Por caso Urabá, JEP cita al general (r) Rito Alejo del Río para versión voluntaria

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En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) existen tres macrocasos que buscan abordar los que fueron puntos neurálgicos del conflicto armado. Urabá, el Caso 04, es probablemente el más complejo de esos tres. La JEP espera que el alto oficial (r) pueda aportar en la construcción de verdad de este episodio de la guerra.

En los últimos días de septiembre de 2017, el general (r) Rito Alejo volvió a ser hombre libre. Llevaba entonces nueve años detenido en una guarnición militar, desde que la Fiscalía comenzó a investigarlo formalmente por la muerte del campesino y líder chocoano Marino López Mena. La víctima fue ejecutada por grupos paramilitares el 27 de febrero de 1997 en Bijao, en el Atrato chocoano, y la Fiscalía llevó a juicio al alto oficial en retiro por considerar que no hizo lo que debía hacer en su posición de garante, pues, para ese momento, Del Río era el comandante de la Brigada 17 del Ejército y responsable del orden público en zonas como el Urabá y Chocó.

Del Río, que es conocido como el “Pacificador de Urabá” por su guerra sin tregua con la guerrilla en esa región que, durante años, se vio arrinconada por la violencia especialmente de las Farc. Durante años, organizaciones de derechos humanos han denunciado que Del Río se convirtió en un aliado de los paramilitares, lo cual él niega. Al acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, Del Río aceptó acudir cada que sea llamado por cualquiera de los organismos que conforman el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición. Y, por esa vía, ya tiene una cita el próximo 11 de diciembre a las 8 a.m. para hablar de lo que conoció sobre el conflicto en su paso por el Urabá, de acuerdo con un documento conocido por El Espectador.

Desde que quedó en libertad, Del Río, quien nunca ha aceptado delito alguno, ha dejado claro que no admitirá responsabilidad de nada. No obstante, al menos en el papel, el compromiso para obtener ese tipo de beneficios penales es aportar la verdad para las víctimas. Y la magistrada Nadiezhda Henríquez, relatora de la “Situación Territorial de Urabá Caso No. 04”, determinó que su testimonio podría ser válido para este complejo asunto, que busca investigar “los hechos constitutivos de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la región de Urabá entre el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016”. (Reabren investigación al general Rito Alejo del Río por crimen de Gómez Hurtado)

Esta no es la primera vez que la magistrada Henríquez, quien tiene a su cargo el Caso 04 desde el 11 de septiembre de 2018, convoca al general (r) Del Río para diligencia de versión voluntaria. Lo hizo por primera vez el 29 de octubre de 2019, pero la diligencia fue suspendida, según documentos que reposan en la JEP, por razones de orden público, y reprogramada para el 20 y 21 de abril de este año. En esa oportunidad, la pandemia por el COVID-19 -que ha causado en Colombia más de 30.000 muertes y contando- y el aislamiento obligatorio que decretó el presidente Iván Duque desde finales de marzo fue el motivo para que la diligencia no pudiera realizarse.

Así va el Caso 04: ″Hasta la fecha, se ha vinculado a 249 personas en servicio activo, retirados y separados de la fuerza pública (ejército nacional), exmiembros de FARC-EP y terceros civiles, mencionadas en la Situación territorial de la región de Urabá y ha corrido traslado de los informes que las comprometen con la Situación, poniendo a su disposición el expediente". Se han realizado cinco diligencias colectivas de construcción de verdad enfocadas en la primera década del conflicto armado en Urabá, se han expedido 193 autos solicitando información, se han inspeccionado no menos de 284 expedientes judiciales, se han anexado 30 informes de organizaciones de víctimas o de derechos humanos y se han desarrollado 45 versiones voluntarias. (Fiscalía citó a versión libre al general (r) Rito Alejo del Río por crimen de Jaime Garzón)

Entre las víctimas acreditadas del Caso 04 figuran 37 integrantes de La Chinita, el que comenzó siendo un barrio de invasión en Apartadó (Urabá antioqueño) y hoy se llama barrio Obrero, donde llegó el Comando 5 de las Farc el 23 de enero de 1993 a acribillar a 35 personas, entre ellas una mujer que no quiso separarse de su esposo. Las víctimas de las Farc, que llevaban lista en mano para cometer el crimen, eran desmovilizados del Epl, que habían pasado a hacer parte del movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Con la masacre de La Chinita, las Farc comenzaron una intensa persecución contra esos exguerrilleros, a quienes consideraban traidores de la causa revolucionaria. (Las Farc piden perdón por la masacre de La Chinita)

“Desde el 13 de agosto de 2020 se están recibiendo diligencias testimoniales e indagando por testigos potenciales para robustecer su acervo probatorio. Estos y otros elementos de convicción que reposan en el expediente, llevan a tener que decidir sobre versiones voluntarias útiles, necesarias y pertinentes en este periodo”, explicó la magistrada en el auto en que ordenó la versión del general (r) Del Río. Este, a su vez, hizo un par de apariciones públicas el año pasado criticando hasta al expresidente Uribe, quien en 1999 organizó un evento de “desagravio” para Del Río cuando el gobierno Pastrana ordenó su salida del Ejército. Dada su relevancia en inteligencia militar, su retiro fue un golpe al orgullo de la entidad castrense.

“Se ha valorado la utilidad, necesidad y conducencia de la programación de nueva fecha en el futuro próximo para la diligencia de versión voluntaria del compareciente Rito Alejo del Río Rojas (...) y encuentra que su relato acerca de su papel dentro del comando de la Brigada 17 desde diciembre de 1995 y hasta diciembre de 1997 puede ser de utilidad para robustecer los hallazgos de la Sala de Reconocimiento durante este periodo, en el marco de la investigación de la Situación territorial de Urabá”. Esa, según la magistrada Henríquez, es la principal razón para convocar a Del Río, quien ya en ocasiones anteriores ha mostrado desinterés de cooperar con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. (Las advertencias del Ejército para que Uribe no promocionara las Convivir)

“Ustedes tergiversan todo, entonces va a ser muy difícil ir allá". Según contó el propio Del Río ante miembros del grupo Reserva Fuerzas Armadas y Sociedad Colombiana, en un evento de 2019, así le contestó él al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, cuando este lo invitó a que hablara ante esa entidad. "Padre, con todo el respeto, a nosotros nos hacen las leyes, nos dan la orden de que las cumplamos, nos dan plazo pa cumplirlas, y después que las cumplimos nos dicen que somos delincuentes. Pues entonces los delincuentes son los congresistas y los presidentes, que todos han estado involucrados”, agregó Del Río en ese momento.

El general retirado, además, no va a recibir preguntas solo sobre Urabá. “Este despacho entiende que los hechos que conoce este compareciente pueden ser de interés para el Caso No. 06 (Victimización de miembros de la Unión Patriótica) y que toda vez que los casos priorizados pertenecen a la Sala de Reconocimiento como un todo, es deber de los magistrados relatores contribuir a generar procesos de armonización y trabajo colaborativo en el mejor interés de la justicia", anotó la magistrada Henríquez. Por ese motivo, en el auto dejó claro también que a la diligencia está invitado Gustavo Salazar, magistrado co-relator en movilidad del Caso 06, quien podrá hacerle preguntas al general (r) una vez haya terminado de hablar de Urabá.

En 2018, la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento a Del Río por la masacre de Mapiripán, cometida en en 1997 por paramilitares que viajaron a ese remoto municipio del Meta desde el Urabá. Hay por lo menos tres testimonios de exjefes paramilitares (alias H.H., Elkin Casarrubia y Raúl Hasbún) que han asegurado que Del Río era un aliado de los hermanos Castaño y que cumplió un papel esencial para que las autodefensas pudieran viajar en avioneta desde el Urabá hasta San José del Guaviare. Hay dos oficiales (r) condenados por estos hechos: el general (r) Jaime Uscátegui, hoy libre también por acogerse a la JEP, y el coronel (r) Hernán Orozco, quien consiguió asilo en Estados Unidos. ¿Cooperará Del Río con la JEP? Está por verse. (Las pruebas de la Fiscalía en contra de Rito Alejo del Río por la masacre de Mapiripán)

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