Policías y militares presos piden igualdad ante la JEP

Los exintegrantes de la Fuerza Pública denuncian que de la penitenciaría de La Picota han salido, al menos, 200 guerrilleros de las Farc, tras haber recibido beneficios del Acuerdo de Paz. Dicen los expolicías y militares que esos derechos, como actores del conflicto, no los han recibido.

Redacción Judicial
12 de julio de 2017 - 01:01 a. m.
Exintegrantes de la Fuerza Pública presos aseguran que Justicia Especial para la Paz, (JEP) no los ha tenido en cuenta. / El Espectador/ Archivo.
Exintegrantes de la Fuerza Pública presos aseguran que Justicia Especial para la Paz, (JEP) no los ha tenido en cuenta. / El Espectador/ Archivo.

Un grupo de exmiembros del Ejército y la Policía recluidos en la penitenciaria de La Dorada, Caldas, a través de un video denuncian que no han recibido las garantías procesales que fueron establecidas en el Acuerdo de Paz. En cambio, dicen que a los guerrilleros de las Farc sí les están otorgando los beneficios.

Uno de los reclusos, que no se identificó ante la cámara, leyó un comunicado dirigido al presidente de la República, Juan Manuel Santos, reprochando que no se está aplicando la Ley 1820 de 2016 que también los acoge.

“Fuimos condenados por haber cometido delitos como miembros activos de cada fuerza y seguimos paso a paso el proceso de paz llevado a cabo en La Habana, con la ilusión de que fuéramos tenidos en cuenta en los beneficios a otorgar a los actores del conflicto armado y esa fue la idea que nos vendió el equipo negociador del gobierno. Sin embargo, al culminarse los acuerdos y expedirse la mencionada ley 1820 de 2016 se comenzaron a menguar nuestras esperanzas”, dice el exuniformado que viste una camiseta amarilla.

“Durante los meses de noviembre y diciembre 2016, enviamos en forma personal el acogimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, por parte del Ministerio de Justicia y el Derecho anexando copia los procesos penales que cruzan en nuestra contra y cumpliendo con los requisitos establecidos para definir, como lo constituye el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre 2016 entre el gobierno y las Farc”, dice el documento.

En ambos casos los exintegrantes de la Fuerza Pública pidieron un “tratamiento penal especial y equitativo”.

Por Redacción Judicial

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