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En momentos en los que Colombia se prepara para conocer los alcances de la condena en su contra por el holocausto del Palacio de Justicia, una ponencia revelada por Caracol Radio promete reavivar el debate sobre la presunta participación de militares en violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. En el documento, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Guillermo Salazar, pide “casar el fallo de origen y naturaleza indicados, y en su lugar absolver al coronel Luis Alfonso Plazas Vega de los delitos por los cuales había sido condenado de acuerdo con los cargos”.
Mejor dicho: tumbar la condena a 30 años de prisión impuesta por el Tribunal de Bogotá en contra del coronel (r) Alfonso Plazas Vega en 2012. Además de “disponer la libertad inmediata e incondicional del coronel en razón a la decisión adoptada, por lo que se le notificará al Tribunal Superior de Bogotá que debe emitir la orden de libertad”. Según Salazar, por falta de pruebas contra el excomandante de la Escuela de Caballería. Ahora falta que los otros magistrados de la Sala Penal analicen la ponencia y decidan si la avalan o no. En caso de que sea derrotada, habría que presentar una nueva ponencia.
No es la primera vez que un magistrado pide la absolución del coronel (r) Plazas Vega. De hecho, cuando su caso llegó al Tribunal de Bogotá, el magistrado Hermes Darío Lara presentó una ponencia en la cual pedía absolver al uniformado; no obstante, esta fue derrotada y Plazas fue condenado pese a los reparos de Lara, quien señaló, por ejemplo, que en este proceso ha habido “demasiados supuestos, verdades a medias que son verdaderas mentiras y mentiras verdaderas que son verdades procesales”. De hecho, su salvamento de voto fue usado, posteriormente, para la realización de un libro titulado Plazas Vega es inocente.
En la otra orilla hay quienes ven en el uniformado a uno de los protagonistas de este trágico suceso, no sólo por la famosa frase pronunciada ante los medios de comunicación, en la que Plazas daba a entender que la retoma era para defender “la democracia”, sino, además, por ser el comandante de la Escuela de Caballería, lugar donde, al parecer, fueron llevados algunos de los desaparecidos del Palacio.
Esta ponencia se conoce, además, menos de un mes después de que otro oficial, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, fuera condenado por el Tribunal de Bogotá a 35 años de prisión por su participación en el holocausto. En el fallo, esa entidad sostuvo que el “general Arias Cabrales no sólo tenía el deber de aplicar las leyes de la guerra sino el de dar un ejemplo de vida y honor a las tropas, pero decidió empañar el triunfo legítimo de las instituciones con una conducta reprobable”.
Ese mismo tribunal tiene en sus manos, además, el proceso contra el excomandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia general (r) Iván Ramírez Quintero, absuelto en 2011 por la jueza 51 penal de Bogotá. El Espectador intentó comunicarse con algunos de los abogados vinculados a este proceso, pero hay hermetismo entre las partes debido a que lo que se conoce hasta ahora es apenas una ponencia. Sin embargo, la controversia está servida con un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ciernes, la reciente condena contra el general (r) Arias Cabrales y un proceso de paz en el que se ha hablado de incluir a militares vinculados con graves violaciones a los derechos humanos dentro de un posible acuerdo sobre justicia transicional.