Piden tumbar el programa de sustitución de cultivos ilícitos

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez argumenta que se deben garantizar los beneficios de las familias campesinas, bajo condiciones de seguridad, concertación, planeación y formalización de la propiedad con el apoyo de entidades del Estado.

El Espectador / Archivo

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez argumenta que se deben garantizar los beneficios de las familias campesinas, bajo condiciones de seguridad, concertación, planeación y formalización de la propiedad con el apoyo de entidades del Estado.

Este miércoles, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez le envió un concepto a la Corte Constitucional pidiendo suspender el Decreto Ley 896 de 2017, por medio del cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis).

Según el procurador existen algunas irregularidades en el procedimiento y se debe tener en cuenta de la importancia del programa para la sustitución de cultivos ilícitos de cara al acuerdo de paz y con el agravante que el Ministerio de Agricultura no hace parte de la estrategia.

“La ausencia de la firma del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural también implica un desconocimiento de los principios de la función administrativa, contenidos en el artículo 209, comprometiendo así la posibilidad del éxito de del programa de sustitución de cultivos”, dice el documento del Ministerio Público.

En el concepto de 39 páginas Carrillo Flórez argumenta además que se deben garantizar los beneficios de las familias campesinas, bajo condiciones de seguridad, concertación, planeación y formalización de la propiedad con el apoyo de entidades del Estado que aún no se encuentran vinculadas en el programa.

“Va dirigido a una nueva explotación económica y ambientalmente sostenible para su auto sostenimiento; empleando mecanismos interinstitucionales y participativos de planeación conjunta, que por su naturaleza repercute sobre el uso y la propiedad de la tierra, como un componente de la Reforma Rural integral, plateado en el primer punto del Acuerdo de Paz”, afirma el Ministerio Público.