"Piedad Córdoba no está buscando compensación económica": abogado

De prosperar la conciliación estos recursos serán destinados a la construcción de viviendas para la población desplazada en Chocó.

El abogado Luis Guillermo Pérez, quien defiende los intereses de la exsenadora liberal Piedad Córdoba hizo aclaraciones sobre la conciliación presentada por su cliente en contra de varios organismos del Estado por la persecución adelantada en su contra.

Para el abogado, de prosperar el recurso jurídico la excongresista dichos recursos serán destinados a proyectos de reparación de construcción de viviendas para la población víctima del delito de desplazamiento forzado en el departamento del Chocó y otros proyectos sociales.

“Esto teniendo en cuenta que la presente acción no es motivada por un interés económico de la familia Córdoba sino por un anhelo grave de reconocimiento del Estado por las graves violaciones en que incurrieron”, precisó el jurista.

En este sentido fue claro en indicar que la excongresista tiene derecho a una reparación material puesto que fue víctima un plan de seguimiento orquestado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el Gobierno del presidente de Álvaro Uribe Vélez.

Pérez manifestó que a que la excongresista tiene todo el derecho a recibir una reparación económica al considerar que está comprobado que la senadora, su núcleo familiar, un grupo de asesores políticos y amigos cercanos fueron víctimas de seguimientos que afectaron su integridad física, moral y económica.

El abogado defensor aclaró que desde el primer momento Córdoba Ruiz les manifestó que la finalidad de este recurso no era recibir una “compensación económica” sino ejecutar una serie de proyectos destinados a la protección de las víctimas.

“La persecución que ha sufrido la senadora Piedad Córdoba Ruiz no la padecido otro ser humano en Colombia. Hemos dejado constancia que esta persecución arbitraria y criminal le ha generado un profundo daño a ella y a su familia”, aclaró.

Ante esto, puso como ejemplo el caso de su asesor político quien fue secuestrado en Medellín y posteriormente asesinado en el Urabá antioqueño por grupos paramilitares. Igualmente puso a materia de ejemplo la infiltración de su esquema de seguridad, la ubicación de micrófonos en su casa y carro privado y la entrega de información falsa a los medios de comunicación para difamarla.

“Con este se busca que se restablezca su buen nombre, los derechos aceptados, y que se reconozca que hubo esta voluntad de hacerle daño durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, precisó el abogado que el interés de su cliente es obtener justicia y verdad.

Pérez explicó que la acción de conciliación extrajudicial está dirigida a la presidencia de la República, puesto que el DAS dependía directamente de éste. “En segundo lugar otras entidades del Ejército, al Policía y otras entidades que hicieron parte de este complot para destruirla, efectivamente se concertaron para actuar en su contra durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez”.

El próximo 6 de mayo se adelantará la audiencia de conciliación en la Procuraduría General de la Nación.