Pliego de cargos contra infantes de marina por falso positivo

Según indicó la Procuraduría, al parecer se “desbordó la función pública asignada pues desviaron la actividad legítima del Estado”.

La Procuraduría General de la Nación formuló este martes pliego de cargos a integrantes de la Infantería de Marina porque al parecer dieron muerte de manera arbitraria a un hombre de 38 años de edad en la vereda San Rafael, jurisdicción del municipio de Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar.

Los investigados son el sargento S2MIM Víctor Miguel Salazar Jiménez, S3MIM Óscar de Jesús Acosta Pabuena y los infantes de marina profesionales Edinson Corrales Ruiz, Nelson Rafael González Luna, Juan Carlos Moreno Vásquez, Jorge Eliécer Barrera Chica, Julio José Baldovino Mercado, Carlos Martínez Acosta, Óscar Javier Marrugo López, Samir Elías Romero Pérez y Silvio Efraín Mazo Ibáñez, integrantes al Grupo de Reconocimiento Cobra del Batallón de Contraguerrillas de IM1 adscritos al grupo de Caballería Mecanizado Nro.1, para la época de los hechos.

La investigación se originó en la noticia publicada en un diario de Cartagena (Bolívar) en su edición del 22 de agosto de 2005, que informó del homicidio de un civil que según versiones de su familia se dedicaba a labores del campo y habría sido ejecutado arbitrariamente por miembros de la Infantería de Marina de la zona rural del citado municipio.

Al parecer se trataba de una persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta que no se ha demostrado que se encontraba participando directamente de las hostilidades del conflicto armado.

Agrega el pliego de cargos que la víctima fue encontrada vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas de tamaño mayor a las que corresponde a un hombre menudo como él, botas, pantalón y suéter de mayor talla, a quien el laboratorio de balística del CTI señaló que realizado el estudio de las prendas que portaba, no se encontraron rastros de proyectil de arma de fuego, y se estableció que el arma de fuego que le fue encontrada no fue disparada.

De acuerdo con las pruebas  se infiere que el comportamiento de los investigados al parecer “desbordó la función pública asignada pues desviaron la actividad legítima del Estado y ejecutaron conductas que trascendieron la misión constitucional de la Fuerza Pública, como es la salvaguarda de la vida e integridad de las personas, cometiendo un acto ajeno al servicio y, por las circunstancias en que se dio, sería una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”.