Plinio Olano habría financiado campaña de contralor de Bogotá con dineros de Odebrecht

La Corte Suprema de Justicia reveló más detalles de cómo la empresa brasileña concretó un negocio entre el excongresista Plinio Olano y Juan Carlos Granados para quedarse con el contrato de la vía Duitama-Charalá-San Gil.

Olano estuvo en el Congreso entre 2006 y 2014.Federación Nacional de Departamentos

La investigación de la Corte Suprema de Justicia sobre las andanzas de Odebrecht en Colombia sigue dando datos claves. En su más reciente decisión sobre el tema, al ordenar que el exsenador Plinio Olano debe permanecer en la cárcel mientras se adelanta una investigación en su contra por sus vínculos con la multinacional, el alto tribunal tiene un dosier de pruebas en contra del excongresista. Muestran, por un lado, que Olano habría financiado la campaña de Juan Carlos Granados a la Gobernación de Boyacá, y por otra, que los planes de los brasileños en el país iban mucho más allá que quedarse con el contrato de la Ruta del Sol 2.

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El exsenador Olano fue capturado el 13 de febrero pasado por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema. De acuerdo con la Fiscalía, el excongresista es investigado por la Corte Suprema de Justicia por, supuestamente, haber participado en la adjudicación de un contrato de la Ruta del Sol en favor de Odebrecht. En el documento de 97 páginas conocido por este diario, en el que el alto tribunal legalizó su captura y ordenó el envió de prisión del excongresista, lo detalles de los vínculos de Olano con Odebrecht fueron puntuales.

Según los hallazgos de la Corte, Odebrecht, con ayuda del exsenador, quería quedarse con el contrato de la vía Duitama – Charalá – San Gil. En este apartado de la decisión de la Corte aparece un nombre que pocas veces se ha escuchado en el marco de este escándalo. Se trata del de Juan Carlos Granados, el contralor de Bogotá. La Corte señala que en varias reuniones entre Olano y Luiz Bueno, presidente de la multinacional en Colombia, se acordó la importancia de que Granados ganara las elecciones para poder asegurar la carretera en Duitama.

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Después de tres reuniones en la casa del excongresista, el pago se habría concretado y quedó claro con los brasileños que el dinero llegaría a la campaña de Granados. “En virtud de ese acuerdo, Juan Carlos Granados y Olano Becerra recibirían una comisión del 3% al 5% sobre el valor estimado del proyecto, que oscilaba entre $200 mil millones y $350 mil millones si el contrato les era adjudicado”. Tras la victoria de Granados en las elecciones, Odebrecht volvió a contactarse con Granados en 2012 y “le solicitó continuar con las negociaciones ilegales y por tanto designar un interlocutor” para concretar el negocio ilícito. El encargado de completar con éxito la transacción fue el exsecretario de infraestructura de Boyacá, Bernardo Umbarila.

Hasta ahora, lo que se sabía del papel de Plinio Olano en el entramado de corrupción es que hacía parte de un grupo que los brasileños denominaron los buldócer, la mayoría de ellos senadores o excongresistas, que habrían presionado y recibido sobornos para que Odebrecht se quedara con el contrato de la adición del tramo Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol 2. El propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló esta mañana que la captura de Olano significa que la Corte Suprema está de acuerdo con su entidad en que los buldócer sí existieron.

Algo similar anotó el alto tribunal en el documento. La Corte advierte que el modus operandi de la multinacional brasileña consistió en "la cooptación de servidores públicos que tuvieran la capacidad de influir en las decisiones atinentes a la asignación y desarrollo de los contratos que pudieran surgir ante las necesidades del país, principalmente en materia vial. En contraprestación, los funcionarios que prestaran su concurso recibirían grandes sumas de dinero, para lo cual debían gestionar las actividades necesarias orientadas a darle visos de legalidad a los dineros pagados a título de sobornos o a ocultar su origen y destino".

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En otras palabras, lo que pretendía Odebrecht era encontrar personas que pudieran replicar el sistema de soborno en la contratación de obras públicas y ocultar la procedencia ilegal de los recursos. Este habría sido el camino para que el exsenador Olano, quien trabajaba en la Comisión Sexta del Senado, la cual se encarga de debatir asuntos relacionados a obras públicas y transporte, accediera a participar en el entramado de corrupción. Para la Corte es claro cuándo fue que el exsenador entró a ser parte de la cadena de sobornos.

Según el documento, la Corte comprobó que sus vínculos con la multinacional Odebrecht venían desde el año 2009, año en el cual se adelantaba la adjudicación de la Ruta del Sol 2. Dicho vínculo se corroboró gracias a las declaraciones de Luiz Bueno, presidente de la multinacional para Colombia. Bueno aseguró que Olano fue referenciado como “la persona que manejaba los temas de infraestructura en el Congreso y que era “un senador de posiciones muy fuertes y pragmáticas”. Aunque, en principio el objetivo de contactar a Olano era con el propósito de “enviarle un mensaje al Ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego”.

Sin embargo, la tarea del exsenador cambió. Así lo demuestra otro de los testimonios que involucra al exparlamentario, el de Federico Gaviria. El empresario señaló que Olano y Odebrecht “se concertaron para obtener un sinnúmero de proyectos de infraestructura de forma ilegal”, entre los que se encuentran el contrato principal de la Ruta del Sol 2; el proyecto de concesión vial de la ruta Duitama- Charalá – San Gil; la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Salitre de Bogotá; el proyecto de construcción de la hidroeléctrica HidroItuango, y el contrato de adición al proyecto de la Ruta del Sol 2.

Olano, por su parte, ha dicho siempre que está dispuesto a colaborar con las autoridades y rechaza haber sostenido cualquier vínculo ilegal con Odebrecht. La Corte Suprema, no obstante, tiene un listado de serias e indicios que le dicen desde ya al excongresista, elegido director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos en enero de 2017, que tal vez este problema penal en el que está metido va para largo.  

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-Redacción Judicial

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