante la misma Procuraduría en contra del delegado del Ministerio Público por prevaricato por acción y omisión por no tener en cuenta las pruebas que existen en contra de los dos coroneles y el teniente.