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Para la Cámara de Representantes, el exmagistrado Leonidas Bustos es el "cerebro" detrás de lo que hoy se conoce como el escándalo por el cartel de la toga. Así quedó claro en el escrito de acusación que hoy aprobó la plenaria y que ahora pasará al Senado, en donde se definirá si el expresidente de la Corte Suprema de Justicia debe enfrentar un juicio político por los delitos de cohecho —soborno de funcionarios públicos—, concierto para delinquir y tráfico de influencias.
La decisión, que fue unánime, significa que para los representantes, hay méritos y pruebas suficientes para que Bustos responda por su presunta participación en lo que la Fiscalía ha catalogado como una organización criminal de magistrados y abogados en la que, a cambio de dinero, intervinieron en decisiones judiciales de expedientes en la Corte Suprema. La Comisión de Acusación que adelantó esta investigación, tuvo en cuenta más de 100 pruebas para presentar el caso ante sus colegas de la plenaria.
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El representante por el Centro Democrático, Edward Rodríguez aseguró en su momento que existen “serios indicios” de que “hubo entrega de dineros y bienes” para favorecer decisiones judiciales que llegaban al despacho del exmagistrado. Bustos, explicó el congresista, “aprovechaba su solvencia académica e intelectual para influir en los fallos ilegales que provenían de la organización delictiva”. Según testimonios recopilados en este proceso, el extogado habría recibido $200 millones y un reloj Cartier en supuestos sobornos.
Uno de los testigos claves en esta investigación ha sido Luis Gustavo Moreno, exjefe anticorrupción de la Fiscalía y el primer eslabón del cartel de la toga en caer. En abril del año pasado, el exfiscal declaró bajo juramento “que los dineros producto de los actos de corrupción no siempre eran entregados en efectivo, sino que en algunas ocasiones se realizaban compras”. Así fue como Bustos, según la versión de Moreno, resultó pidiendo un lujoso reloj para él, que Moreno aseguró haber comprado en el centro comercial Andino de Bogotá, avaluado en unos $42 millones.
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Otro de los testimonios que fue clave en la acusación de Bustos fueron las visitas que realizó el mismo Moreno a la casa del exmagistrado. Todas, según el exfuncionario de la Fiscalía, ocurrieron a altas horas de la noche cuando el esquema de seguridad ya se había retirado. Uno de esos encuentros se habría hecho con el propósito de entregarle $200 millones en efectivo “para que el parlamentario Álvaro Ashton obtuviese un archivo en un proceso que cursaba en contra suya en la Corte Suprema”, declaró Moreno. Otro congresista que se habría beneficiado de las andanzas del cartel de la toga habría sido el exsenador Musa Besaile.
Sobre este episodio, se sabe que la organización criminal le habría exigido pagar cerca de $2.000 millones para favorecerlo en los procesos en su contra. Según lo dicho por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, la solicitud de este dinero tenía la intención de “bajarle la presión a los temas del Departamento de Córdoba” y terminó directamente en los bolsillos de Bustos, así como del también exmagistrado Francisco Ricaurte, preso por este caso, y del exfiscal Moreno. El propio Besaile admitió que el pago sí existió, pero que lo hizo pues se sintió extorsionado por el exfiscal anticorrupción.
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Ante la Comisión de Acusación, en septiembre de 2017, Musa Besaile dio su versión acerca de cómo fueron sus encuentros con Gustavo Moreno, quien, según él mismo confirmó, le pidió $6.000 millones inicialmente para intervenir en su proceso por parapolítica y frenar una supuesta orden de captura en su contra. “Me dijo: ‘No vaya a pensar que ese dinero es para mí solo […] es para mi papá’”. ¿Quién es su papá?, le habría preguntado Besaile a Moreno, quien, en un papel, habría escrito: “Leonidas Bustos”.
Desde el comienzo de este escándalo, en noviembre de 2017, Bustos declaró que nada tiene que ver en el asunto. El exmagistrado ha dicho que desde que comenzaron las investigaciones por parapolítica, se dio en el país una intensa persecución en busca de desacreditar a las altas cortes y deslegitimar sus decisiones. Además, calificó de “ilegales” varios audios que la Fiscalía ha utilizado en su contra y en otros procesos, pues asegura que no tienen contexto y serían más bien conversaciones de “chismes, suposiciones y charlatanería”.