'Pido perdón por lo que hice'

Fiscalía busca a Luz Mery Pinzón para que declare bajo juramento lo que ya le había dicho a un agente del CTI. El Espectador conoció el relato en el que Pinzón aceptó que ni ella ni sus hermanas fueron víctimas en Mapiripán.

Mariela Contreras Cruz, una humilde campesina nacida en San Martín (Meta), se convirtió en el rostro de las “falsas víctimas” de Mapiripán. Ante las autoridades, esta mujer de 61 años, desplazada por la violencia, admitió que ni su esposo ni sus hijos habían fallecido en la masacre y que sus actos tenían una sola razón: “No tenía comida ni dónde vivir”. Según su relato, una mujer llamada María Esneda Bustos —testigo de la masacre, con medidas cautelares de la Comisión Interamericana desde 2002— la llevó ante el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y le dijo, paso a paso, qué tenía que decir para acreditarse como víctima de la masacre.

La historia de doña Mariela ya la conoce la Fiscalía bastante bien. El testimonio que ahora quiere obtener este organismo en una declaración bajo juramento es el de Luz Mery Pinzón López, la mayor de cuatro hermanas que testificó que su compañero y sus hermanos habían desaparecido en la masacre de Mapiripán. No la han podido ubicar desde que, en noviembre pasado, le dio una entrevista a un investigador del CTI y a un delegado de la Procuraduría admitiendo que ni ella ni sus hermanas eran víctimas: “Les pido perdón a ustedes por lo que hice; es que nos acostábamos sin comer”.

En la Fiscalía están atando cabos para saber qué rol jugaron los Bustos (quienes no están reconocidos como víctimas en la sentencia de la Corte) en este escenario de las “falsas víctimas”. Así como María Bustos fue el enlace de Mariela Contreras, su padre, Marco Tulio Bustos, preparó a Luz Mery Pinzón como testigo de un crimen que nunca vivió. “Lo conocí en una esquina en donde yo era trabajadora sexual. Yo hacía eso para poder alimentar a mi familia; pasaba muchas necesidades. Él me dijo que por qué yo estaba tan pobre y que me iba a decir unas cosas que me podían servir en algún momento: me dijo todo lo de la masacre de Mapiripán”.

En 2000, en Villavicencio, Luz Mery Pinzón declaró en la Sijín que entre el 15 y el 20 de julio de 1997 los paramilitares habían llegado a su finca, en la vereda La Cristalina, en donde vivía con Jaime Riaño Colorado. “Ahí comenzó la primera mentira (...). Al señor Jaime nunca lo conocí, ese nombre me lo dio Marco Tulio”. Ante la Corte Interamericana, sin embargo, testificó que la desaparición de Riaño Colorado la había afectado terriblemente, porque “era un hombre muy bueno y siempre la pasaban muy bien”. Luz Mery admitiría más tarde que sólo había ido a Mapiripán una vez en su vida: “Fui porque iba a sacarme una muela”.

En su relato añadió: “Marquitos me dijo que como mis hermanos estaban desaparecidos, que los metiera ahí también para ver qué sacaba o para ver si podían aparecer”. La Corte Interamericana condenó al Estado por la desaparición de Enrique, Jorge, Luis Eduardo y José Alberto Pinzón López, pero, en su explicación posterior, Luz Mery dijo que ellos se habían ido en 1986 “para el monte. Se fueron a buscar mejor vida, y desde esa época no se volvió a saber de ellos”. No obstante, ante la Corte, las hermanas Pinzón aseguraron incluso que su madre había muerto por el dolor insoportable en el corazón de no saber el destino corrido por sus hijos.

Luz Mery Pinzón insiste en que fue ella quien convenció a sus hermanas de que habían sido víctimas de lo ocurrido en Mapiripán. “Ellas no sabían que mis hermanos estaban desaparecidos, porque es que cuando eso pasó ellas estaban muy pequeñas”. De acuerdo con su versión, Marco Tulio Bustos la condujo ante el Colectivo de Abogados para que comenzara el proceso de acreditación como víctima de Mapiripán. “Ellos no sabían la verdad”. El Estado colombiano le señaló a la Corte que las declaraciones de ella y de sus hermanas estaban llenas de inconsistencias, pero, al final, la Corte fijó una indemnización por casi US$1’800.000 (unos $3.600 millones) para este núcleo familiar.

Ahora, la Corte Interamericana se encuentra en la incómoda posición de estudiar el tema de las “falsas víctimas”, con el antecedente —que tan mal cayó en el gobierno colombiano— de que en 2009, supervisando el fallo de Mapiripán, resaltó que aunque se comprobara que alguien resultara no ser víctima, el Estado tenía la obligación de indemnizar porque se “generó una expectativa legítima de ser beneficiario de reparación”. La Fiscalía, por su parte, avanza en sus indagaciones, analizando sobre todo el papel en este rompecabezas de María y Marco Tulio Bustos, asilados en Canadá.

Hoy, hace 15 años, la masacre de Mapiripán era una pesadilla de la que los pobladores de ese municipio del Meta apenas empezaban a despertarse. Algunos salieron a recorrer el pueblo en busca de los cuerpos de sus familiares para encontrarlos; a otros, la suerte ni siquiera les alcanzó para enterrar a sus difuntos. Este espantoso crimen colectivo habría pasado a la historia como el símbolo de la violencia paramilitar y de la complicidad militar, pero, en octubre del año pasado, la Fiscalía dejó en evidencia una tercera arista: la ineptitud de las autoridades colombianas para identificar con certeza a las víctimas, que se habría convertido en un talón de Aquiles del que más de uno sacó provecho.

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