Polígrafo para directores de cárceles, la propuesta del Inpec para combatir corrupción

Días después de que el director de La Modelo fuera acusado de actos de corrupción en esta penal, el brigadier general William Ernesto Ruiz, director del Inpec, propuso un nuevo plan anticorrupción en la institución que dirige.

A principios de febrero se dio a conocer una supuesta red de corrupción al interior de la cárcel La Modelo.Cortesía.

El brigadier general William Ernesto Ruiz, quien asumió la dirección del Inpec el pasado 6 de febrero, anunció un nuevo plan para combatir la corrupción al interior de la institución. Entre los puntos propuestos por Ruiz está someter al polígrafo a los directores y subdirectores de cárceles.

“Estoy haciendo un trabajo sobre saber quién es honorable para hacer parte de estas direcciones y subdirecciones”, dijo Ruiz para explicar por qué esta propuesta es parte fundamental de su nuevo plan anticorrupción.

(Lea aquí: Director de La Modelo se declaró inocente por corrupción al interior de la cárcel).

También dijo que es fundamental que quienes conozcan estos actos de corrupción, los denuncien. “El Inpec necesita que ese familiar, que ese mismo interno, que quien sepas esas situaciones, denuncie. Estamos abriendo un canal expedito y protegeremos (a quienes denuncien) para saber qué actos de corrupción se están presentando”.

La llegada de Ruiz a la dirección del Inpec coincidió con el destape de una supuesta red de corrupción al interior de la cárcel La Modelo que, según las autoridades, habría sido orquestada por el entonces director del penal, el coronel del Inpec César Augusto Ceballos. Por este hecho, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Aún así, Ceballos no aceptó los cargos.

(También: Drogas, whisky y visitas en horarios no permitidos: así era la corrupción en la Modelo).

De acuerdo con las indagaciones preliminares, la organización a la que habría pertenecido Ceballos concedía beneficios a los reclusos, avalaba visitas en horarios no autorizados y permitía el ingreso de drogas y otros elementos que son restringidos por el sistema penitenciario. Para esto, cuando llegaba un nuevo preso, el director de la cárcel hacía un estudio para establecer la capacidad socioeconómica del procesado.

Según la Fiscalía, esta organización cobraba entre $2 y $3 millones para que los reclusos cumplieran sus citas médicas; de $150 mil a $500 mil para permitir el ingreso de visitas en horarios no permitidos; $500 mil para ingresar drogas, $600 mil para el acceso de bebidas alcohólicas como whisky y $400 mil para que pudieran tener un celular.

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Redacción Judicial

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