Análisis

¿Podemos perder el miedo a morir violentamente en Colombia?

Solo se lograría con el desarrollo de una política de seguridad ciudadana, acompañada de una estrategia de presencia y fortalecimientos de las instituciones sociales, económicas y políticas que garanticen el control del Estado.

Una de las principales consecuencias del Acuerdo de Paz ha sido la disminución de homicidios en todo el país.EFE

Desde el inicio de las conversaciones y el Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc mueren menos ciudadanos en Colombia. Este es quizás uno de los mayores logros del proceso, que permitió cerrar 2017 con una tasa de 24 personas por cada cien mil habitantes. Aunque la tasa es alta en términos internacionales, no se puede desconocer que es la más baja de los últimos 41 años en Colombia y que los homicidios cada vez se concentran en menos municipios. Bogotá contribuye a la reducción y cada vez son más los territorios con cero casos. 

Sin embargo, el inicio de 2018 está marcado por el crecimiento de los homicidios en el país. Según el seguimiento que periódicamente elabora la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que próximante se publicará con información pública de la Policía Nacional, entre enero y abril se presentó un incremento del 11% en el número de casos con respecto al mismo período del año pasado.

(En contexto: Homicidios en Colombia: la tasa más baja en los últimos 42 años se dio en 2017)

Aumentó el número de departamentos que registraron crecimiento en el país (de 15 a 19) donde se destacan los incrementos de Córdoba (88%), Antioquia (42%) y Nariño (31%), definidos por el comportamiento en Montelíbano, Bajo Cauca y Tumaco. Medellín y Cali tienen comportamientos crecientes del 8% y 26% respectivamente; y los municipios clave en la implementación del Acuerdo de Paz presentan incrementos entre el 64 y el 28%. 

Una de las principales explicaciones para el reciente aumento de los homicidios es el agotamiento de las estrategias contra los grupos violentos. El sometimiento a la justicia de los carteles de la droga en los años 90, las negociaciones con los grupos paramilitares y con las Farc, así como la combinación con las acciones militares han logrado disminuir progresivamente la tasa de homicidios.

Sin embargo, esas estrategias parecen estar llegando a su fin. Los resultados han pasado de -13% (2003-2006), -7% (2012-2014), -4% (2015-2016) y enfrentan un potencial crecimiento entre el 2017 y 2018. Adicionalmente, las bajas tasas de esclarecimiento y juzgamiento de los homicidios, a pesar de los recientes esfuerzos de la Fiscalía, junto con la reincidencia y la crisis crónica del sistema penitenciario agravan el agotamiento de la estrategia que hemos seguido desde hace más de 30 años. 

(Lea: Homicidios en zonas con sustitución de cultivos aumentaron en un 33%)

Esto indica que el país enfrenta un cambio en el fenómeno. Desde la FIP se ha insistido en el aumento de grupos delincuenciales que se disputan diversos territorios, en el aumento y consolidación de las disidencias de las Farc e incluso en el peso de la violencia cotidiana que parece tener un efecto sobre el comportamiento de este delito, y es quizás, uno de los segmentos más abandonados en materia de política pública. 

Todos los indicadores que se muestran en esta infografía, basados en el próximo informe de seguimiento de la Fundación, no son otra cosa que un llamado a la construcción de una nueva política de seguridad ciudadana que se articule con la política criminal y con una agenda de justicia que permita garantizar la sostenibilidad en la reducción de la tasa de homicidios y que atienda, por fin, aquellas muertes que como en el caso de los líderes sociales, parecen ser una constante del fenómeno en el país. 

Este llamado trasciende el debate electoral, y se le hace al Estado en su conjunto para que adopte una política que consolide de manera definitiva el liderazgo civil en cabeza del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y Planeación Nacional que coordine y de coherencia a las acciones que dirigen y lideran gobernadores y alcaldes. A la articulación de la cadena de justicia penal con las políticas preventivas. Al fortalecimiento de la investigación criminal, el juzgamiento y la sanción de los delitos superando las dificultades organizacionales y culturales entre la Fiscalía, los Jueces y las autoridades del poder ejecutivo. Al mejoramiento de los sistemas de información.

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También, al desarrollo de estrategias que atiendan las diversidades de las problemáticas locales de acuerdo con la naturaleza de los territorios y a las economías ilegales que se combinan y retroalimentan con algunas de las actividades de la economía legal. A vincular a todas las autoridades que ejercen funciones de policía como las Superintendencias e incluso la Dian, fundamentales en la lucha contra los grupos de crimen organizado. Al desarrollo de una agenda local de justicia en cabeza de instituciones locales como las Inspecciones de Policía para solucionar los conflictos cotidianos de los ciudadanos. A construir una ley de sometimiento a la justicia, discutida por el poder legislativo en sus comisiones primera, que brinde herramientas para afrontar la proliferación de grupos delincuenciales. 

Solo con el desarrollo de una política de seguridad ciudadana, acompañada de una estrategia de presencia y fortalecimientos de las instituciones sociales, económicas y políticas que garanticen el control del Estado, podremos perder el miedo a morir. Un miedo que siente el 78% de los ciudadanos, según la encuesta de percepción de la FIP realizada en 2017, y que no se soluciona con la tolerancia al control de territorios por parte de grupos delincuenciales, lo que también en esta historia ha servido para reducir las tasas de homicidios en ciertas ciudades.

Esto se soluciona con la construcción de una clara y eficiente presencia del Estado en el territorio que respete los derechos de los ciudadanos frente a los grupos criminales, a veces en complicidad con actores del Estado, y nos permita recuperar la esencia misma de lo que en los años 90 iniciamos bajo la idea de Seguridad Ciudadana.

* Jerónimo Castillo Muñoz es el director de Seguridad Ciudadana y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz.