"Policía protegió a los responsables de la Masacre de El Nilo"

La defensa de los familiares de las víctimas de la matanza de 20 indígenas calificó como “inconcebible” que les permitiera ascender dentro de la Institución pese a las pruebas que existían en su contra.

El general (r) Fabio Castañeda investigado por la masacre de El Nilo se entregó este miércoles ante las autoridades.

El abogado Luis Guillermo Pérez, quien representa a los familiares de las víctimas de la masacre de El Nilo, aseguró que por 23 años la Policía Nacional protegió a los dos uniformados relacionados con el asesinato de 20 indígenas de la etnia Nasa a manos de miembros de la Fuerza Pública en zona rural del municipio de Caloto, Cauca, en la noche del 16 de diciembre de 1991.

Esto haciendo referencia al hecho que pese a las pruebas existentes en contra del ahora brigadier general (r) Fabio Alejandro Castañeda y el mayor (r) Jorge Enrique Durán Argüelles se les permitió continuar con su carrera en la Institución. El jurista calificó esto como “inconcebible”.

“El general Castañeda le prestó 30 años de servicio a la Policía y al momento de los hechos era teniente y pese a que desde un primer momento se habló de su responsabilidad fue amparado por la cadena de mando hasta que ascendió a general y eso es vergonzoso considerando que hubo una decisión de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, aseguró el abogado.

En este sentido indicó que sus superiores los protegieron, obstruyendo así la administración de justicia. Incluso citó el fallo del procurador General, Orlando Vásquez Velásquez quien los absolvió en el proceso disciplinario que se les adelantó por su responsabilidad en los hechos que permitieron la ejecución de esta masacre.

“Es una cadena vergonzosa de impunidad y corrupción que tiene develarse en el curso del juicio para que los responsables sean sancionados”, dijo el jurista. Los dos oficiales se entregaron a las autoridades el pasado martes cumpliendo así una medida de aseguramiento emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por una solicitud emitida por el Consejo de Estado que dejó en firme la condena contra la Nación por esta masacre.

Se espera que el próximo 6 de marzo inicie en un juzgado de Popayán el proceso en contra de los dos uniformados quienes tendrán que responder por su presunta participación en los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y heterogéneo con homicidio en grado de tentativa, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerza Pública y daño en bien ajeno.

Temas relacionados