Ante el nuevo llamado a imputación de cargos

“Fui una piedra en el zapato para los accionistas de la Ruta del Sol 2": Luis Fernando Andrade

El exdirector de la ANI, investigado por las irregularidades en la adición al contrato de la Ruta del Sol para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, dijo en entrevista que sus acciones perjudicaron los intereses económicos de Odebrecht y Grupo Aval. Agregó que solo pide una justicia con transparencia y sin conflicto de intereses.

La segunda audiencia de imputación de cargos contra Luis Fernando Andrade será el próximo 28 de septiembre. / Gustavo Torrijos

Luis Fernando Andrade lleva más de ocho meses preso en su casa por su presunta participación en el escándalo de corrupción de Odebrecht. Es el único funcionario de alta jerarquía del gobierno de Juan Manuel Santos —fue director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)— al que le imputaron cargos por las supuestas irregularidades que rodearon la adición al contrato de la Ruta del Sol 2 para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. Sin embargo, a pocos días de que se vencieran los términos en su proceso para solicitar su libertad, la Fiscalía le envió un mensaje: anunció que le imputará cargos por irregularidades en la Ruta del Sol 3, un caso diferente al de los sobornos pagados por Odebrecht.

Ante el anuncio, Andrade envió un comunicado a la opinión pública en el que advirtió que estas nuevas decisiones son una “infundada persecución de la Fiscalía” por defender los intereses de la nación en la demanda que interpusieron Odebrecht y sus socios —entre ellos Corficolombiana del Grupo Aval— contra el Estado. En entrevista con este diario, el exdirector de la ANI manifestó que por sus acciones se convirtió en una piedra en el zapato para los accionistas de la Ruta del Sol 2 y explicó por qué pide una justicia transparente y sin conflicto de intereses.

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En un comunicado de prensa, la Fiscalía hizo pública una nueva imputación de cargos en su contra por “razones de interés general”. ¿Por qué cree que lo hizo?

No sé y lo que debo decir es que esta nueva imputación es absurda. Se trata, por un lado, del otrosí 1 al contrato de concesión Ruta del Sol 3, y es claro lo tuvimos que hacer por las demoras que surgieron en las consultas previas. Ese contrato no lo adjudicó la ANI, venía de atrás y cuando se comenzó a ejecutar, se encontró que había que hacer más de nueve consultas previas. Las que se hicieron con la comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta tomaron mucho tiempo. Fue necesario reprogramar las obras. Fue un otrosí de reprogramación de obras. Si la ANI no puede hacerlo porque es delito, pues no sé cómo va a funcionar.

También le imputarán cargos por irregularidades en el otrosí 5, con el cual se adjudicaron los estudios y diseños del Puente Plato en el departamento del Magdalena. ¿Cuál puede ser la ilegalidad?

Lo que se refiere al otrosí 5, no se dieron recursos nuevos. Se utilizó dinero que ya estaba previsto en el contrato aportado por el concesionario en una cuenta de supervisión aérea. Como ya no se necesitaba, se decidió hacer estudios y diseños del puente, que era la única obra en los más de 400 kilómetros que tiene esa concesión en la que no había doble calzada. Además, en ese otrosí ni siquiera participé en el trámite, ni lo firmé siquiera.

¿Quién lo firmó?

El entonces vicepresidente ejecutivo de la Agencia, que estaba a cargo de la supervisión de ese contrato: Germán Córdoba, secretario de Cambio Radical.

Este tema del otrosí para los estudios y diseños del Puente Plato es el mismo por el cual le imputaron cargos al exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto. ¿Usted cree que su llamamiento a comparecer de nuevo en los tribunales está relacionado con Prieto?

No sé. Lo que puedo decir ahora, como lo dije hace un año, es que si una persona hace lobby a cambio de dinero y visita diferentes oficinas para buscar información, no puede ser que a la persona con la que hable la declaren culpable por el lobby de otro. Eso es absurdo.

Usted le dijo a la Fiscalía que Prieto fue uno de los más interesados en el contrato de la adición Ocaña-Gamarra. Sin embargo, hoy Prieto está procesado por hechos ajenos a este proceso. ¿Por qué cree que a Prieto no lo relacionan con el caso Odebrecht?

Yo fui la persona que puso en conocimiento de la Fiscalía, desde febrero del año pasado, los nombres de las personas que fueron a la ANI y cuáles eran sus intereses. Eso les permitió llevar a cabo las investigaciones. Eso demuestra la buena fe con la que siempre actué.

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Usted dice que funcionarios de la ANI, Invías, contratistas y otros implicados en el escándalo sostienen que usted siempre trabajó de buena fe. ¿Quién cree que está detrás de las declaraciones que lo tienen ante una segunda imputación de cargos?

Lo sabremos en la audiencia de imputación. Pero es muy extraño que me sigan sumando procesos, especialmente por acusaciones que por apariencia suenan tan absurdas. Con la lógica con la que se están planteando las cosas, en la ANI no se podrían tomar decisiones porque todo sería delito.

Los delitos que le imputaron no implican que haya recibido dinero a cambio de beneficiar a Odebrecht. ¿Cuál era su interés de beneficiar a las empresas si no recibió plata?

No solo no recibí plata, sino que las decisiones que tomé le ahorraron dinero al Estado. No hubo detrimento fiscal. Por eso es que estas acusaciones son absurdas y estoy haciendo denuncias.

A finales de este mes vencían los 240 días entre el escrito de acusación y el inicio del juicio, y como no se ha iniciado el juicio, podía pedir la libertad. ¿Cree que el nuevo llamado es para impedirlo?

Espero que no. Pero sí genera suspicacias.

¿Por qué cree que en este punto de la investigación en Colombia no hay ningún brasileño imputado?

Es un tema que el periodismo y las investigaciones judiciales tienen que profundizar. Los cargos que les han planteado a los ejecutivos brasileños son menores. Y aquí hay dos niveles: los ejecutivos que eran de Odebrecht, a quienes los investigan por delitos menores y están negociando con la Fiscalía; y los ejecutivos brasileños que estaban en la Ruta del Sol, a quienes todavía no les imputan cargos.

Se ha escuchado hablar de Eluberto Martorelli, expresidente de Odebrecht Colombia. Pero aún se desconoce el rol de Eder Ferracuti, representante legal de Concesionaria Ruta del Sol; de Marcio Marangoni, representante legal del Consorcio Constructor Ruta del Sol, y de Yezid Arocha, representante legal de Odebrecht Colombia. ¿Qué papel jugaron?

Eso es lo que tiene que investigar la justicia. De lo que conozco, es que el único cargo por el que es investigado el señor Martorelli es por delito de tráfico de influencias entre privados. Un cargo menor. Frente a los que estaban en la Ruta del Sol, solo sé que se emitieron órdenes de captura, pero cuando ya estaban en Brasil y allá no hay tratados de extradición.

Un personaje clave es Yezid Arocha, abogado de Odebrecht en Colombia. ¿Qué sabe de sus intervenciones en este proceso?

No sé nada. Algo más que debe investigarse.

¿Cree que la investigación de Odebrecht se ha centrado en los que son?

Cuando vemos la composición de la estructura organizacional del concesionario Ruta del Sol, o sea Corficolombiana y las compañías de Odebrecht en Colombia, lo extraño es que ninguno de sus miembros está imputado por los pagos ilegales que se hicieron en Colombia. Solo hay personas vinculadas por pagos que se hicieron a través de compañías offshore. Pero no se ha judicializado a quienes autorizaron o sabían de los pagos hechos en las empresas en Colombia.

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¿Cómo ve el caso de José Elías Melo?

En el caso de Melo, las imputaciones son por unos pagos que se hicieron en Andorra y que el exdirector del INCO, Gabriel García Morales, aceptó que ocurrieron. Pero Melo, según información pública, no tiene delitos por los pagos que se hicieron en Colombia. (La Fiscalía ya acusó al exdirectivo de Corficolombiana por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y celebración indebida de contratos).

Ni directivos de Odebrecht ni del Grupo Aval fueron implicados en la adición del otrosí de Ocaña-Gamarra, que ha sido el más rimbombante del escándalo. Ahí solo quedaron Otto Bula, el “Ñoño” Elías, Federico Gaviria y usted. ¿Qué piensa?

En mi último comunicado manifesté que estaba viendo un tratamiento diferencial. Veo que a quienes recibieron plata o la movieron en Colombia los investigaron. Pero quienes autorizaron o sabían que se estaban haciendo pagos hasta ahora no están vinculados. Como ciudadano debo decir que hay un conflicto de intereses grande, porque el fiscal fue abogado de las compañías de Odebrecht en Colombia y del Grupo Aval. Lo que pido es una justicia transparente y libre de conflictos de intereses.

Corficolombiana siempre ha negado que supiera de pagos irregulares. Pero se ha probado que en la concesionaria existieron contratos ficticios con otras empresas privadas del país. ¿Cree que Corficolombiana tenía conocimiento de esas movidas?

De acuerdo con las declaraciones de Jorge Enrique Pizano, el controller (una especie de auditor) de la concesionaria Ruta del Sol, había pleno conocimiento tanto en Corficolombiana como en el Grupo Aval de la existencia de pagos irregulares desde mediados de 2015. Él empezó a hacer esas advertencias desde 2013.

¿Conoció de pagos a empresas que han sido mencionadas a lo largo de la investigación como RGQ Logistics, Torrosa y Proseam?

Solo sé que hay denuncias que tienen que ser investigadas.

Esa plata, supuestamente, terminó en campañas políticas...

No lo sé. Eso se dijo en una carta que suscribieron los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe en agosto del año pasado. Lo reiteró después el senador Armando Benedetti. No tengo conocimiento del tema.

Usted es hoy el único funcionario del gobierno Santos vinculado a las investigaciones y, desde que estalló el escándalo, su defensa es que todas las decisiones fueron consultadas con el ejecutivo. ¿Debería haber más personas de su rango, o más altos, vinculadas?

Es que yo no debería estar vinculado. Se ha hablado mucho del tema Ocaña-Gamarra, por ejemplo, y eso fue una decisión que duró dos años en tomarse. Al interior de la ANI las decisiones son colegiadas. Este fue un proceso largo y detallado que luego fue llevado a diferentes instancias. Para el tema de peajes y de asignación de riesgos, por dar otro ejemplo, se llevó al Ministerio de Transporte y de Hacienda. Para tomar la decisión de incorporarlo al proyecto de Ruta del Sol se llevó al Conpes, donde participa todo el gabinete. Siempre mantuve informados a mis jefes, que eran varios ministros.

¿Como cuáles?

Cuando todo esto empezó era Miguel Peñaloza. Después fue Cecilia Álvarez, Natalia Abello y por un tiempo también el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, pues él participó en el Conpes y estaba a cargo del sector. Todo lo que hicimos se hizo de una forma consultada y transparente. No tiene ningún sentido decir que yo estoy cometiendo un interés indebido en esas contrataciones si todo el gobierno estuvo de acuerdo con ellas.

(Lea también: Gina Parody, Cecilia Álvarez y el supuesto conflicto de intereses que las metió en problemas)

¿Qué opina del archivo del proceso de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez en la Fiscalía?

Lo he dicho reiteradamente: no vi ningún comportamiento indebido por parte de la ministra Álvarez.

Se habló de un supuesto conflicto de intereses, pues familiares estaban detrás de un contrato que se aprobó con la firma del Conpes en la que ellas participaron. ¿Lo mismo sucedería con el fiscal Martínez, quien fue asesor y abogado del Grupo Aval y firmó el Conpes?

Creo que la situación sí es análoga. Si Martínez había sido abogado del principal beneficiario, en este caso Ruta del Sol, y luego participa en el proceso de aprobación, y la ministra Cecilia tenía un conflicto de intereses, pues él también lo tendría.

Juan Sebastián Correa, persona cercana a usted, lo ha señalado de ser la persona que estructuró los beneficios en favor de Odebrecht. Correa es hoy el testigo clave en su contra. ¿Qué tanta credibilidad tiene?

Eso es materia de juicio y no quiero hacer comentarios sobre Correa. Soy respetuoso de las instituciones y he denunciado las irregularidades que veo en la Fiscalía. Debo reconocer la imparcialidad de los jueces, porque gracias a ellos mi situación no es peor.

¿Cree que su cercanía con el “Ñoño” Elías puede comprometerlo, dado que él fue quien salió beneficiado por los sobornos de Odebrecht?

La única explicación que le doy a mi situación es la oposición que tuve a las pretensiones económicas de la Ruta del Sol, porque hay mucho dinero en juego.

¿A qué se refiere?

La Ruta del Sol tiene reclamaciones por sobrecostos del orden de $750.000 millones. Pretendían tener utilidades en el proceso de liquidación y la diferencia de valoración con la ANI era superior a los $400.000 millones. Siempre me opuse a esas reclamaciones y por eso hoy las resuelve un Tribunal de Arbitramento. De alguna manera me volví una piedra en el zapato para los accionistas de Ruta del Sol, tanto los de Odebrecht como los del Grupo Aval. Además, siempre estuve en desacuerdo con que la ley, con la cual se pretendía liquidar ese tipo contrato, fuera de carácter retroactivo.

¿Por qué?

Primero, porque éticamente no me parecía razonable. Y segundo, porque me advirtieron que ese tipo de leyes con retroactividad son inconstitucionales. El Congreso aprobó la ley con efectos retroactivos cuando yo ya había renunciado a la ANI. Lo hizo cuando había varias denuncias al respecto del contralor Edgardo Maya.

¿O sea que no escucharon el riesgo de que esta ley fuera retroactiva?

No escucharon al contralor.

Y el presidente Santos terminó firmando la ley...

No sé por qué lo hizo. El proyecto de ley que se radicó en la Cámara, cuando yo todavía estaba en la ANI, no contemplaba la retroactividad. El contralor Maya se manifestó varias veces e incluso llegó a hacer una advertencia y le dijo al presidente Santos que si firmaba esa ley como estaba, él la iba a demandar por inconstitucionalidad. No sé qué consideraciones tuvieron para aprobarla. Yo me opuse y constituí una piedra en el zapato adicional para los intereses económicos de los socios de Ruta del Sol.

(Más información: ¿Qué es el caso Odebrecht?: claves para entender el millonario escándalo de corrupción)

Además de esa negación suya a las pretensiones de Ruta del Sol y sobre la ley que se expidió, también tuvo un rol activo en la acción popular que presentó la Procuraduría. ¿Qué fue lo que sucedió?

A finales de junio, fui al Tribunal de Arbitramento y expliqué por qué la fórmula de liquidación que querían los accionistas de Ruta del Sol era inconveniente. Eso causó malestar entre los accionistas. Luego, semanas después, fui al Tribunal Superior de Cundinamarca, en donde está la acción popular, y denuncié ante el juez que Odebrecht y sus socios estaban violando el acuerdo que teníamos de pagarles a los proveedores y de entregarle la infraestructura al Invías para que continuara la obra.

¿Por qué estaban incumpliendo ese acuerdo?

Fue una presión indebida para obligarnos a ceder en las demandas económicas. Como resultado de esa denuncia, el juez ordenó a Ruta del Sol que terminara el pago a proveedores y le entregara la infraestructura al Invías. Eso también les cayó mal. La suma de estas cosas tuvo una incidencia grande contra los accionistas de Ruta del Sol. Fíjense lo contradictorio y absurdo de esto: la persona que luchó por los intereses de los recursos de la nación es el único funcionario que tiene cargos en su contra.

¿Cree que hay retaliación por su oposición a las pretensiones del concesionario Ruta del Sol?

No tengo pruebas, pero los hechos me generan suspicacias. Tan importante es el tema económico para Odebrecht y sus socios, que ahora que pueden perder en el Tribunal de Arbitramento en Colombia, están tratando de ver cómo encontrar la plata de otra forma. Por eso es que demandan en España.

¿O sea que demandan porque creen que van a perder en Colombia?

Nuestros argumentos son sencillos: en el tema de sobrecostos el contrato es claro, pues dice que los sobrecostos en construcción son responsabilidad del contratista. En relación con la liquidación, la ley también es clara: dice que si hay una liquidación por nulidad, el contratista no puede tener utilidades y que solo se le puede pagar por las obras que le trajeron beneficio a la nación. Son tan obvios los argumentos, que tengo gran seguridad de que el Tribunal va a fallar a favor del Estado.

¿Se considera un chivo expiatorio?

No lo sé. Pero me enfrenté a los intereses económicos de los accionistas de Ruta del Sol y, a raíz de esa posición, hoy me encuentro en una situación supremamente difícil. Es el mundo al revés. Por eso digo que me siento como en el libro de Kafka: “El proceso”.

¿Qué impacto tendrían en el Grupo Aval las decisiones que puedan tomar el Tribunal de Cundinamarca y el de Arbitramento?

Muy grande, porque las pretensiones son significativas. Ahora el mayor impacto es en Odebrecht, porque tenía el 62 % de las acciones. El menor impacto sería en el Grupo Aval, que tenía 35 %. Pero, sin duda, todas las decisiones tendrán impacto económico.

¿Es cierto que usted está tanteando el terreno para irse a Estados Unidos?

Tengo doble ciudadanía. Nací en EE.UU. y he vivido gran parte de mi vida allá. Además, mi esposa es estadounidense. Ante los conflictos que estoy viendo en la Fiscalía y la arbitrariedad de sus acciones, hemos pedido al gobierno de EE.UU. que le haga acompañamiento a este juicio. En la última audiencia estuvieron presentes dos funcionarios del consulado. Esperaríamos que nos ayuden a generar transparencia.

¿Está buscando asilo?

Para nada. He comparecido por lo menos 30 veces y lo seguiré haciendo. Estoy comprometido a presentarme y ser juzgado, pero eso no evita que no pueda denunciar las irregularidades que uno ve en el ente acusador.

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¿Qué implicación podría haber en EE.UU. que se demostrara, por medio de su proceso, que los brasileños no están diciendo toda la verdad?

Este proceso tiene dos lazos fuertes con los estadounidenses. Uno es el que hay entre el Departamento de Estado de EE.UU. y Odebrecht por el acuerdo que se hizo. Parecería ser que Odebrecht no dijo la verdad en ese acuerdo. Ellos reconocieron pagos de US$11 millones en Colombia, pero a raíz de las declaraciones de Otto Bula, Federico Gaviria o Jorge Enrique Pizano, sabemos que el valor fue muchísimo mayor.

¿De cuánto?

De US$50 millones. El otro hilo conector importante es que el Grupo Aval cotiza en la Bolsa de EE.UU. y por esa razón, el equivalente a la Superintendencia Financiera de allá tiene la capacidad de vigilar a la entidad y asegurarse de que la información que les da a sus inversionistas es veraz. Desde el punto de vista de Estados Unidos, no es solo el hecho de que yo sea ciudadano norteamericano, es que tanto Odebrecht como el Grupo Aval tienen obligaciones con las instituciones de ese país.

¿Algo más por agregar?

A través del análisis y la investigación es que se pueden proponer alternativas para que esto no vuelva a pasar. Por eso es que hablo con la prensa. Me parece que es muy importante el rol investigativo de los periodistas. Siempre lo he dicho: si no hay investigaciones independientes, se acaba la democracia.