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Dos fincas, una de 120 hectáreas y otra de 50 hectáreas, ubicadas ambas en San Marcos (Sucre), una tierra irrigada por Ciénaga Grande y Ciénaga La Cruz, más un carro Volvo, es lo que el excongresista Antonio Guerra de la Espriella podría perder por cuenta del proceso en su contra sobre su presunta participación en el esquema de sobornos de la multinacional Odebrecht. La hacienda más grande está avaluada en $380 millones; la otra, en $150 millones, y el automóvil, en $77 millones. Y todas esas propiedades fueron ocupadas por la Fiscalía y la Armada con un propósito: extinción de dominio. (Antonio Guerra “aceptó adherirse a la empresa criminal” de Odebrecht: Corte Suprema)
“Estas acciones se originaron tras conocer un informe técnico que evidenciaría cómo el exparlamentario, aprovechando su posición y contactos, habría incurrido en hechos de corrupción en favor de la multinacional Odebrecht”, apuntó la Fiscalía. “Los cruces de información contable y financiera realizados por parte de la Policía Judicial de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dejaron ver que, entre el 2012 y el 2017, Guerra De la Espriella obtuvo un incremento injustificado de su patrimonio”, agregó el organismo investigativo.
La Fiscalía dijo que, de acuerdo con “el material probatorio recaudado”, Guerra de la Espriella “habría servido de mediador para agilizar el trámite de suscripción del contrato de estabilidad jurídica” que se celebró en los últimos días de diciembre de 2012 para proteger el proyecto de Ruta del Sol 2: su firma implicaba que, a esa megaobra en particular, le aplicarían las normas tributarias vigentes a 2012 por los siguientes 13 años. “Esta gestión le habría significado al exsenador una ganancia de 200 millones de pesos”, dice el organismo investigativo. (Los falsos contratos del caso Odebrecht)
Guerra de la Espriella completa un año detenido. El 21 de marzo del año pasado se entregó a las autoridades tras saber que había una medida de aseguramiento en su contra, expedida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento se oficializó que era investigado por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, cohecho y tráfico de influencias. “Las pruebas recaudadas hasta ahora comprometen al excongresista con los sobornos pagados en el país por la multinacional Odebrecht, para obtener ventajas y favorecimiento en la adjudicación de contratos de infraestructura”, dijo la Sala.
Según la acusación contra el exsenador de Cambio Radical, confirmada en noviembre de 2019 y revelada por este diario, señala que él “aceptó adherirse y participar en la empresa criminal conformada por directivos de Odebrecht en Colombia, lobistas, servidores públicos de distintos niveles de la Administración nacional, congresistas, contratistas y particulares”. También, que la reforma tributaria de 2012 “fue aprovechada para presionar la firma de un contrato de estabilidad jurídica requerido por Odebrecht”, interés que habría defendido con maniobras ilegales Guerra de la Espriella.
La Sala de Instrucción documentó que el también exsenador Bernardo Ñoño Elías, ya condenado también por el caso Odebrecht a seis años y ocho meses de prisión, habría buscado a Guerra de la Espriella, entonces miembros de la Comisión Tercera del Senado, para que agilizara la firma del contrato de estabilidad jurídica por medio de sus influencias en el Ministerio de Hacienda. De esa manera, Odebrecht y sus socios de la concesionaria Ruta del Sol (Episol, de Corficolombiana y CSS Constructores) aseguraron para ellos unas condiciones tributarias más favorables que para cualquier otra empresa.
Tanto Elías como Otto Bula le dijeron a la Corte Suprema que hubo varias reuniones con el ministro de Hacienda de la época, Mauricio Cárdenas, para presionar la firma del contrato. “La posición de Guerra le permitía relacionarse con el ministro de Hacienda, lo cual acepta el propio procesado al afirmar que conocía a Cárdenas y haber hablado con él. No puede pasar desapercibido que dicho funcionario, en oficio del 27 de diciembre de 2017, señaló que, aunque no recuerda si Guerra se reunió con él para hablar del Conpes 3817 de octubre 2 de 2014, no descartó que se haya reunidos en otras ocasiones con él”, indicó la Corte.
El Ñoño Elías contó a la justicia que, en una ocasión, Otto Bula se presentó en su apartamento con $700 millones en efectivo dentro de un morral grande. Según Elías, él había pactado con Bula que, si resultaba el contrato de estabilidad jurídica, se quedaba con una parte de la coima pagada por Odebrecht. “De ese dinero pagué muchas cosas y le di al senador Antonio Guerra $200.000.000 y le regalé al señor Luis Miguel Pico $50 millones. Yo le dije al senador Antonio Guerra que eso era una vuelta para la firma Odebrecht, que tenía un amigo que estaba representando eso en lobby y que (….) yo le ayudaba a él con algo”.
En 2012, Luis Miguel Pico ejercía como asesor del Ministerio de Industria y Comercio. Desde que su nombre resultó salpicado en el escándalo de Odebrecht, año 2017, insistió con vehemencia en su inocencia frente a este episodio de corrupción. El 21 de mayo de 2019, sin embargo, en una audiencia que se realizó sin mucho bombo, reconoció ante un juez el delito de cohecho. Es decir, que había recibido sobornos de Odebrecht para, específicamente, presionar a que se firmara el contrato de estabilidad jurídica. Él dijo que recibió $12 millones, pero el exsenador Elías dijo que a Pico le entregaron $100 millones.
Guerra de la Espriella, sin embargo, insiste en su inocencia. A la justicia le ha manifestado que no hay ningún soporte de que esos $200 millones hayan ingresado a su cuenta entre febrero y marzo de 2013, como se ha dicho. Asimismo, ha argumentado que el excongresista Ñoño Elías declaró en su contra solo para buscar beneficios judiciales. El exsenador de Cambio Radical reitera que no participó en el esquema de sobornos de Odebrecht, que en Colombia llegó a inyectar unos $100.000 millones, según la Fiscalía. Por eso, en lugar de aceptar cargos, el excongresista optó por irse a juicio.
De acuerdo con algunos de los procesados por la firma del contrato de estabilidad jurídica, para conseguir su celebración Odebrecht pagó unos $4.000 en sobornos. De parte de la concesionaria Ruta del Sol, el asesor legal fue Néstor Humberto Martínez, quien, cuatro años después de que se celebrara el contrato, se posesionó como fiscal general. Fue durante su administración que estalló el escándalo Odebrecht en el mundo, con base en revelaciones de la justicia de Estados Unidos, y su cercanía con la problemática llevó a que la Corte Suprema apartara a Martínez de varios de los expedientes de Odebrecht.